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Por Alberto Ruiz Ojeda Catedrático de Derecho Administrativo Socio de Cremades&Calvo-Sotelo, Abogados Nos hemos acostumbrado a ver desfilar por los juzgados y sus aledaños (establecimientos penitenciarios incluidos), presencial o virtualmente, por diversos títulos y motivaciones, a todos los vivientes del estamento bancario (empleados, directivos, ejecutivos y consejeros, reguladores y regulados). En la España de hoy, los bancos tienen nombre de pleito. Todo abogado sabe bien que la gente no litiga si no tiene motivaciones serias y hete aquí que mucha gente ha hecho semejante cosa contra bancos, bancarios y banqueros y parece que todavía estamos lejos de terminar. La litigación con componente bancario que nos ha tocado va camino de agotar los tipos penales no sangrientos, así como la larga lista de vulneraciones legales y contractuales de toda clase, civiles, mercantiles, regulatorias. La generación presente no podrá ya disociar la banca de la patología social, legal y económica, en definitiva, del conflicto; de ahí que no sea extraño que los bancos sean considerados un factor patógeno por sí mismos, llamados a desaparecer o, al menos, a ser pocos y holgazanes desde el punto de vista de la adición de valor. En este contexto, los procesos de fusión de entidades alentados por la tecnocracia reguladora tendrían dos características destacadas: drástica reducción de estructuras y de operadores y falta de sentido comercial y de modelo de negocio. El resultado serán criaturas de laboratorio, hibridaciones de ingeniería financiera diseñadas para gestionar un producto al que los mismos ingenieros imponen un precio negativo, el dinero. El surrealismo ibérico exige este tipo de desempeños y todo hace pensar que, en esta ocasión, estaremos a la altura. La proyectada fusión de CaixaBank y Bankia será también una fusión de pleitos que, aunque discurran por procedimientos independientes, visualizaremos de manera unitaria. Pero también va a permitir una evaluación de conjunto del resultado final de las dos principales operaciones de bancarización de cajas, una voluntaria o, al menos formalmente, auto-decidida (CaixaBank) y otra regulatoriamente forzada y pilotada (Bankia). Es casi esperpéntico que la entidad resultante de la fusión sea el producto de un movimiento centrípeto de unificación de antiguas taifas bancarias autonómicas en nuestro futuro campeón nacional del sector, bien que a costa de una dilución irreversible de la participación del Estado, para quien la recuperación de las ayudas concedidas a Bankia ha pasado a ser algo así como la historia del oro de Moscú. En lo que respecta a la fusión de pleitos penales –enseguida vamos con la de entidades–, el de Bankia ha terminado su primera instancia en la AN, como es sabido, con la absolución de todos los incausados sobre la base de un argumento principal que canoniza la teoría de la negligencia concertada: a qué viene exigir responsabilidades a los fautores de una operación que contó con las bendiciones de todas las instancias de supervisión. Si le preguntamos a la misma AN, ahora a su Sala de lo Contencioso-Administrativo, qué sucede con la posible responsabilidad de las entidades reguladoras, concretamente del BdE y la CNMV, en la salida a Bolsa de Bankia, que fue exigida por un buen grupo de suscriptores de acciones, la respuesta es que eso son cosas del mercado y de los riesgos que deben asumir quienes operan como inversores. Quédense con esta apelación al normal funcionamiento de los mercados porque volveremos sobre ella. En el caso Bankia, deberemos esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo en sede casacional. CaixaBank, por su parte, no ha hecho más que empezar como criatura jurídico-penal pero promete, y mucho. La decisión del Juzgado de Instrucción nº 5 de la AN de citar a declarar como investigados a sus principales directivos es consecuencia de la querella presentada por accionistas minoritarios del Banco Portugués de Investimento (BPI) por la operación de toma de control de CaixaBank sobre dicho Banco en 2015-16, cruzada con un préstamo de CaixaBank a la República de Angola, por importe de 400 millones de euros, supuestamente dirigido a facilitar el levantamiento de obstáculos a la operación por la familia Dos Santos, la del entonces Presidente de Angola y accionista de referencia de BPI. No es difícil identificar un rasgo común en ambos casos: el maltrato a los accionistas minoritarios en beneficio de los dominantes, presentes o futuros. Bankia lo hizo de nuevas, en unidad de acto y para lucro de BFA (la fantasmagórica matriz y banco malo de Bankia) y correlativo perjuicio de los suscriptores de la salida a Bolsa. Pero, en el caso de CaixaBank, si la información disponible resultara confirmada, se hizo por fases y en diferentes escenarios. Concretamente, la operación de BPI vino precedida de otra de toma de control por Criteria (la matriz de CaixaBank) sobre el Bank of East Asia (BEA) mediante una transferencia de las acciones de BEA adquiridas por CaixaBank sin que se contemplase pago de prima de control alguna por parte de Criteria, lo cual habría permitido que dicha prima fuese disfrutada en exclusiva por el accionista mayoritario de CaixaBank. Los accionistas minoritarios de entidades cotizadas solo oyen hablar del funcionamiento normal de los mercados cuando les toca soportar padecimientos. Pero los mismos apelantes al mercado no mencionan que el orden institucional y legal del mercado debe proteger a los minoritarios, precisamente para que los mercados funcionen correctamente. Esa sesgada apelación al mercado es una parte muy reconocible del discurso de preservación del mercado a través de la destrucción de sus mismos fundamentos. Los partidos de fútbol no se ganan sin bajarse del autobús y, cuando la cosa está apretada, hay prórroga y penaltis. En la vertiente de la fusión bancaria, el proyecto debe ser aprobado por las Juntas Generales de Accionistas de ambas Entidades, lo cual es más que probable, tanto como que los minoritarios planteen ciertas reivindicaciones, especialmente en lo que concierne a la ecuación de canje que, de no ser satisfechas en sede societaria, resulten reconducidas hacia la vía judicial. Son tiempos de mudanza para todos. El régimen de cooptación (“empezó de botones y terminó de presidente”, se oye decir) de la industria bancaria, que deja a la altura de la suela del zapato a la proclamada endogamia de las posiciones académicas, no puede prevalecer sin grave detrimento de nuestras libertades y del bienestar social. Necesitamos líderes bancarios capaces de aceptar el involvement de los accionistas minoritarios, de incentivar su lealtad y, para eso, tienen que retirar la pancarta de “Bienvenidos a mi cortijo” y comprender que el accionariado de las entidades y no el compincheo plutocrático confiere a los banqueros un legítimo respaldo.

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