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La ‘contrarreforma’ laboral

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Reforma laboral

El Gobierno ha negociado con los sindicatos una contrarreforma laboral que reconozca la normalidad actual, después de una profunda crisis que obligó a recortar muy significativamente los derechos laborales de los trabajadores de este país antes de la recesión de la que aún no hemos conseguido salir del todo. Con independencia de coloridos políticos, es lógico que, una vez remontada en términos macroeconómicos la situación de excepcionalidad, se restablezca el anterior statu quo, que no fue recortado mediante el diálogo social (hubiera sido obviamente imposible conseguir la aquiescencia de los sindicatos a aquellas graves medidas) sino a través de reformas legislativas radicales, que hubo que aceptar para que nuestros acreedores no apretaran aún más las tuercas del país.

De hecho, los recortes de derechos laborales empezaron a asediar a la sociedad en 2008, cuando Zapatero pidió a los agentes sociales un pacto sobre la flexibilización del mercado laboral, tendente a paliar el incremento desaforado del desempleo y a posibilitar el salvamento de empresas en crecientes dificultades. No fue posible, de modo que en junio de 2010 el Ejecutivo dictó un decreto-ley que pivotaba sobre tres ejes: reducción de la indemnización por despido improcedente en las contrataciones fijas a 33 días por año trabajado, en vez de los 45 días establecidos en el Estatuto de los Trabajadores de 1980; reconocimiento de la entrada en pérdida o de las situaciones de crisis de las empresas como causa objetiva de despido procedente, y posibilidad de que empresarios y trabajadores pactasen la no vinculación al convenio laboral vigente en determinados supuestos críticos para la empresa, con el objetivo de reducir costes.

En febrero de 2012, Rajoy, que solo llevaba un mes en Moncloa, lanzó por decreto ley otra reforma laboral mucho más estricta, después de que tampoco en esta ocasión los agentes sociales fueran capaces de pactar otro severo recorte de derechos laborales. Aquella reforma representaba una desregulación muy relevante de las relaciones laborales, y daba preferencia a los convenios de empresas o grupos de empresas sobre los sectoriales, estatales, autonómicos o de ámbito inferior. También desaparecía la ultraactividad —la vigencia del convenio tras caducar—, con lo que en la práctica terminaban prevaleciendo las condiciones marcadas por los empleadores.

Habría que ver si estas reformas han aliviado realmente la crisis y acelerado la recuperación. Parte de la sociedad, no sin motivos, considera que los efectos económicos positivos han sido escasos y que, en cambio, han perjudicado seriamente a los trabajadores, quienes se han visto abocados a aceptar salarios cada vez más bajos. De lo que pocos dudan es de que las reformas han debilitado sobremanera a los sindicatos y de que la recuperación obliga a restablecer los equilibrios perdidos dentro del sistema de organización laboral.

El preacuerdo entre Gobierno y sindicatos  —que ha molestado a Garamendi, el nuevo presidente de la patronal—, que se convertirá en norma, contempla cinco puntos poco discutibles porque restauran la situación anterior. Son la recuperación de la ultraactividad; la obligación generalizada de mantener un registro horario para controlar las horas extra y combatir así la temporalidad y la parcialidad fraudulentas; la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa; el establecimiento de límites a la subcontratación para evitar los abusos que se vienen cometiendo; y la generalización del subsidio de 430 euros a los parados de más de 52 años (Rajoy elevó la edad a los 55).

Difícilmente se podrá decir que la reforma en ciernes es revolucionaria. Apenas se pretende llenar de contenido el derecho a la negociación colectiva, que es uno de los esenciales del sistema constitucional y que se había desvanecido. Y este debería ser el primer paso de la recuperación de las clases medias en este país, después de la laminación que han padecido a causa de la crisis, que ha generado una penosa proletarización de los asalariados. Ya es hora de que la racionalidad económica deje de ser un mal pretexto para justificar la reducción insoportable del bienestar de los ciudadanos.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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