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El ‘caso Nóos’ y un cierto manoseo de la Justicia

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El ‘caso Nóos’ y un cierto manoseo de la Justicia 1

La Justicia ha sido pieza clave en el desarrollo sociopolítico de este país en los últimos años. Se la ha sometido a muchas tensiones porque ha tenido que ocuparse de asuntos extremadamente delicados, con el consiguiente riesgo para su integridad y prestigio. Sin ir más lejos, el ‘caso Nóos’, en el que en cierto modo se sentaba en el banquillo la propia jefatura del Estado, ha puesto a prueba durante cinco años todos los resortes y equilibrios judiciales imaginables. Jueces y fiscales han estado en el candelero todo este tiempo, sometidos a innumerables presiones, luciendo su ego cuando procedía y expuestos a cualquier error humano. En líneas generales, la Justicia ha salido airosa de esta prueba, como está saliendo adelante en todos los demás retos que hoy ha de afrontar, en los que se resume la atribulada historia reciente, cargada de más corruptelas de las soportables.

En realidad, no es exagerado decir que el régimen político ha sobrevivido a sus grandes quebrantos gracias a la Justicia. El papel del entramado judicial en la lucha contra el terrorismo fue ejemplar y contribuyó sin duda a la erradicación de aquella lacra, pero el poder judicial ha brillado sobre todo en la batalla contra la corrupción, frente una decadencia ética en que aparecieron con gravísimas responsabilidades los partidos políticos y las organizaciones sociales. El ‘caso Bankia’, en sus diferentes facetas, ha mostrado con crudeza a una ciudadanía atónita la fatal conspiración urdida por los partidos, los sindicatos y las diversas mafias surgidas al amparo de la burbuja inmobiliaria de este país.

En general, casi sin excepciones, la corporación de los jueces y los fiscales se ha ganado el respeto y la gratitud de la mayor parte de la ciudadanía porque todos tenemos la evidencia de que, pese la lentitud de los procesos a causa de la falta de medios materiales y humanos, la Justicia ha ido sancionando las actitudes intolerables de un conjunto de desaprensivos que han abusado de su posición y se han apoderado ilegítimamente de recursos públicos.

Es claro que estos jueces y fiscales han tenido que soportar presiones de todas clases, que han resistido en casi todos los casos con gran dignidad, pero también es cierto que la propia opinión pública los ha protegido, por lo que entre todos hemos hecho posible defender su independencia. Por eso resulta ahora inquietante un cierto manoseo de la Justicia, que proviene de la etapa de Ruiz Gallardón y que ha tomado tintes preocupantes estas últimas semanas de la mano de Rafael Catalá, un político que no proviene del mundo judicial (es TAC, pertenece al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado).

[pullquote]Los jueces y fiscales han soportado presiones de todas clases[/pullquote]

Quizá el comienzo de esta desazón ha surgido con el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que supuso la salida prematura e inexplicada de Consuelo Madrigal (estuvo menos de dos años al frente de esta responsabilidad), sucesora a su vez de Torres-Dulce, que presentó su dimisión por claras discrepancias con el Gobierno en relación con el tratamiento del conflicto catalán.

Pues bien: pese a que el gobierno ha llevado con relativa deportividad su cruz en los diferentes casos de corrupción que se ve obligado a sobrellevar, han tenido lugar últimamente algunas injerencias que, como mínimo, son impertinentes,. En concreto, ha sido inaceptable que el nuevo titular de la Fiscalía del Estado, José Manuel Maza, haya sustituido al fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, quien había acordado la investigación judicial del presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez.

El relevo, que se ha hecho dentro de un amplio paquete de nuevos nombramientos, es inobjetable según las normas por las que se rige el ministerio fiscal, que conceden al fiscal general plena capacidad para organizar la plantilla como considere oportuno. Y tampoco es cuestionable la figura de quien sustituye a López Bernal, José Luis Díaz Manzaneda. Pero no todo lo legal es políticamente adecuado, y resulta indudable que cuando un fiscal tiene la gallardía de mantener una posición incómoda para el poder político, su superior debe apuntalarle y no reemplazarle porque el mensaje que lanza a la opinión pública tal sustitución es inaceptable. Máxime cuando el fiscal que pierde el cargo ha sufrido “intentos de intimidación y presiones políticas”, según su propia confesión.

[pullquote]El relevo de Bernal es inobjetable según las normas por las que se rige el ministerio fiscal[/pullquote]

Es, además, muy grave que mientras se produce este cambio –y algún otro tampoco fácil de entender— el ministro de Justicia ratifique la propuesta, que viene de los tiempos de Gallardón, de modificar el enjuiciamiento criminal para que sean los fiscales y no los jueces quienes instruyen los procesos. ¿Acaso se pretende llevar la discrecionalidad de que hoy goza la fiscalía en sus nombramientos también al terreno de quién ha de ser investigado y quién no? Porque en los países en que rige ese modelo, y el fiscal general es de hecho un miembro del Gobierno, la separación de poderes depende de la delicadeza democrática de los actores, y en nuestro caso este ingrediente no parece abundar.

El ministro Catalá se ha caracterizado en los últimos días por emitir opiniones impertinentes en quien ocupa una posición tan delicada: ha elogiado la sentencia del ‘caso Nóos’, ha aleccionado a los fiscales mallorquines sobre la “excepcionalidad” de la prisión preventiva que se pudo haber decretado contra Urdangarin, ha criticado a unas fiscales que se negaron a exonerar al presidente de Murcia, ha criticado a López Bernal por no haber denunciado por vía reglamentaria los atentados a su independencia, cosa que sí hizo en su momento… Todo indica que el ministro es en estos asuntos más papista que el papa porque el propio presidente Rajoy ha sido muy cauteloso en estos asuntos y manifestado en público más de una vez su acatamiento incondicional a las decisiones judiciales y su cerrada negativa a comentar o valorar sentencias.

La Justicia tiene todavía por delante numerosos procesos de envergadura relacionados con la corrupción política, y en todo caso ha de seguir siendo garantía sistemática de transparencia frente a los demás poderes, que, instintivamente, tratarán de menoscabarla para eludir su control. La sociedad debe permanecer vigilante para evitar que tengan éxito los intentos de mermar la independencia judicial, que es la garantía de ecuanimidad los ciudadanos debemos perseguir.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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1 Comentario

  1. Artículo muy bien planteado con la destreza de siempre.

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