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El PSC y el modelo canadiense

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El PSC y el modelo canadiense 1

El PSOE había conseguido consensuar el modelo de organización territorial a través de la declaración de Granada, suscrita por el Consejo Territorial del partido, es decir, por la dirección federal encabezada por Rubalcaba y 17 barones territoriales, incluido el del PSC, Pere Navarro, en julio de 2013 –se cumplen, pues, tres años estos días-. Unos meses antes, la explosión soberanista en Cataluña había enfrentado al equipo de Rubalcaba con la dirección del PSC (que tomó posición en contra de la independencia pero a favor del “derecho a decidir” y de una consulta “legal y pactada” con el Estado). El PSOE optó entonces por aceptar cierto viraje federal para evitar la ruptura con su partido hermano y, a la vez, tratar de frenar el órdago independentista, según explicó entonces Rubalcaba y repitió en el momento de la firma. Con la declaración, los socialistas han llegado a la conclusión de que la vía del federalismo es su “obligación histórica con España”.

Posteriormente, el PSC, ya al mando de Miquel Iceta, renunció al ‘derecho a decidir’ y se adaptó estrictamente a la posición del PSOE federal, con Pedro Sánchez en la secretaría general. Pero tras el 26J, Los socialistas catalanes han hecho un amago para modificar una vez más su posición: la celebración de un referéndum ‘a la canadiense’ podía haber sido la propuesta estrella para la ponencia política del próximo 5 y 6 de noviembre si una rebelión interna del PSC no lo hubiera frustrado en el consejo nacional del partido el pasado día 2. La dirección de esta organización hermana del PSOE pretendía proponer una “ley de claridad” como la que se aprobó en Canadá para determinar bajo qué condiciones Cataluña se podría separar de España si así lo votasen sus ciudadanos. Esta sería –argumentaban- la última solución si fracasase la reforma constitucional que propone el PSOE y que con más o menos entusiasmo están interiorizando los principales partidos para tratar de resolver el conflicto catalán. Dicha reforma debería plasmar “el pleno reconocimiento del carácter nacional de Cataluña, de sus derechos históricos y de la singularidad de su autogobierno”. El documento afirma también que esta reforma constitucional ha de ofrecer el marco de un “acuerdo bilateral entre Cataluña y España” que debería ser refrendado posteriormente por “el pueblo de Cataluña”.

Como gran argumento, Iceta, proponente de la ‘solución candiense’, ha manifestado que hay que interiorizar de una vez que el 48% de los catalanes quiere irse de Cataluña; el porcentaje es el que obtuvieron los partidos soberanistas en las últimas autonómicas, pero es muy dudoso que se mantuviese esta cifra si se plantease frontalmente la cuestión de la autodeterminación.

Como es conocido, el Partido Quebequés (PQ), nacionalista francófono, tiene como objetivo la secesión de la provincia canadiense, con el apoyo histórico de Francia (De Gaulle, de visita en Canadá, pronunció en 1967 en Montréal el célebre “Vive Quèbec Libre”). El Parti Québecois, con viejos lazos de amistad con el catalanismo político, practicó algunas acciones terroristas en los años sesenta, si bien abandonó pronto esta vía y la sustituyó por otra impecablemente democrática.

El PQ ha conseguido celebrar dos referendos sobre la independencia, uno en 1980 y otro en 1995. En el primero, los independentistas, que propugnaban una fórmula de “soberanía-asociación”, fueron derrotados contundentemente por un 59,5% contra un 40,5%. En el segundo, de planteamiento mucho más confuso y ambiguo pues se proponía una especie de soberanía compartida, los independentistas perdieron por muy escaso margen: 50,5% por 49,5%. El bloque independentista atribuyó entonces su fracaso al voto de los inmigrantes y al miedo a las consecuencias económicas de la secesión.

Asimismo, ha habido dos intentos, también fallidos, de reforma constitucional para dar encaje pleno a la peculiaridad de Québec en el Estado canadiense (en ambos casos, la reforma no era específica para Québec: pretendía implementar fórmulas confederales), el de Meech en 1987 y el de Carlottetown en 1992, y ambos fracasaron. Esta última reforma fue rechazada en un referéndum estatal por los quebequeses, que la consideraban corta, pero también por otras cinco provincias anglófonas, que creían excesivas las concesiones del Estado a Québec.

Tras el referéndum de 1995, y ante la constante y reiterativa amenaza del PQ de convocar un nuevo referéndum independentista, el entonces primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, sometió el asunto al Tribunal Supremo del Canadá, en funciones de tribunal constitucional, que emitió su dictamen en agosto de 1998. En concreto, el Gobierno preguntó al tribunal si la Constitución de Canadá permite la independencia y si las leyes internacionales ampararían una eventual secesión.

Dicho dictamen, muy elogiado internacionalmente, contiene tres elementos muy valiosos:

 a).-Québec no disfruta del derecho a la autodeterminación.

 b).-La secesión sólo sería posible si “una clara mayoría” declarara “de forma inequívoca” su deseo de no pertenecer en Canadá. Entre otras razones, porque “Democracia… significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría”.

 c).-La secesión de una provincia “bajo la Constitución” no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional.

Es particularmente relevante el primer punto, desarrollado de este modo: “El derecho internacional a la autodeterminación –explicó el TS canadiense- sólo genera, en el mejor de los casos, un derecho a la autodeterminación externa en casos de antiguas colonias, los pueblos oprimidos por una ocupación militar, o un determinado grupo al que se impide el derecho al autogobierno para conseguir su desarrollo político, económico, social y cultural” […] “En estas tres situaciones el pueblo está investido del derecho a la autodeterminación externa porque se le ha denegado la capacidad para llevar a cabo internacionalmente su derecho a la autodeterminación. Estas excepcionales circunstancias son completamente inaplicables a Québec bajo las condiciones actuales. Por lo tanto, ni la población de la provincia de Québec, tanto si se caracteriza en los términos de ‘pueblo’ o ‘pueblos’, ni sus instituciones representativas, la Asamblea Nacional, el legislativo o el Gobierno de Québec, tienen el derecho, según el derecho internacional, a secesionarse unilateralmente de Canadá”.

Ilustrativa resulta asimismo la argumentación que utiliza el TS para negar el derecho a la “secesión unilateral”: “Aquéllos que sostienen la existencia de un derecho de esta naturaleza lo basan principalmente en el principio de Democracia. Democracia, de cualquier manera, significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría. Como queda reflejado en nuestra jurisprudencia constitucional, la democracia existe en el amplio contexto de otros valores constitucionales como los ya mencionados [federalismo, democracia, constitucionalismo, imperio de la ley y respeto a las minorías]”. “En los 131 años transcurridos desde que se creó la Confederación, el pueblo de las provincias y territorios ha creado estrechos lazos de interdependencia (económica, social, política y cultural) basados en valores compartidos que incluyen el federalismo, la democracia, el constitucionalismo, el imperio de la ley y el respeto a las minorías. Una decisión democrática de los quebequeses a favor de la secesión pondría en riesgo estas relaciones” […] “La Constitución otorga orden y estabilidad, y consecuentemente la secesión de una provincia ‘bajo la Constitución’ no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional”.

De acuerdo con la posición del Tribunal Supremo, el Gobierno federal del primer ministro Chrétien –que era por cierto de Québec y francófono por lo tanto- presentó al Parlamento el 13 de diciembre de 1999 un proyecto de ley –de la “ley de la Claridad”, según denominación utilizada por Ottawa, la capital federal-, que resultó finalmente aprobado en junio de 2000, que establece que, en caso de celebrarse una nueva consulta en Québec, no valdrá una pregunta confusa, ni una que no plantee claramente a los electores si están a favor o en contra de la independencia, con todas sus consecuencias políticas, sociales y económicas. El legislativo decidirá, en fin, si la pregunta es o no suficientemente explícita, y además no se permitirán consultas que sólo pretendan “dar el mandato de negociar” una eventual secesión al Gobierno de la provincia ni aquellas otras que incluyan “otras posibilidades” sobre los “lazos económicos o políticos” que puedan quedar con Canadá tras una futura separación. Debe quedar muy claro que “hay un deseo explícito” de la población de ser un Estado independiente.

Para romper la unidad federal canadiense, tampoco será suficiente una corta mayoría simple. Será el Parlamento confederal el que decida si la pregunta es suficientemente clara y la mayoría lo bastante representativa; y para decidir si el porcentaje de votos a favor de la secesión es o no “una mayoría clara”, el Parlamento nacional revisará tanto “el tamaño de la mayoría” que respalde la consulta como “el porcentaje de votantes que participen en el referéndum”, así como “cualesquiera otras circunstancias que considere relevantes”. En este último cajón de sastre se incluirían “las opiniones de todos los partidos políticos” con representación parlamentaria en la provincia.

La eventual secesión exigiría una reforma de la Constitución, por lo que “requeriría negociaciones que incluyan, al menos, a los gobiernos de todas las demás provincias”, así como “al Ejecutivo de Canadá”. Y en esas negociaciones deberán fijar “los términos de la secesión”… Estos incluirán “la división de activos y pasivos” entre la provincia y Canadá, “cualquier cambio en las fronteras de la provincia”, “los derechos, intereses y reclamaciones territoriales de los ciudadanos originarios de Canadá” y “la protección de los derechos de las minorías”. Sólo después de cumplir estos requisitos será posible una modificación constitucional que dé paso a la secesión.

La Constitución canadiense

La Constitución canadiense no es un único documento sino una sucesión de textos parlamentarios y judiciales tanto de la época británica como del periodo independiente. En la más pura tradición británica de flexibilidad, ese cuerpo sintetizado en 1982 recibe constantes aportaciones de nuevas decisiones legislativas y judiciales y acuerdos entre el Gobierno federal y los provinciales. Desde el Acta de 1867, el constitucionalismo canadiense reconoce a Québec un carácter distintivo, que se materializa en la cooficialidad del francés y el inglés a un mismo nivel y en el apoyo público a la enseñanza católica. El Acuerdo de Chalottetown de 1992 volvió a reconocer que Québec constituye una “sociedad distinta” y le garantizó un 25% de escaños en la Cámara de los Comunes de Ottawa. Tras la derrota de los independentistas en el referéndum de 1995, el Parlamento concedió a Québec, al igual que a las otras provincias, un derecho de veto sobre cambios constitucionales. Pero al Bloque Quebequés, el partido nacionalista mayoritario, le parece un logro escaso. Pero no todos los quebequeses piensan así: Stephane Dion, líder del Partido Liberal canadiense y ministro de Asuntos Intergubernamentales entre 1996 y 2003, también de Québec como su jefe de filas, Chrétien, declaraba el 14 de diciembre de 1999: “Los de Québec nunca abandonaremos Canadá en la confusión. Esto es, precisamente, lo que pretende esta legislación. Y si la alternativa es clara, tampoco lo abandonaremos, porque la mayoría deseamos seguir en la federación”.

Iberia Navidad
Antonio Papell
Director de Analytiks

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