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El fracaso de los Partidos: memoria de la Restauración

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El fracaso de los Partidos: memoria de la Restauración 1

El parangón entre la Transición española, que arrancó con la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, y la etapa de la Restauración borbónica que dio comienzo en 1875 –en realidad, el 29 de diciembre de 1874-, tras un periodo revolucionario que arrancó en 1868, es ya un tópico de la historiografía contemporánea, pero hay un aspecto concreto de ambos procesos, citada por López Burniol en un artículo reciente, que merece alguna atención: en ambos casos, la ineficacia de los partidos políticos ha dado lugar a sendas crisis. A partir de 2010, los partidos turnantes, el conservador y el liberal, que representaban en realidad a la misma oligarquía, dejaron fuera del sistema a la burguesía emergente y a la clase trabajadora que se estaba formando al socaire de la revolución industrial. La crisis del régimen se intentó paliar mediante gobiernos de concentración, que también fracasaron. Y en 1923, como explica Pab1876-1947″, mbçço: 1923, s de concentraci reaccionaria perompotente una atencioón en su “Cambó: 1876-1947”, Alfonso XIII participaba de la idea de que “no había salida normal para la gravísima situación pública”, por lo que barruntó la idea de poner el poder en manos de la Junta de Defensa Nacional. Y en aquella coyuntura, el Rey pidió consejo a Maura, quien le contestó por escrito. Así lo explica Pabón:

“Maura evacuó la consulta por escrito, en agosto de 1923, con muy grave palabras. Se pronunciaba tajantemente contra el real propósito: ‘Desenlace fu­nesto se debe pronosticar si el Rey tomase sobre sí las funciones de Gobierno para ejercerlas directamente…’. Rechazaba la utilización de los Gobiernos de partido: ‘… se han hecho incapaces para gobernar nuestros   actuales partidos, sin exceptuar a ninguno…’. No cabía, a su juicio, el recurso a los Gobiernos de concentración: ‘El arbitrio de componer ministerios con individuo de distintos partidos se ha experimentado varias veces con claro desengaño’. Tampoco el que se denominó maurismo era a estas alturas una solución porque quedó, en el combate con los intereses que puso en peligro, desahuciado y truncado. Y mientras no se rehiciese y adquiriese consistencia, en una u otra forma, con uno u otro nombre, ‘no existirá -decía don Antonio- órgano del cual se pueda valer la Corona constitucionalmente…'”

“Cerrados -a más de la irregular intervención regia- todos los caminos nor­males, don Antonio, ante el desmoronamiento del Estado, concluía que ‘algún esfuerzo anormal se necesitará para sacar la máquina política del punto en que se encuentra’. Fijaba su atención en una anormalidad ya crónica: las claudi­caciones del poder público que suscitaban las actuaciones de quienes toma­ban o tenían la representación del Ejército. Y aquí don Antonio consideraba el mal menor: ‘Sería menos nocivo que quienes han venido imponiéndose en trances críticos asumiesen entera la función rectora bajo su responsabilidad. Aunque no acertasen a superar las dificultades, ni siquiera a sostenerse, ha­bría menos obstáculos para una convalecencia, la cual, en todo caso, sólo puede consistir en que los españoles salgan de su abstención y ocupen su propio puesto en la vida política'”.

Lo más dramático de aquel doliente consejo es el juicio severísimo que emite Maura: “se han hecho incapaces de gobernar nuestros actuales partidos, sin exceptuar a ninguno”.

Aquel severo diagnóstico maurista sobre la incapacidad de los partidos para gobernar tiene, salvando las distancias, evidente consistencia hoy día, cuando nos aprestamos a unas nuevas elecciones generales porque los partidos han sido literalmente incapaces –y no hay rastro de desmesura en el adjetivo- de pactar una fórmula de gobernabilidad. El viaje del sistema representativo a este respecto es inquietante porque, después de el cuerpo social reconociera que los viejos partidos no en capaces de representar a todas las sensibilidades políticas y alumbrara dos nuevas formaciones, hemos visto con estupor que las viejas inercias se contagiaban rápidamente a las formaciones nuevas, de modo que el inquietante hábito de anteponer el interés partidario al interés general se ha extendido inmediatamente a todos los actores del modelo renovado.

Se ha insistido, y con razón, en que la incapacidad manifestada por las fuerzas políticas en este proceso de transformación del sistema representativo no es una patología grave ya que la situación actual está prevista constitucionalmente por lo que cabe hablar en todo caso de ‘normalidad’. Sin embargo, es falso que estos largos periodos de desgobierno sean habituales en Europa. Los expertos en ciencia política (véase, por ejemplo, “El fracaso de la formación de gobierno en España y las reglas de investidura” de Natalia Ajenjo) se han ocupado últimamente de destacar la singularidad del caso español, que como mínimo refleja “la inoperancia efectiva de las reglas existentes”, lo que sugiere que no estaría mal considerar la pertinencia de cambiar la norma constitucional para evitar en el futuro estos periodos de provisionalidad. Porque la dificultad de formar gobierno está estrechamente relacionada con la dificultad de derribarlo una vez constituido; en nuestro caso, la exigencia de una moción de censura constructiva –con candidato alternativo– al estilo alemán otorga a los gobiernos una estabilidad probablemente excesiva, y ello obliga a quienes los apoyan a adoptar toda clase de precauciones.

En última instancia, la alianza Podemos-IU animará esta llamada impropiamente ‘segunda vuelta’ pero, como anuncian los demógrafos, no cabe prever grandes oscilaciones del voto apenas unos meses después del 20D. Por ello mismo, conviene que la opinión pública refuerce la presión sobre los partidos en el sentido de que hacerles saber que no resultaría tolerable que después de repetidas las elecciones se mantuviera la incapacidad de pactar.

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