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Urgencia de un pacto educativo

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Pacto educativo

La elaboración de la Constitución fue relativamente fácil gracias a la disposición generosa de todos los actores, premeditada durante décadas. Había cundido la conciencia colectiva de que sólo la reconciliación, que el PCE ya predicaba en los años sesenta, y un consenso conseguido mediante cesiones de todas las partes, evitaría una nueva guerra civil. Aquel acicate hizo posibles unas renuncias por parte de todos que hoy parecen difíciles de entender. Sin embargo, tras la Constitución, no ha sido fácil conseguir acuerdos en este país, donde ha prevalecido en la política una arrogancia poco pactista y nada condescendiente. La incapacidad de acuerdo se ha hecho patente en algunos asuntos relevantes, en los que ha sido muy difícil el desarrollo pacífico de las grandes pautas constitucionales. El del modelo educativo en primer lugar.

El 6 de mayo de 2010, Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular desde junio de 2008, fecha en que Rajoy había llevado a cabo una reforma a fondo del partido, anunciaba que su organización cerraba definitivamente la puerta a la posibilidad de un pacto educativo con el PSOE que había propuesto el gobierno de Rodríguez Zapatero a través de su ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Este se dedicó durante muchos meses a negociar con todos los actores concernidos una ley básica de educación que pusiera definitivamente fin al constante cambio de modelo educativo que se producía a cada alternancia. Habló incansablemente con las formaciones políticas, con las asociaciones de docentes y de padres, con todos los pedagogos de referencia de este país, y ponderó los modelos europeos más exitosos, hasta conseguir una propuesta irrechazable. Si embargo, el PP, aun reconociendo una gran proximidad al último borrador, no creyó conveniente firmar un acuerdo de tanta importancia con el PSOE cuando el gobierno socialista se desangraba por la crisis económica y el PP se disponía a tomar el relevo tras unas elecciones que habrían de adelantarse por la mala situación general.

Personalidades relevantes del PP reconocieron después en privado que aquella rupturista decisión estratégica, encaminada exclusivamente a colmar un objetivo electoral, frustró una magnífica oportunidad de haber resuelto uno de los problemas crónicos de ese país: la inexistencia de un pacto de Estado sobre educación que diese continuidad al esfuerzo y facilitase mayor eficiencia al sistema, ya que de ello depende la productividad del país. Es un escándalo que en los cuarenta años de democracia haya habido siete leyes reguladoras de las enseñanzas básicas.

Lo más grave de este disenso sistémico es que no proviene de una disputa técnica sino ideológica. No es que los políticos no sean capaces de encontrar el mejor método de reducir el fracaso escolar (España se mantuvo en 2017 como el segundo país de la Unión Europea con mayor abandono escolar, con una tasa del 18,3% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado de forma prematura los estudios, según Eurostat): la discrepancia es ideológica y arcaica: versa sobre asuntos marginales como la enseñanza de las lenguas en los territorios bilingües, sobre la existencia y la evaluabilidad de la asignatura de religión, sobre la implantación o no de una asignatura cívica como en la mayor parte de los países europeos y como recomiendan las instituciones comunitarias, en el alcance del concierto con los centros privados en un contexto de recursos escasos, etc.

Tras el fracaso de Ángel Gabilondo, que ofrecía sacrificar la LOE de 2006 (la ley educativa de Zapatero, también obtenida sin consenso), Wert sacaba adelante en 2013 su propia ley, la LOMCE, que invertía los postulados progresistas de la anterior e imponía otros fuertemente conservadores. Se le podrá (y quizá deberá) criticar, pero la metodología utilizada por Wert fue la misma que la que usaron sus predecesores. Los grupos parlamentarios de oposición política (salvo UPyD, UPN y Foro Asturiano) firmaron entonces un documento que les comprometía a derogar la LOMCE en la siguiente legislatura. El sectarismo ha sido la norma, que ha generado una gran incapacidad para negociar y pactar en esta y en otras materias. Incapacidad que, al ser sustituido el bipartidismo imperfecto por el actual modelo pluripartidista, ha derivado en ingobernabilidad.

Parte de la LOMCE ha sido desactivada por la oposición en cuanto el PP ha gobernado en minoría. De las cuatro medidas más polémicas de la LOMCE —explicaba María Jesús Ibáñez hace algún tiempo en El Periódico en una síntesis muy bien elaborada— tres ni siquiera han llegado prácticamente a aplicarse. La más controvertida, las reválidas que debían superar los estudiantes al final de primaria, de la ESO y de bachillerato para obtener el título, “son hoy poco más que unas pruebas de competencias básicas, a las que no están siquiera obligados a presentarse todos los alumnos y que no condicionan en absoluto su futuro académico”. Con la eliminación de las reválidas, que habían existido en buena parte de la etapa franquista pero desaparecieron en los setenta, también decayó la confección de clasificaciones o rankings de escuelas.

La segunda medida, el establecimiento de itinerarios a partir de los 16 años, edad a la que corresponde el cuarto de la ESO, era la más clasista e insolidaria, puesto que desviaba a esa edad a los peores estudiantes hacia la Formación Profesional, sin posibilidad de una reconsideración posterior. En la practica, todas las comunidades establecieron procedimientos para que no hubiera segregación tan temprana hacia la FP o el bachillerato.

La tercera medida, la obligación de que el castellano fuese lengua vehicular a demanda de los alumnos en aquellas autonomías en las que no lo era (la medida estaba dirigida obviamente a Cataluña), ha sido desmontada por el Tribunal Constitucional, que ha desautorizado el cheque de 6.000 euros con el que Wert pretendía pagar la matrícula a los alumnos que quisieran escolarizarse en castellano.

La cuarta medida sobrevive todavía y hace referencia a la asignatura de Religión que es “de oferta obligatoria y evaluable”. Es decir, no sólo todas las escuelas tienen que contratar profesores, preseleccionados por la Conferencia Episcopal, sino que la calificación que obtenga el alumno en esa asignatura cuenta para calcular su media académica, e influye por tanto en la posibilidad o no de obtener una beca. El dislate de tal planteamiento en una democracia laica no requiere comentario alguno

Aunque la ley Wert ha sido como se ve desactivada, sigue existiendo una clara necesidad de una norma bien estructurada, coherente con el resto del ordenamiento, con la voluntad de una clara mayoría parlamentaria y con la opinión de la comunidad escolar. Y para llenar ese vacío, el actual gobierno socialista ha presentado sin encomendarse a nadie un documento titulado Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación, en la que, junto a iniciativas que parecen fáciles de acordar, hay otras claramente polémicas que han desatado ya fuerte contestación.

La opción sugerida por el gobierno de Pedro Sánchez, que está bien sistematizada y que contiene aciertos indudables y que podrían servir de base a una negociación, está formulada en siete bloques de medidas. Uno primero es “Sobre equidad e inclusión educativa”, contiene doce propuestas, descarta itinerarios tempranos, abona la coeducación, establece medidas contra la repetición de curso, etc. El segundo bloque versa “Sobre las enseñanzas y su ordenación”, con trece propuestas. El tercero es “Sobre la enseñanza de la religión confesional”, con cuatro medidas; la asignatura es optativa sin que exista materia alternativa y deja de ser evaluable. El cuarto es “Sobre evaluaciones del alumnado y del sistema educativo”, con siete propuestas. El quinto se refiere a la “Participación institucional y social de la comunidad educativa y autonomía y gobierno de centros”, con diez propuestas. El sexto es “Sobre centros: admisión, especialización y programación general de la enseñanza (conciertos)”, con seis propuestas. Y el séptimo es “Sobre sistema educativo y modelo territorial”, con seis propuestas.

Si lo que pretende el Gobierno es sacar adelante una probablemente efímera ley educativa sesgada hacia la izquierda, quizá lo consiga aunque sólo disponga de 84 diputados. Pero si pretende generar un consenso para intentar un verdadero pacto de Estado, deberá considerar este documento un simple punto de partida con el que el empezar a hablar con todos los interlocutores.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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