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Cataluña: transversalidad o bloqueo

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Cataluña diálogo soberanismo
Manifestación en cataluña

Las elecciones catalanas se han celebrado anticipadamente, antes de que cumpliera el cuatrienio (las anteriores tuvieron lugar el 21 de diciembre de 2017, convocadas por el entonces presidente Rajoy en aplicación del artículo 155 C.E.) porque con la correlación de fuerzas desprendida de la consulta era imposible gobernar. Desde octubre de 2017, fecha de la intentona independentista, Cataluña, que tras la huida de Puigdemont invistió presidente a su esbirro Quim Torra tras fracasar un primer intento de Jordi Turull, ha estado prácticamente sin gobierno. Mientras el pospujolismo se dividía irremediablemente (Puigdemont fortalecía JxCat, Mas mantenía el PDECat y un grupo capitaneado por Marta Pascal fundaba con escaso éxito el PNC a imagen y semejanza del PNV), las relaciones entre ERC, la posconvergencia y la CUP eran endiabladas, lo que dificultaba grandemente que salieran adelante las iniciativas (hasta septiembre de 2019, el Parlamento aprobó una sola ley; desde esa fecha al final del curso, en julio de 2020, se aprobaron 15); mientras tanto, Ciudadanos, que había ganado las elecciones, se entretenía en conspiraciones madrileñas y decaía con torpeza inaudita en su nacionalidad de origen hasta buscarse la propia ruina, seguramente irreversible.

En definitiva, es triste constatar, pocos días después de las elecciones del domingo, que los soberanistas, obstinados y radicalizados, están cerca de reproducir milimétricamente lo que ya ha fracasado. De hecho, el pacto entre todos ellos para aislar al PSC, que en esta ocasión refleja el término constitucionalista del centro izquierda que ha llevado al Principado hasta la prosperidad de que disfrutaba antes de la irrupción alocada del independentismo rampante, ya permitía presagiar que se produciría una suicida insistencia en el error: si ya se ha visto que ERC y JxCat, los nacionalismos más potentes, uno de izquierdas y otro de derechas (corruptas, por cierto), son incompatibles entre sí, y que la CUP no va a pactar jamás con JxCat, ¿adónde conduce el pacto excluyente que margina al PSC? Lo lógico es pensar que regresamos al boqueo, por lo que las elecciones habrían resultado inútiles en lo tocante a facilitar la gobernabilidad.

Si se aplica el sentido común a los resultados, que otorgan una relevante victoria al PSC y que han dejado en ridículo a la formación de Albert Rivera, parece claro que, ahora que se ha desvanecido el antinacionalismo primario —Ciudadanos— que obstaculizaba por el lado no soberanista cualquier transversalidad, la sociedad catalana insiste en la conveniencia de un pacto transversal para gestionar la evidente pluralidad catalana —con los matices que se quiera, la sociedad está fracturada en torno a un eje que separa al soberanismo del constitucionalismo—, en la que deberían de caber los dos hemisferios que configuran a partes prácticamente iguales la comunidad autónoma. La obstinada negativa de los republicanos a un pacto PSC-ERC, ambos socialdemócratas, terminaría siendo suicida y cerraría todas las puertas a un futuro razonable.

El elemento de incompatibilidad que dificulta las fórmulas transversales, que contradicen el pacto soberanista, es ficticio: es el cumplimiento o no de la legislación vigente, el acatamiento de un estado de derecho que Cataluña y los principales líderes catalanes del momento constituyente contribuyeron a forjar, con un consenso social abrumador. Miquel Roca, una de las personalidades más preclaras de la época, participó decisivamente en la hercúlea tarea de encajar las nacionalidades en el Estado, de redactar una Carta Magna cuasi federal que acogiera las singularidades de los territorios históricos, de hacer posible el “reinado” durante más de veinte años de Jordi Pujol, quien construyó –hay que reconocérselo- una Cataluña moderna y rica, bien encajada en un Estado con el que no hubo colisiones hasta que la clase política catalana se degradó, se corrompió y se enzarzó en  polémicas estériles. Tampoco Madrid ayudó en absoluto a evitar la crisis; más bien al contrario: la segunda legislatura de Aznar crispó los ánimos catalanes hasta extremos lamentables.

Por decirlo de otra forma, no debería ser imposible el entendimiento entre los constitucionalistas y los independentistas dispuestos a utilizar los cauces constitucionales para conseguir la independencia de Cataluña. Dentro de la ley, son perfectamente posibles las alianzas de esta naturaleza, que tendrían su parangón con otras semejantes ya existentes hasta ahora en el ámbito estatal. Una sociedad tan madura y adulta como la catalana no puede  negarse a sí misma renunciando a una democracia que ella ha creado y establecido, y optando en cambio por fórmulas abruptas y primarias de ruptura que generarían tiempos de insoportable inseguridad jurídica como los que arrancaron con las maniobras secesionistas de 2017.

ERC: ¿se puede conciliar el nacionalismo con la izquierda?

Como es bien conocido, Esquerra Republicana de Catalunya, con 596.000 votos y 33 escaños, consiguió imponerse a JxCat, la formación de Puigdemont que representaba la mayoría del pospujolismo, que obtuvo 562.000 votos y un escaño menos, 32, pero que hubiese adelantado a los republicanos si Artur Mas, harto de las excentricidades de Puigdemont, no se hubiera empeñado en comparecer también al frente del PDECat, que no obtuvo escaños y consumió 76.000 votos.

En realidad, el hecho de que ERC haya sobrepasado a JxCat tan sólo significa que, si todo sucede como está más o menos planeado, la presidencia de la Generalitat recaerá en Pere Aragonés y no en Laura Borrás, cuestión que no es en absoluto irrelevante. Porque aunque el soberanismo flamígero sea el distintivo de las tres formaciones de esta índole —la tercera es la CUP—, Puigdemont no es Junqueras, ni Convergencia, la madre del actual nacionalismo conservador, fue parangonable con Esquerra Republicana.

Las primeras reacciones de Junqueras tras el 14-F, en que el líder republicano quiso dejar muy claro que su filiación soberanista predominaría sobre la izquierdista, incluyeron críticas a la corrupción de los grandes partidos estatales, un argumento esgrimido para guardar distancias con ellos. La tesis es plausible, pero Junqueras no puede ignorar que también sirve para sus próximos compañeros de coalición: la familia Pujol, que acogió a Artur Mas como a un hijo hasta traspasarle la heredad política del patriarca, ha contaminado la memoria de Convergència, por muchos cambios de nombre que haya experimentado aquella formación que fue una extraña síntesis de nacionalismo romántico, beatería santurrona, socialdemocracia meliflua, capitalismo duro, comisionismo sin rubor, cohecho ocasional y clientelismo descarado.

Quiere decirse que las relaciones entre ERC y JxCat no han sido fáciles y nada indica que vayan a serlo en el futuro, aunque de momento se acceda a la euforia independentista para disimular los roces. La realidad es que las elecciones se han tenido que precipitar porque no ha habido forma de generar un mínimo consenso entre ERC, JxCat y la CUP a las órdenes del inepto Joaquim Torra. Y nada indica que vaya a ser fácil ahora conseguirlo al mando de Pere Aragonés, que no es precisamente un arrebatador líder carismático.

De entrada, es patente que Puigdemont tiene prisa en forzar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) porque su posición en el exterior quedaría en ridículo si el nacionalismo se pusiera a negociar y a pactar con el Estado. La situación del ‘exiliado’ es perversa porque si, como parece probable, se indulta a los implicados en el 1-O en cuanto haya mínimas garantías de que nadie abandonará la vía negociadora para echarse al monte, el desplazado a Waterloo quedará descolgado, solo e irrelevante en su mansión. Junqueras, por su parte, quien ya está cerca de poder regresar a la política real, meditará muy seriamente cualquier paso que pueda situarlo de nuevo en la ilegalidad, lo que no sólo le devolvería a una posición comprometida sino que le proporcionaría la definitiva enemistad de Europa.

En consecuencia, Junqueras mantendrá probablemente una actitud ambigua, de influencia en Madrid y de control en Cataluña, consciente de que no es cierto que el nacionalismo tenga asegurada la mayoría en un hipotético referéndum de autodeterminación: los nacionalistas han conseguido sobrepasar esta vez el 50% por la brutal caída de la participación, que ha sido mayor entre los no nacionalistas que entre los nacionalistas, estos muy movilizados y beligerantes en cualquier circunstancia, incluso en plena pandemia.

Todo esto significa que para Junqueras tan importante es gestionar Cataluña —que lleva dos lustros de verdadero abandono autonómico— como mantener con Madrid un diálogo productivo que le proporcione recursos y que le dé pie a intentar alguna reforma del sistema de organización territorial que aleje de nuevo el fantasma del referéndum de autodeterminación, al que España no puede acceder. Y quizá, para colmar este objetivo, Junqueras, ahora o a mitad de legislatura, se sienta más cómodo gobernando con Illa y con los comunes, que teniendo que pactar con el visionario Puigdemont y con los duros e intransigentes compañeros de la CUP.

La necesidad de un centro derecha

Un analista con buen criterio decía horas antes de que se abrieran las urnas que VOX ha utilizado cinco “mantras” para adueñarse del sector más conservador del electorado catalán: la inmigración, la islamización, la inseguridad, la reapertura total de la actividad económica y el fin del “despilfarro” en la Generalitat. Para envolver este mensaje, las huestes de Abascal y del irascible Espinosa de los Monteros adoptaron una actitud agresiva que los llevó a la confrontación con el soberanismo más radical, lo que terminó de cristalizar el apoyo de los más excéntricos y antinacionalistas por el lado de estribor, y a muchos conservadores españolistas que desertaron del precario PP, en horas muy bajas. La polarización generada por la sinrazón soberanista y por la energuménica extrema derecha ha potenciado a esta, a fuerza de arrancar jirones irracionales de la derecha más moderada.

En definitiva, Vox ha ganado con gran rotundidad al Partido Popular en Cataluña, lo cual a este cronista le parece una grave desgracia para este país porque siempre es una mala noticia que los radicales adelanten a los moderados de cualquier tendencia; una desgracia que resulta sin embargo remediable y que todos los constitucionalistas de este país debemos contribuir a enmendar.

Existe una familiaridad innegable entre el Vox español y el Frente Nacional francés de Jean Marie Le Pen (actualmente en manos de su hija y con un nuevo nombre: Ressemblement National, en un intento de edulcorar la radicalidad). Vox recoge a los herederos biológicos o intelectuales del franquismo, profundamente descontentos con el pluralismo democrático, que durante la Transición consiguieron ser engullidos por la potente personalidad de Fraga en una derecha dura pero amplia, que apenas dejó fuera a grupúsculos sin importancia (Fuerza Nueva de Blas Piñar, que sólo consiguió un escaño entre 1979 y 1982). En cambio, FN, hoy RN, es la consecuencia de la propia historia de Francia, invadida por los alemanes durante la segunda guerra mundial y afectada por la descolonización de Argelia entre 1954 y 1962, que tuvo como consecuencia el retorno a la metrópoli de más de un millón de colonos franceses y numerosos argelinos que emigraron por colaboracionistas o para buscar mayor prosperidad. Jean-Marie Le Pen fundó FN en1972, junto con el antiguo miembro de la OAS Jacques Bompart, el antiguo colaboracionista Roland Gaucher, el negacionista del Holocausto François Duprat así como otros nostálgicos del régimen de Vichy y católicos tradicionalistas. Le Pen se presentó a las elecciones presidenciales francesas de 1974, obteniendo un 0,74% de los votos en primera vuelta, pero en 2002 llegaba a la segunda vuelta de las presidenciales, que ganó el conservador Jacques Chirac con el 82,2% de los sufragios. En 2017, Marine Le Pen se enfrentó con Macron en la segunda vuelta de las presidenciales, gozando del apoyo más o menos explícito de Trump, y perdió aunque ya con un amenazador 33,9% de los sufragios.

La extrema derecha francesa ha conseguido por tanto acallar a la derecha tradicional, conservadora y democrática, y compite con un nuevo centro que en realidad se nutre del Partido Socialista y de las formaciones gaullistas y republicanas de centro-derecha, desaparecidas o languidecientes.

Nuestro sistema político ha funcionado durante casi cuatro décadas sobre un bipartidismo imperfecto, basado en la competencia entre un centro derecha —el PP— y un centro izquierda —el PSOE—. Ciudadanos fracasó estrepitosamente en 2919 en su atrabiliario y nunca bien explicado intento de sustituir la hegemonía del PP en el hemisferio de estribor, y ello le ha llevado a un declive imparable. Unidas Podemos tampoco ha logrado imponerse al PSOE y, en una decisión que detuvo momentáneamente una peligrosa decadencia, formó con los socialistas una coalición que de momento funciona razonablemente. El PP, por su parte, tiene ahora que resistir ante VOX, que intentará adueñarse de su espacio después de lo sucedido en Cataluña.

Es obvio que el futuro del PP ha de ser decidido por sus propios cuadros, con Casado a la cabeza, contando con la amplia clientela que posee; de momento, los gestos le traicionan: la venta de la sede de Génova no puede disimular la ausencia de un proyecto. A muchos nos parece absolutamente necesaria la supervivencia de un partido moderado de derechas capaz de alternarse pacíficamente con las izquierdas. Pero son los populares, con el pesado lastre de la historia sobre las espaldas, los que tienen que salir del atolladero de la corrupción esgrimiendo su rostro más democrático y liberal y no compitiendo en radicalidad con sus vecinos por estribor.

 

Antonio Papell
Director de Analytiks

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