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Ayudar al Rey

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El asunto es ciertamente embarazoso pero no beneficia a nadie orillarlo o alojarlo en el desván de los tabúes inútiles. Según la información obtenida de los Papeles de Panamá, doña Pilar de Borbón y Borbón, hermana mayor del Rey Juan Carlos, ha estado al frente de una sociedad offshore radicada en Panamá registrada como “Delantera Financiera” desde agosto de 1974, cuando don Juan Carlos asumió por primera vez la jefatura del Estado español durante el primer brote de la enfermedad que llevaría a Francisco Franco a la tumba, y hasta cindo días después de la proclamación del Rey Felipe VI, tras la abdicación de su progenitor.

Ante este hecho sorprendente, llamativo y delicado, la Casa del Rey ha emitido un comunicado en el que se desentiende del caso porque “la Infanta Pilar no es miembro de la Familia Real, ni siquiera de la familia directa del Rey”. Según el nuevo argumentario de Zarzuela, al menos tan subjetivo como el anterior, la Familia Real está constituida exclusivamente por el monarca, su esposa Doña Letizia, sus hijas -la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y sus padres, los Reyes Juan Carlos y Sofía. Es una estrategia legítima para sortear las tormentas del ‘caso Udangarin’. Con todo, es innegable que doña Pilar, apartada de la línea sucesoria por su matrimonio con un plebeyo, duquesa de Badajoz por decreto de 1967, infanta de España por decreto de 1985 –tiene por tanto el tratamiento de Alteza Real-, no es un ente extraño a la Corona, por lo que esta queda afectada seriamente por el descubrimiento de la sociedad opaca en un paraíso fiscal, de la que se hace cargo la hermana del monarca horas antes de que el Rey asuma el trono y abandona horas después de que lo trasmita a su sucesor. Estamos hablando de política, naturalmente.

La cuestión no es banal, como lo prueba el hecho de que el primer ministro de Islandia, un país europeo, haya dimitido 45 horas después de conocerse un escándalo semejante. O como lo demuestra la evidencia de que en el conjunto de nombres que se han divulgado en el caso de los Papeles de Panamá haya muchos facinerosos en los que es difícil encontrarse en grata compañía.

El Rey Felipe VI no está teniendo fácil su desembarco en una institución que llegó muy quebrantada a la abdicación de don Juan Carlos, quien en la última etapa de su reinado cometió errores que han cuestionado toda su ejecutoria. En los veintiún meses de ejercicio del cargo del nuevo Rey, al que accedió en medio de una gravísima crisis económica, se ha encontrado con el periodo de mayor inestabilidad política de toda la etapa democrática, y con un régimen debilitado por una corrupción rampante a la que no ha sido ajena su propia familia. El nuevo Rey ha implantado normas de austeridad modélicas, ha desempeñado sus funciones con una ejemplaridad impecable, ha emprendido una campaña de transparencia y claridad que ya rinde frutos y ha revertido ostensiblemente la caída del aprecio que merecía la Corona. Hoy, la institución monárquica, aunque no ha recuperado el grado de adhesión que tuvo en otro tiempo, ha dejado de ser un problema y goza del afecto de muchos y del respeto de casi todos.

Pero no sería bueno para la institución que se abriera un reducto de secretismo inaccesible relacionado con la biografía de don Juan Carlos, que mantiene zonas de sombras que es preciso aclarar. En la Europa actual, en que el patrimonio de la familia real británica está tasado hasta las más ínfimas pertenencias de sus miembros, no cabe una monarquía en cuyas circunvalaciones haya sociedades offshore en paraísos fiscales.

Evidentemente, el Rey Felipe VI, que es un factor de estabilidad para este país y que se ha comportado hasta ahora con una ejemplaridad intachable, no puede ordenar una investigación sobre el patrimonio de su tía carnal ni es el agente indicado para sugerir a su entorno familiar la necesidad de unas aclaraciones patrimoniales semejantes a las que ha de efectuar cualquier ciudadano que se disponga, por ejemplo, a asumir un cartera ministerial. En este caso concreto, ha de ser doña Pilar de Borbón quien salga a defender la institución de la que también emana por el procedimiento inalienable de explicar lo ocurrido. Y el propio Rey Juan Carlos tendrá también, si es preciso, que informar de su relación cronológica con el caso, que apunta, qué duda cabe, otras relaciones más inquietantes.

Hacienda, como es natural, indagará este asunto, que podría tener ramificaciones escabrosas. Convendría, en fin, que quienes familiarmente tienen más obligación de defender al Rey se adelantaran a un proceso indagatorio que podría tener un efecto demoledor sobre el crédito de la institución.

 

Iberia Alexa
Antonio Papell
Director de Analytiks

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