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El fin de ETA

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El fin de ETA 1

La detención del ultimo jefe de ETA se ha producido poco después de la presentación en España de un gran documental sobre el fin de la organización terrorista. Y todo ello tiene lugar cinco años después de la declaración que puso fin definitivamente a la violencia etarra.

La detención de Mikel Irastorza, considerado jefe de ETA (sin historial terrorista, apenas acusado de pertenencia en banda armada, a cargo de unos pocos activistas atemorizados y de los restos materiales de la banda, algunos zulos con armamento y documentación) que se ha producido mientras se realizaba el traspaso de poderes en el Ministerio del Interior entre Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido, recomienda una reconsideración del enclavamiento político de la cuestión etarra, ya que, cinco años después del fin definitivo de las acciones armadas, ETA, aunque depauperada hasta la extenuación, no se ha disuelto todavía y sus tres centenares de presos —373 en julio según el colectivo Etxerat, 288 en España— están sometidos a la situación penitenciaria especial que se puso en vigor como un elemento más de lucha antiterrorista (este era, por ejemplo, el objetivo de la dispersión).

La detención de Irastorza se ha producido unas pocas semanas después de que se haya estrenado en España, en el festival de San Sebastián, el magnífico documental El fin de ETA, dirigido por Justin Webster, que narra con objetividad el proceso de paz mediante las palabras de sus principales protagonistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi. El guión es de los periodistas Luis Rodríguez Aizpeolea y José María Izquierdo. Aizpeolea es sin duda el periodista que más de cerca vivió aquellas vicisitudes y el que más cabalmente las ha interpretado y reseñado en sus columnas, indispensables para entender el complejo desarrollo del proceso.

Del referido documental, el espectador atento saca algunas conclusiones relevantes, evidentemente subjetivas y por tanto opinables, pero no por ello menos firmes: en tanto Eguiguren, el negociador socialista con Otegi, y Rubalcaba, el ministro del Interior a lo largo de las etapas finales, mantienen con firmeza los principios morales democráticos y los criterios esenciales del Estado de Derecho, Otegi va adaptándose a la voluble postura de ETA, y evoluciona no por una conversión o evolución moral sino por simple estrategia. Quiero decir que Otegi no se redime ni en la cinta ni en la realidad, no es el líder brillante que entiende la intrínseca perversidad de asesinar al adversario ideológico sino el oportunista que entiende que la vía violenta está perdida y que hay que intentar salvar los muebles por otros caminos. Algo que no conseguirá porque el Estado no cederá un ápice en la aplicación de sus principios.

Dicho esto, cuando ETA ha quedado reducida a la mínima expresión —probablemente a no más de una decena de militantes en libertad— y es impensable el regreso a la lucha armada, es inquietante que todavía no se haya producido la disolución de la banda, que en principio aspiraba a una escenificación del momento con el Gobierno a través de la entrega de las armas. Es evidente que no ha habido armisticio sino simple derrota de ETA en todos los frentes, por lo que lo lógico es facilitar el desmantelamiento unilateral y el fin definitivo de las ominosas siglas. Para ello, como ha explicado cumplidamente el periodista Aizpeolea, el PNV de Urkullu ofreció la legislatura pasada ayuda al Gobierno central para promover un punto final unilateral, el desarme y la autodisolución de la banda. Ello debería representar cambios en la política penitenciaria, ya que no tiene sentido mantener un sistema integrado en la lucha antiterrorista, con medidas excepcionales. Es de imaginar que si el Partido Popular necesita ahora al PNV, este partido podrá influir precisamente en esta dirección, que ofrecería el paso definitivo hacia el final intelectual –el pragmático ya se ha producido— de la lacra terrorista.

Como subraya Aizpeolea, el hecho de que el nuevo ministro del Interior haya sido juez puede facilitar ese desenlace, que en todo caso debería ser discretamente pactado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Iberia Navidad
Antonio Papell
Director de Analytiks

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