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El nuevo gobierno y la cuestión catalana

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Gobierno Pedro Sánchez nuevas elecciones

Finalmente, todo indica que Pedro Sánchez será investido presidente con la abstención de los trece diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, que se ha avenido a adoptar tal posición —obsérvese que es de abstención y  no de apoyo— tras negociar con el Partido Socialista un acuerdo procesal, que no de fondo, sobre las vías de resolución política del conflicto catalán, que es consecuencia de la pulsión independentista de cerca del cincuenta por ciento de los electores catalanes, y que dio lugar al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, con las consecuencias políticas y penales que todo el mundo conoce.

Varios analistas —primero el notario López Burniol, después el periodista José Antonio Zarzalejos– han invocado el pacto de San Sebastián de 17 de agosto de 1930 como oscuro precedente entre el PSOE y los nacionalismos periféricos, en una operación teóricamente republicana que, de algún modo, no solo acabó con la monarquía sino también con la propia República… De entrada, hay que recordar que aquel Pacto, suscrito con el objetivo de provocar un cambio de régimen, se produjo después del periodo autoritario ulterior al golpe de Estado contra la Constitución de 1876 dado por la Corona en 1923, que puso al frente del Gobierno al general Primo de Rivera. Y que, tras dimitir este en enero de 1930, el rey nombró presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer con el propósito de retornar a la “normalidad constitucional”, con el mayor desparpajo y actuando como si la Corona no hubiera tenido nada que ver con la cuartelada que interrumpió el parlamentarismo. Además, tampoco es impertinente recordar que el PSOE no estuvo inicialmente en aquel pacto auspiciado por los nacionalistas y por la Alianza Republicana, que englobaba a varios partidos; fue en octubre de 1930 cuando el PSOE y la UGT se sumaron en Madrid al Pacto, que pocos meses después conseguiría su objetivo, la caída de la desgastadísima monarquía, derrocada curiosamente en unas elecciones simplemente municipales.

Ahora, el PSOE es un firme defensor de la Constitución y del régimen, y como tuvimos ocasión de ver todos los españoles en los debates preelectorales de las dos últimas elecciones generales, Unidas Podemos también

El Gobierno, obligado a entenderse con los nacionalistas

Ahora, el PSOE es un firme defensor de la Constitución y del régimen, y como tuvimos ocasión de ver todos los españoles en los debates preelectorales de las dos últimas elecciones generales, Unidas Podemos también, a pesar de que la formación de Pablo Iglesias comenzó su andadura denostando al “régimen del 78”, y por tanto también a la Monarquía constitucional. Hoy son los nacionalistas los que creen que la Corona forma parte esencial de la argamasa que mantiene unida a la nación española, a pesar de que bajo los auspicios de la Monarquía ha sido posible el peno reconocimiento de las nacionalidades, que han florecido en el Estado Autonómico como nunca antes en toda la historia de este país. Y por ello, porque el Rey personifica la soberanía española, que es única e indivisible, han adoptado una posición antimonárquica que en ocasiones llega a la virulencia. Su reacción sobreactuada ante el inobjetable discurso regio del 3 de octubre de 2017 demuestra la posición y las verdaderas intenciones de los independentistas.

Pues bien, a pesar de todo ello, a pesar incluso del 1-O y de sus irreversibles efectos penales, este país tiene que seguir su marcha y las fuerzas constitucionales están en la obligación de procurar un entendimiento con los soberanistas, aunque sólo sea una tregua que dure un par de generaciones (después, habrá que recomenzar el agotador proceso de reivindicación y negativa). Por ello, es positivo que el PSOE, en su tentativa de formar gobierno, haya llegado a acuerdos con ERC, una organización técnicamente de izquierdas y por lo tanto alejada de los parajes del nacionalismo más étnico y conservador de los posconvergentes.

PSOE y ERC

Y ahí llegan la pregunta y la respuesta esenciales en este asunto: ¿Qué clase de acuerdos han firmado PSOE y ERC? Básicamente, una serie de puntos procesales que consisten en abrir una negociación; plantear en ella, sin límites, los asuntos que consideren ambas partes; y someter los acuerdos que se obtengan a consulta popular. Sin más precisiones.

La formulación del acuerdo es tan inconcreta que puede entenderse perfectamente que la alusión a las consultas engloba una amplia panoplia de posibilidades

En definitiva, lo acordado es el reconocimiento mutuo, que se plasma en la formación de una mesa Gobierno del Estado-Gobierno de Cataluña (distinta de la comisión bilateral Estado-Generalitat) en la que se puedan plantear y discutir el reconocimiento del derecho de autodeterminación y un hipotético referéndum, así como la celebración de una consulta, obviamente no vinculante, sobre lo acordado en esa mesa. La formulación del acuerdo, no conocido hasta el jueves tras su ratificación por el consejo nacional de ERC, es tan inconcreta que puede entenderse perfectamente que la alusión a las consultas engloba una amplia panoplia de posibilidades.

Es imaginable que el Gobierno del Estado efectuará por su parte sus propias propuestas, entre las que caben una reforma del Estatuto de Autonomía y, si fuera preciso y resultara razonable, una reforma constitucional para posibilitar alguna de las demandas que no pasaron el filtro del Tribunal Constitucional al aprobarse el Estatuto de 2006. Si prosperaran iniciativas de esta índole, la “consulta” podría ser el preceptivo referéndum de reforma estatutaria y/o el que pudiera requerir la reforma constitucional.

“No es creíble que en ERC no estén convencidos de que nunca se les reconocerá el derecho de autodeterminación”

Tras la aprobación del pacto con el PSOE por el 96 % de los miembros del consejo nacional, no es creíble que las gentes de Esquerra Republicana no estén convencidas en su fuero interno de que nunca un gobierno constitucional les reconocerá ni el derecho de autodeterminación ni la capacidad de independizarse, por lo que la aceptación de esta vía por la que han optado supone —siempre tácitamente, porque han de eludir el férreo y sectario control de sus amigos/adversarios neoconvergentes— tratar de avanzar dentro del sistema por la vía constitucional, es decir, abandonar el unilateralismo (como hizo el PNV cuando fracasó el plan Ibarretxe) y regresar al multilateralismo, tratando de extraerle todas sus potencialidades.

Es probable que el objetivo, que comportaría el apaciguamiento de la comunidad autónoma —los neoconvergentes y la CUP en solitario quedarán totalmente descolocados si ERC se integra en la multilateralidad—, tenga una fase intermedia y creativa, que sería la formación de un nuevo tripartito catalán formado por los republicanos, los socialistas del PSC y los comunes, semejante al que formó Maragall en 2003 y sobrevivió con dificultad hasta 2010. Esta opción, que devolvería a Cataluña la transversalidad ideológica, es lógicamente temida por JxCAT, que luchará con uñas y dientes por conseguir la unidad soberanista, como ya hizo Artur Mas. Y es la razón que mantiene nervioso y desatentado a ese sujeto sectario e incompetente que es Torra.

La derecha estatal no está conforme con estas líneas de avance (aunque tampoco se plantea la posibilidad de evitar que el PSOE se apoye en los nacionalistas brindándole su desinteresado apoyo), pero no ofrece opciones alternativas. Las soluciones duras, como la suspensión de la autonomía o el recurso reiterado al art. 155, sólo servirían para agravar y enquistar el problema, en lugar de suavizarlo para facilitar la orteguiana conllevancia, que seguramente es lo máximo a lo que podemos aspirar.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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