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¿Con quién pactar los presupuestos del Estado?

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Formar gobierno Pedro Sánchez

El hecho de que haya en la actualidad cinco partidos estatales con representación parlamentaria, que tan difícil ha resultado de asimilar hasta que PSOE y UP decidieron formalizar una coalición después de tres años de insoportable inestabilidad, ha complicado la gobernabilidad hasta extremos inquietantes. Las elecciones del 10 de noviembre de 2019, cuartas en menos de cuatro años, desembocaron en la investidura de Pedro Sánchez, quien el 7 de enero, en segunda votación, consiguió ser investido con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, las de ERC y Bildu, evidentemente decisivas. Sánchez obtuvo el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV, BNG, Nueva Canarias, Más País, Compromís y Teruel Existe. Votaron negativamente PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, Coalición Canaria, PRC, CUP, Navarra Suma y Foro Asturias. Visiblemente, se había formado un bloque progresista, más o menos cohesionado, y otro conservador, situación que lógicamente pervive todavía.

Aquellas elecciones generales, segundas en 2019, registraron un cambio trascendental que sin duda ha marcado decisivamente los equilibrios de la política española: Ciudadanos, que en las elecciones de abril 2019 había conseguido su techo histórico de 57 diputados con la forzada estrategia de volcarse hacia la derecha con el ánimo de apoderarse en este hemisferio de la hegemonía que ostentaba hasta entonces y desde hacía décadas el Partido Popular, fracasó estrepitosamente y cayó de 57 diputados a 10. Posteriormente, Albert Rivera, puesto gravemente en evidencia, abandonaba  la formación y la política, y Arrimadas, su sucesora en el liderazgo, ha entendido atinadamente que Ciudadanos debía regresar al papel central que ocupaba cuando comenzó a triunfar primero en Cataluña y luego en el resto del Estado.

Ciudadanos está intelectualmente más cercano al PSOE que al PP, con lo que no ha hecho sino regresar al origen

Hoy, con toda evidencia, Ciudadanos está intelectualmente más cercano al PSOE que al PP, con lo que no ha hecho sino regresar al origen: no en vano tras las elecciones de 2015 Sánchez y Rivera intentaron gobernar juntos frente a Rajoy, y lo hubieran logrado si Pablo Iglesias no se hubiese negado frontalmente a la fórmula… que permitió a Rajoy seguir en el poder. En este punto empezó el declive de Iglesias, víctima de sus contradicciones: en aquel momento, su presencia y su actuación no sólo no favorecieron la emergencia de un gobierno de izquierdas sino que consolidaron decisivamente el afianzamiento de Rajoy, sobre cuya cabeza planeaban ya los episodios de corrupción que poco después tendría que pagar dramáticamente. Pese a ello, y ya muy debilitado numéricamente y en términos de prestigio, Iglesias consiguió llegar al poder estatal como socio menor de una coalición de gobierno con el PSOE, pero su fracaso en las elecciones autonómicas vascas y gallegas advierte del mal momento de Unidas Podemos, una exótica combinación de comunistas y populistas que han utilizado el engrudo del oportunismo para fundar una decadente izquierda alternativa de porvenir incierto.

El revolcón de Ciudadanos en noviembre de 2019, tras la descabellada pirueta de su líder que no midió la magnitud de su traición a sus propios orígenes, devolvió cierta simetría al abanico parlamentario, con dos formaciones a la derecha, dos a la izquierda y una bisagra que teóricamente completaría una mayoría de poder por babor o por estribor (El FPD, el partido de los liberales alemanes, ha gobernado tanto con el SPD como con la CDU/CSU). Con un problema serio: Ciudadanos, por definición centrista y moderado a caballo del liberalismo y de la socialdemocracia (así se definía antes del viraje de Rivera), que no ha mostrado incompatibilidad con VOX e incluso gobierna con los ultraderechistas, tiene serios problemas de compatibilidad con Unidas Podemos, la izquierda radical y populista.

Así las cosas, convendría que, tras un largo periodo de generalizada bisoñez en el desarrollo del nuevo y complejo multipartidismo, las posiciones fueran decantando y consolidándose. El PP, que no tuvo empacho alguno en pactar con la extrema derecha en los ámbito autonómico y municipal, se encontrará pronto con la negativa de Ciudadanos a seguir formando parte de este tripartito que merece la mayor repulsa en Europa (como es sabido, en Francia y en Alemania nadie pacta con la extrema derecha). Al propio tiempo, el reconocimiento de VOX por el PP ha supuesto la legalización y el reconocimiento pleno de los extremistas herederos del franquismo, que bien podrían acabar dominando el hemisferio derecho.

En el otro lado, Unidas Podemos está pugnando por conservar los apoyos de la investidura de Sánchez, que incluyen los de la fracción progresista del independentismo catalán. Pablo Iglesias teme que Ciudadanos lo suplante como báculo del PSOE, algo que no tiene forzosamente que ocurrir. Y exhibe su hostilidad hacia el C’s de Rivera, sin querer ver que aquella pirueta de Rivera es agua pasada y que Arrimadas ha aprendido la lección.

El pasado jueves, Torra aclaró un extremo relevante en todo este proceso: no convocará por ahora elecciones en Cataluña, como por otra parte, y al margen de las querellas internas en el seno del independentismo catalán, parece razonable: no se puede llevar a un pueblo a las urnas anticipadamente y por pura estrategia en momentos de grave emergencia como los actuales. Eso significa que Esquerra Republicana no estará sometida a la presión preelectoral que experimentaría si la posconvergencia se disputara con ella la Generalitat a corto plazo. El partido de Junqueras y Rufián puede, pues, subirse a la izquierda estatal sin problemas, lo que permite augurar que será ERC y no Ciudadanos la tercera fuerza que apoye los presupuestos.

Claro es que el PSOE no descartará hasta el último momento la posibilidad de que sea Ciudadanos el báculo de la ley presupuestaria. Es una jugada estratégica ante ERC, que limitará su posibilidad de obtener contrapartidas.

Lo relevante es que haya presupuestos, y cuanto antes, porque hay que organizar lo mejor posible la reconstrucción de este país tras la pandemia

¿A qué aplicar las ayudas? 

Una vez redactada la contabilidad nacional, habrá que planear la reconstrucción y que gestionar los 140.000 millones de euros que nos llegarón de la Unión Europa en 2021 y 2022.

La crisis de 2008-2014 fue doble en España, es decir, se manifestó en forma de los conocidos dientes de sierra: primero hubo una grave crisis financiera que nos generó la primera recesión, después hubo los inefables ‘brotes verdes’ de Elena Salgado —la sucesora de un Solbes impotente hasta de asumir su propia responsabilidad—, y luego recaímos en una segunda recesión debida a la crisis bancaria, que nos obligó a rescatar las cajas de ahorros, víctimas de la putrefacción política de aquellas instituciones públicas gobernadas con criterios clientelares.

La crisis suscitada por la pandemia fue considerada desde el primer momento como una crisis en V: su efecto económico predominante era el cese súbito de la actividad, tanto porque procedía confinar a la gente para que no se extendiese la pandemia en una contaminación comunitaria cuanto porque determinados negocios —los turísticos, en todas sus formas y derivadas— eran directamente incompatibles con la lucha contra la covid-19. Aquella simplicidad conceptual facilitó una respuesta asimismo lineal, que contrastaba con los errores cometidos en la primera década del milenio: el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Eurogrupo concluyeron rápidamente en que había que poner todos los medios y recursos necesarios para  reactivar cuanto antes la economía detenida por la pandemia, el miedo y  el confinamiento, de tal forma que el sistema quedase en una especie de hibernación, que cesaría en cuanto pasase la amenaza.

Fue entonces cuando el BCE amplió de forma prácticamente ilimitada sus planes expansivos, cuando Bruselas relajó la ley de estabilidad y crecimiento para a eliminar los límites al déficit de las economías nacionales… Y cuando la Comisión Europea decidió, por primera vez en su historia, movilizar un fondo de recuperación de 750.000 millones, avalados por el presupuesto comunitario, la mitad de los cuales a fondo perdido, para financiar la reconstrucción. Para entonces ya se había entendido perfectamente que aquella ingente aplicación de recursos y esfuerzos no debía servir exclusivamente para revertir la caída del PIB —que en el segundo trimestre del año ha sido del 4,5% en Finlandia al 18,5% de España—, sino también, y sobre todo, para garantizar, como escribía recientemente Guntram B. Wolf, director del think tank Bruegel, que el dinero que llegará a espuertas “fomente un crecimiento inclusivo y sostenible e impida la corrupción”. Quiere decirse, que, a través de la digitalización, la descarbonización y la formación, el tránsito desde la anterior normalidad a la pospandemia represente una modernización de nuestras economías, tanto en el sentido del incremento de productividad cuanto de la generación de empleo gracias a actividades de mayor valor añadido. Debería, en fin, conjugarse la recuperación con la renovación.

Esto no está claro en absoluto. Como dice Wolf, lo lógico sería que las necesidades perentorias —en sanidad, en políticas sociales, en estímulos— fueran a cargo de los presupuestos nacionales, en tanto “los fondos de la UE deberían formar parte de una estrategia a medio plazo centrada en el gasto cualitativo. Esto proporcionará algo de protección frente al daño permanente al potencial de crecimiento europeo que la covid seguramente dejará. Por consiguiente, los fondos deberían destinarse a unos objetivos de crecimiento a medio plazo y no a una política fiscal contracíclica”.

El riesgo de que se destinen recursos concebidos para la modernización a “tapar agujeros” crece con la evidencia de los rebrotes. Infortunadamente, ha fracasado el primer tramo de la lucha contra la pandemia, que consiguió anularla tras un duro confinamiento en los principales países europeos pero que ha regresado con fuerza, y aunque no tenga los efectos letales de antaño, sigue paralizando de facto la actividad. Frente a este recrudecimiento, que no cesará probablemente hasta que se consiga una vacuna eficaz —y nadie sabe cuando será eso—, el Eurogrupo se negaba el pasado viernes a poner límites temporales a los estímulos.

Es correcto que se actúe de este modo, siempre que se garantice que la aplicación de los gigantescos recursos que van a destinarse a superar la crisis llegan a donde deben y sean capaces de entregarnos otra Europa, más moderna y mejor preparada para futuras eventualidades. Quizá para conseguir este objetivo los 750.000 millones de euros no sean suficientes. Y en todo caso, si se quiere dotar a Europa de verdadera entidad federal, es ilusorio y hasta ridículo que el presupuesto federal europeo continúe siendo de poco más del 1% del PIB anual.

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Antonio Papell
Director de Analytiks

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