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El Rey se queda corto

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El Rey se queda corto 1

La situación de la Corona es delicada, aunque algunos principales actores políticos miren hacia otro lado. En nuestro país, la legitimidad de la Monarquía, aunque basada como es obvio en el pacto constitucional de 1978, es sobre todo de ejercicio, ya que no existe una previa adhesión a un modelo de Estado que, al contrario de lo que ocurrió en otros países europeos, fracasó aquí con Alfonso XIII, incapaz de gestionar adecuadamente la Restauración. Don Juan Carlos de Borbón, con apoyos débiles al comienzo de su reinado dada la confusión originaria —era hijo del heredero legítimo y había sido aupado arbitrariamente por Franco como sucesor suyo a la jefatura del Estado—, se ganó la estabilidad gracias a su papel en la Transición y a su labor de gobierno: impulsó primero la instauración de una democracia parlamentaria impecable; el 23F consolidó el sistema, amenazado por el sector golpista del Ejército y de la derecha, y su papel modernizador y reformista fue indiscutible, convirtiéndose en adalid del progreso y en útil y admirado embajador en el extranjero, contribuyendo al prestigio de nuestro país y a una inserción brillante en la comunidad internacional. Beneficiario de una gran benevolencia política y social hacia su persona por los méritos contraídos, se salvó de cualquier crítica pública hasta que sus excesos adquirieron un vuelo y una envergadura que los volvía inocultables. Y en un cierto momento, aconsejado por los principales políticos de aquella hora, tuvo que abdicar en 2014 para salvar su institución.

Su heredero, Felipe VI, posee una preparación impecable y ha hecho gala de una prudencia y de una profesionalidad ejemplares, aunque ha tenido que plantar cara a los abusos familiares, ‘el caso Urdangarín’ y las huellas del desenfreno paterno que también podría haber adquirido trascendencia penal. La reacción del Rey ha sido atinada: ha puesto en su sitio, fuera del entorno regio, a los familiares corruptos y ha creado un valladar que lo protege de la sombra paterna: ha renunciado a heredar capitales ocultos, ha privado al rey emérito del estipendio de que gozaba con cargo al presupuesto de la Casa del Rey, le ha forzado incluso a expatriarse y ha dictado una serie de normas de buenas prácticas para el entorno familiar y para los trabajadores de la Zarzuela. Mantiene además una vida austera, de trabajo constante y sin ostentación, bien secundado por la Reina, que también es, como se decía de la Reina Sofía, “una buena profesional”.

Sin embargo, lo sucedido con don Juan Carlos tiene consecuencias políticas y, en concreto, da alas a los partidos republicanos para hacer proselitismo de su propuesta rupturista y abre un forcejeo altamente insano para la Monarquía: mientras la izquierda radical representada por Unidas Podemos y las izquierdas nacionalistas alardean de su adscripción republicana y solicitan una reforma constitucional, la extrema derecha de Vox y la derecha blanda que hoy es el PP salen en defensa inflamada de la Corona, lo que deja al Rey en manos del PSOE, que ha mantenido y seguirá manteniendo plena lealtad constitucional a la institución pero no es un entusiasta de la monarquía. El hecho de que la Corona sea adulada hasta la náusea por lo más reaccionario de este país no le hace ningún favor, ni le ayuda a recuperar el prestigio perdido por mor del desgaste que ha experimentado.

Esta situación acaba de tener un triste corolario que no sorprende a nadie: el surgimiento de la extrema derecha neofranquista y su sólida irrupción en el Congreso como tercera fuerza del país ha dado alas a los viejos militares retirados, con energuménicas convicciones autoritarias, y los ha llevado a ‘pronunciarse’ en contra del gobierno “socialcomunista” y a alinearse tras el Rey, como si este tuviera los poderes que pretendió legarle la dictadura para que gobernara como anacrónico monarca absoluto. El apoyo recibido por la Corona de ese sector, secundado ingenuamente por el PP, es un regalo envenenado para don Felipe, que sabe que si se dejara embaucar por los halagos populistas o del militarismo más rancio enterraría para siempre su institución.

El discurso

Es un hecho poco controvertible que en una monarquía parlamentaria al Rey le corresponde con frecuencia manifestar protocolariamente lo obvio, recordar el valor unitivo y civilizador de la Constitución como factor esencial del contrato social, solicitar a los actores políticos que den preferencia al interés general sobre los intereses particulares, enfatizar los valores esenciales de nuestro régimen de libertades, entre los que ha de dominar, sobre todo en los momentos difíciles, la idea de solidaridad. Sin embargo, no estamos en tiempos normales, y no solo porque la gran pandemia se haya cobrado decenas de miles de muertos a lo largo del año que concluye, sino también porque el anterior jefe del Estado, padre del Rey, está alojado en un lujoso hotel de Abu Dabi, alejado del monumental escándalo que ha originado él mismo con sus devaneos amatorios y financieros, que han eclipsado un reinado que ha sido crucial en la  historia de España y han causado un daño objetivo a su institución, del que probablemente no podrá desprenderse Felipe VI sin una mayor aportación personal que favorezca la consolidación de su ejecutoria.

Lo cierto es que se habían creado expectativas incumplibles ante la intervención regia de esta Nochebuena, que había de ser según algunos la más trascendental de su reinado, y que obviamente tampoco podía reducirse a un discurso político al uso, ni en una reprimenda a su padre, ni en una palmada en el hombro a sus críticos más acerbos que aspiran al cambio de forma de Estado… Pero parece evidente que la intervención navideña se ha quedado manifiestamente corta en algunos aspectos. En lo que más nos ocupa, que es salir del atolladero en que nos ha metido don Juan Carlos, el Rey ha sido parco pero suficientemente claro: se ha referido a los principios “morales y éticos” de las conductas que “obligan a todos sin excepciones” y que “están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales y familiares”. No cabe duda alguna de que es una referencia clara a la conducta desviada de su progenitor y un aviso a navegantes que deben interiorizar todos sus familiares que sientan la tentación de utilizar de nuevo el apellido borbónico para hacer fortuna. Pero la alusión no ha sido suficiente para apagar todos los fuegos encendidos.

La gravedad del caso —de la que no sé si se ha percatado del todo el entorno regio— obligaba esta vez al monarca a ir un poco más allá. Es cierto que don Felipe ya ha tomado las medidas drásticas mencionadas, pero es manifiesto —y así lo han reconocido medios monárquicos oficiales— que es preciso avanzar en la depuración de la institución y en su adaptación a los tiempos que corren:  resulta deseable la promulgación de una ley de la Corona, que desarrolle convenientemente el Titulo II de la Constitución, y que la propia Carta Magna demanda en algunas facetas de este mismo ámbito: el art. 57.5 CE dispone por ejemplo que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”.

La nueva ley de la Corona debería, por ejemplo, precisar en qué consisten la “inviolabilidad” y la “no sujeción a responsabilidad” del art. 56.3, para dejar claro que los actos del Rey vinculados a semejante estatus privilegiado son los relativos a su función al frente del Estado y no a otros aspectos de su vida privada. Y habría de abarcar ciertos supuestos inconcebibles en 1978 pero verosímiles ahora, como el divorcio del rey o de la reina.

Otra laguna notoria de su discurso, esta poco disculpable, ha sido el necesario recordatorio, en calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, del papel neutral de los Ejércitos, y de la obligación que tienen quienes forman o han formado parte de ellos de respetar el espíritu constitucional en sus manifestaciones. El Rey debía haber dicho, para tranquilidad de todos, lo que todos ya sabemos: que no se pondrá al frente de una cuartelada militar, que no comulga con esta inocultable inclinación de una parte notoria del Ejército a controlar al poder político y a continuar por tanto la tradición golpista que se inició en le siglo XIX.

Por último, ya puestos a señalar omisiones, el repaso de los problemas patrios por don Felipe ha mostrado dos lagunas muy significativas que tienen verdadera trascendencia en estos precisos momentos: la violencia de género, que sigue siendo tan incontrolable como insoportable, y los problemas suscitados por la inmigración, que deben resolverse con magnanimidad y no con la brutalidad de los xenófobos. Ambos son asuntos que interesan sobre todo a la nueva extrema derecha, que como características distintivas niega categóricamente la violencia de género y detesta a los extranjeros que llaman la puerta porque son perseguidos o porque tienen hambre. Debió haber reunido, en fin, don Felipe valor suficiente para decir alto y claro que la defensa de los derechos y de la integridad de la mujer, de un lado, y la adopción de un compromiso geopolítico que defienda humanitariamente a las víctimas de las hambrunas o de las guerras, de otro, son características irrenunciables de esta democracia, generosa y abierta, feminista y humanitaria.

Es obvio que estos silencios del Rey son seguramente fruto de una estrategia y no de una convicción. Pero no debería el monarca dejarse arrastrar por los consejeros demasiado prudentes porque podría perder los apoyos que aún conserva y que son francamente incompatibles con cualquier clase de involución.

Antonio Papell
Director de Analytiks

De la República a la Monarquía. De una democracia a otra

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