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Cataluña: la desinflamación

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Bandera de Cataluña

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sorprendió a todos en el Congreso este miércoles durante la sesión de control al Gobierno al anunciar de pasada, en el curso de sus argumentaciones, que los indultos para los condenados en el juicio del ‘Procés’ comenzarán a tramitarse la próxima semana. También insistió Campo en que se están revisando desde hace tiempo las disposiciones vigentes del Código Penal para actualizar el tratamiento de los delitos de rebelión y sedición, que actualmente se rigen por criterios que tienen doscientos años. Es obvio que hoy no hay que prevenir la entrada del caballo de Pavía en el hemiciclo y sí, en cambio, otras amenazas a las libertades que el antiguo legislador no pudo prever.

El procedimiento gubernativo que va a iniciarse para estudiar la posibilidad del indulto de todos los condenados en el procés no ha sido promovido por instancia política alguna sino por la iniciativa privada de un conocido abogado catalán, Francesc Jufresa, quien presentó la primera de las peticiones de indulto para los 12 dirigentes independentistas condenados mediante un texto de cinco folios que entró en el registro de la División de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia el 24 de diciembre de 2019. Una vez planteada la cuestión, aunque sea por un tercero que no haya de acreditar interés alguno en la causa, el Ministerio de Justicia tiene la obligación de tramitarla, un procedimiento que dura como mínimo seis meses y que en este caso complejo puede durar todavía bastante más. Si no se procediera de este modo, dando curso tasado a la iniciativa de un ciudadano, se estaría prevaricando.

Posteriormente, han sido presentadas otras peticiones de indulto, que probablemente serán incorporadas al mismo expediente. A finales de agosto, el PSC, a través del diputado Jaume Asens, solicitaba la medida de gracia para los condenados por el 1-O y la reforma del Código Penal para tratar de desactivar el contencioso mediante gestos de buena voluntad. Además, en julio, la UGT, con el apoyo de líderes de CCOO y otros sindicatos, pidió el indulto para la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, condenada a 12 años de cárcel por sedición y malversación. En agosto, tres expresidentes del Parlamento catalán —Joan Rigol, Núria de Gispert y Ernest Benach— solicitaron el indulto para la también expresidenta Carme Forcadell, que cumple una pena de 11 años y medio por sedición. La Lliga Democràtica, una de las formaciones surgidas del estallido de CiU, también ha anunciado que pedirá la libertad de todos los políticos presos para contribuir a la “reconciliación entre catalanes”. Y como es lógico, la propuesta suena bien a Esquerra Republicana, socio de investidura de Sánchez, aunque este partido se refiere despectivamente a los indultos y seguirá prefiriendo la amnistía para los políticos catalanes encausados por los hechos de septiembre y octubre del 2017.

El trámite —lo ha advertido el ministro de Justicia— será largo, como lo es en todos los casos, porque ha de incorporar numerosos informes, como el del consejo de Estado y el del tribunal sentenciador. De cualquier modo, la decisión final, irrevocable, es del consejo de ministros. En nuestras democracias parlamentarias, la separación de poderes tiene esta excepción llamativa en que el criterio del Ejecutivo se impone a la decisión judicial.

Algunos, entre los independentistas y entre los constitucionalistas, han recordado que después de la intentona independentista de Companys el 6 de octubre de 1934, que causó víctimas y condujo a prisión al entonces presidente de la Generalitat y a sus cómplices más directos, Azaña firmó, tras la victoria del Frente Popular en 1936, un decreto de amnistía para todas aquellas personas. Si en 1931 Francesc Maciá proclamó La República Catalana como “Estat integrant de la Federació Ibèrica“, una especie de fórmula federal, generando un conflicto que pudo ser revertido rápidamente, en 1934​ Companys proclamó la República Catalana para desvincularse de la victoria de las derechas, que formaron gobierno con Lerroux al frente. El general Batet, gobernador militar de Barcelona y hombre muy moderado, trató sin lograrlo que los mossos d’esquadra se pusieran a sus órdenes. Batet, que sería después fusilado por Franco por desafecto, utilizó la fuerza con gran moderación, pese a lo cual el episodio se saldo con 46 muertos entre civiles y militares. Cualquier comparación entre aquellos hechos y el 1 de octubre debe tener en cuenta, junto a las evidentes similitudes, las muy obvias y claras diferencias que los distinguen entre sí.

En parte por esta causa —porque Companys y sus colaboradores fueron amnistiados—, los independentistas más conspicuos no desean hoy el indulto, que es una medida de gracia del Rey que no borra el delito sino que reduce la sanción, y aspiran a  la amnistía, que sí cancela los propios hechos que han dado lugar a la pena. La amnistía no está contemplada en la Constitución de 78, aunque sí el indulto, con la particularidad de que se prohíben los “indultos generales”, lo que lleva a una mayoría de expertos constitucionalistas a opinar que esta prohibición indica tácitamente que las amnistías, que implican concesiones más intensas que los indultos generales, están proscritas.

Lo que sí ha de tenerse en cuenta es que la historia no es estática, los valores y los principios evolucionan y es posible que hoy no se consideren punibles en el mismo grado ciertas acciones que antes lo fueron en determinada medida (Véase “La imposible amnistía” del penalista Enrique Gimbernat, de octubre de 2019). En el caso que nos ocupa, cualquier observador bien informado y ecuánime llegará a la conclusión de son gravemente desproporcionadas penas de doce años de prisión para delitos como los cometidos el 1-O de 2017 precedidos el mes anterior por la promulgación de unas leyes claramente ilegales, “golpistas”, en el Parlament de Cataluña. En consecuencia, tiene sentido, para fortalecer el imperio de la ley y reforzar el principio de legalidad, revisar técnicamente la ley penal, lo que seguramente facilitaría un reajuste a la baja de las penas impuestas en este caso. Hay que tener en cuenta que tanto el tribunal juzgador como otras instancias jurisdiccionales han reconocido que la tipificación penal de la rebelión y de la sedición en nuestro venerable Código Penal debería ajustarse a estos tiempos, a la vez que las penas se acomodan al verdadero reproche social en cada caso. Y si en el mundo judicial se perciben estas incertidumbres, no está mal que en las Cámaras se plantee la posibilidad de revisar lo obsoleto.

Todos estos movimientos, en apariencia razonables, han recibido exabruptos gravísimos de sectores conservadores, que aseguran que tanto la tramitación de los indultos como la revisión a fondo del Código Penal son gestos de claudicación ante el independentismo con objeto de conseguir sus votos en la elaboración de los presupuestos del Estado y en otros asuntos en que la precaria mayoría gubernamental pueda necesitarlos. Es evidente que todo tiene que ver con todo y que sería absurdo negar estas evidencias, pero sería absurdo obstinarse en el lado contrario, en la persistencia de la enemistad ad infinitum. El Estado no puede claudicar ante sus enemigos, pero siempre tendrá el deber de intentar convencer antes que reducirlo todo a hacer valer su imperium. En la Cataluña caldeada de hoy hace falta claramente una desinflamación para que pueda proseguir la conllevancia que ha funcionado durante cuatro décadas y que todavía mantienen el Estado y el País Vasco, sin ir más lejos.

Ni es lícito sino claramente inmoral ceder política y/o jurídicamente ante los soberanistas para obtener ventajas ni lo es tampoco encastillarse irreductiblemente para afianzar un discurso populista de rechazo y enemistad irreductibles. Habrá que buscar vías de confluencia que aplaquen los contenciosos, devuelvan la normalidad al país y permitan ganar tiempo durante un largo periodo de tiempo. Porque los ciclos del soberanismo son largos (véase Québec) pero no hay mal que cien años dure: la modernidad va en contra del particularismo, y a la larga se impondrá esta evidencia.

En definitiva, mejorar el estado de derecho y pacificar Cataluña no son agresiones al Estado sino apuestas de futuro. Deberían pensarlo mejor quienes  en este país se indignan demasiado pronto.

Iberia Navidad
Antonio Papell
Director de Analytiks

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