El ex fiscal general del Estado y actual magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo ha sido rotundo. Tras la polémica generada en los últimos días después de conocerse el informe del Consejo de Estado, Conde-Pumpido asegura que no ve factible “reabrir el caso” del Yak-42, un accidente en el que murieron 62 militares españoles.

En un desayuno organizado por la revista Vanity Fair en el Hotel Orfila, en Madrid, el magistrado ha comentado que no confía en que se reabra la causa judicial del Yak – 42. “La causa se archivó en 2012, justo después de que yo dejase de ser fiscal general del Estado. La causa del Yak – 42 se inició como una causa única en la Audiencia Nacional y se archivó por el juez de instrucción que la llevaba en aquel momento. Más tarde se formuló un recurso por los familiares de las víctimas y la Fiscalía, por indicación mía y de la Audiencia Nacional, apoyó el recurso de las víctimas. De este modo, se consiguió reabrir el procedimiento”, ha dicho.

Conde-Pumpido, siguiendo con su explicación, ha comentado ante los medios que tras esa reapertura de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía y de los familiares de los fallecidos se inició un largo procedimiento penal que se dividió en dos partes. En una, dirigida a investigar y sancionar los problemas de identificación de los fallecidos, se obtuvo una sentencia condenatoria. “Después el Gobierno indultó a los condenados, pero eso ya es una decisión política”, ha apuntillado. El segundo proceso fue determinar las responsabilidades por negligencia en la contratación de los aviones. “La investigación que llevó a cabo el fiscal general llegó a la conclusión de que el Ministerio de Defensa habría destinado unos fondos para unos vuelos. Sin embargo, a través de un sistema de subcontrataciones, al final el fondo se lo quedaron unos intermediarios, por lo que algunos aviones que se contrataron eran muchos más baratos del dinero que se había gastado”, ha explicado el ex fiscal general.

“Este procedimiento”, continúa Conde-Pumpido, “fue impulsado por la Fiscalía y en 2011 ya estaba en fase de acusación, es decir, ya se había formulado la acusación contra seis personas que se consideraban como los supuestos responsables penales, todos altos cargos del Ministerio de Defensa”. Asimismo, el magistrado ha querido aclarar que “en ningún momento la Fiscalía vio responsabilidad penal por parte del Ministerio” y que “en ningún momento del procedimiento se presentó ante el Tribunal Supremo con una acción penal”. En cambio, recalca, “sí que hubo acciones de lo que yo llamo ‘fiscalías paralelas’, organizaciones o asociaciones, que se dirigieron al Tribunal Supremo con querellas contra el ministro del ramo, que no fueron atendidas”.

Sin embargo, Cándido Conde-Pumpido ha querido señalar que en 2012 el juez “decidió archivar el asunto después de bastantes años de instrucción” por lo que no cree que, dado el tiempo transcurrido, sea factible revisar esa decisión “porque fue confirmada por la Audiencia Nacional. No creo que se vuelva a abrir desde el punto de vista penal”, ha recalcado. No obstante, desde el punto de vista civil, ha recordado el magistrado, “en la Audiencia Provincial de Zaragoza se abrió un proceso civil. La Fiscalía apoyó a las víctimas, que fueron indemnizadas. Las compañías recorrieron al TS, al TC e incluso a algún tribunal internacional, pero siempre perdieron. La sentencia de Zaragoza se cumplió y se pagaron las indemnizaciones”.

Sobre el informe del Consejo de Estado conocido en los últimos días, Conde-Pumpido ha aclarado que lo que dice el texto es que “aprecia cierta responsabilidad política en la contratación de los aviones, pero no hay responsabilidad patrimonial por parte de la Administración porque las indemnizaciones se han entregado. Hay que asumir que en su momento las cosas no se hicieron bien, pero, como digo, desde el punto de vista penal las responsabilidades están zanjadas. Hubo una condena a las personas responsables de las falsedades en la identificación, hubo un proceso penal contra los que habían llevado la contratación que terminó archivada y hay que respetar la decisión de archivo. Luego se produjo un proceso civil, que terminó con indemnizaciones y ahora se ha producido una declaración del Consejo de Estado que parece que el Gobierno ha asumido, simplemente de carácter moral, para resarcir a las víctimas asumiendo que algo no se hizo bien”, ha explicado.