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El Rey y sus vasallos

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bandera española

«Dios, que buen vasallo si oviesse buen señor”

Verso 20 del Poema del ‘Cantar de Mío Cid’

El lamento del anónimo escribidor sobre el infortunio del Cid, sometido a la arbitrariedad de un mal rey y por lo tanto con dificultades para poner en tensión todas sus potencialidades, debería trastocarse ahora cuando son los vasallos, los partidos, quienes incumplen con su obligación de prestar servicio, no al Rey sino a las instituciones, al régimen institucional.

Los dos principales partidos, adelgazados por el pluripartidismo pero todavía decisivos en la dialéctica poder-oposición, están, como diría León Felipe, jugando a la patria como quien juega al escondite en el desempeño de su papel obligatorio con relación a las instituciones. Más de dos años de retraso lleva la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que refleja políticamente en su composición desequilibrada la etapa de Rajoy en su legislatura de mayoría absoluta y que por lo tanto está lejos de la sensibilidad del parlamento actual. Prueba de lo inquietante del desfase es que el actual presidente del CGPJ y del Supremo fue alto cargo de la administración del Estado durante los ocho años de Aznar en el poder (otra vez las puertas giratorias en la judicatura).

Semejante desacople está empezando a tener consecuencias, y graves. Por una parte, la pugna entre el CGPJ y el Gobierno de la Nación ha pillado al Rey en una inquietante pinza, nada conveniente en momentos en que la Corona está luchando por reconstruir su prestigio después de la crisis suscitada por los errores del anterior jefe del Estado, que sigue viajando entre sátrapas y dictadores amigos como una auténtica bomba de relojería andante, o renqueante. Se han leído y escuchado versiones distintas sobre lo que realmente ocurrió en la infausta sesión catalana, del porqué de la ausencia regia en la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona. Finalmente, tras consultar las fuentes genuinas, lo sucedido es que el Rey se encontró en medio de un colosal forcejeo entre Lesmes y el Gobierno. Lo ha explicado Esther Palomera con pulcra precisión: Lesmes habría informado al gobierno de que la sentencia sobre la inhabilitación de Torra se publicaría el 24 de septiembre. El Ejecutivo constató que en la agenda del Rey figuraba su visita a Barcelona del día 25 y Moncloa hizo saber a la Casa del Rey que no era oportuna políticamente la presencia del monarca en la Ciudad Condal ese día porque coincidiría con el fallo judicial, y el jefe de la Casa del Rey “lo entendió perfectamente”.

Acto seguido, para salvar la presencia del Rey, Lesmes informó al Gobierno de que se retrasaría la emisión de la sentencia al 1 de octubre, lo cual resultó inadmisible para el Ejecutivo ya que era totalmente previsible que la ubicación del fallo en día tan simbólico provocaría una reacción inflamada del independentismo. Rotos los puentes, Lesmes habría alejado todo lo posible la sentencia del acto del día 25 para que no pudiera atribuirse a este asunto la ausencia del Rey y manipuló la llamada telefónica del Monarca, que era de simple cortesía, para utilizarla como prueba mendaz de un inexistente desmarque del Rey, faltando a la regla no escrita de que cualquier conversación con el jefe del Estado pertenece siempre al reino dela discreción.

Las consecuencias de estas marrullerías, que han aprovechado Unidas Podemos y las demás formaciones republicanas, claramente minoritarias en las Cámaras, para criticar a la Corona e impulsar un absurdo cambio de régimen que quebraría la envidiable estabilidad del actual, no hubieran llegado a producirse si los partidos hubiesen cumplido con su obligación y hubieran renovado cabalmente los órganos constitucionales caducados a su debido tiempo. Sólo el afán de las fuerzas políticas por acaparar toda la influencia posible explica la demora. Hay una atroz semejanza entre el retraso en la renovación del CGPJ y las prisas enfermizas del obsceno Trump para renovar el cargo vacante del Tribunal Supremo, cuando es también patente en este caso que la futura composición del alto tribunal americano —seis conservadores frente a tres progresistas— tampoco reflejará la realidad del país.

Podría ser oportuno traer a colación el refranero en sus consejos contra la afición a jugar con fuego. Que la clase política no está a la altura es un hecho conocido y patente, pero esta culpabilización global, que los señalados prorratean entre todos ellos, no hace mella en la conciencia de cada político en particular. O sea que cuando se habla de “la clase política”, Casado no se da por aludido, y no es capaz de ver que está comportándose de forma inaceptable e incluso inmoral al bloquear la renovación de las instituciones, vulnerando directamente el mandato constitucional. Y forzando a que Lesmes, en un opinable golpe de mano, decidiese el miércoles pasado renovar las tres vacantes de la Sala Segunda, gracias a un consenso tan amplio que alivia la arbitrariedad pero no mejora la legitimidad.

La pandemia nos está arruinando y el establishment político, las supuestas elites ideológicas, están destrozando el régimen. Dan ganas de salir huyendo.

¿Sólo la república es progresista?

Muchos años ha gobernado el PSOE, uno de los grandes partidos de la época republicana, durante esta etapa democrática sin sentir la necesidad de poner en cuestión la forma de estado, a pesar de que en sus estatutos figura la preferencia por la forma republicana.

La Monarquía sirvió de engrudo y generó consenso en la difícil etapa posterior a la muerte de Franco, por lo que su presencia en la Constitución tuvo un efecto pacificador y constructivo que todo el mundo reconoció en aquel momento. Era tanta la tarea pendiente que había que desarrollar para transformar el estado y la sociedad franquistas en realidades democráticas que aquel asunto no resultaba en absoluto urgente, y además podía entorpecer otras actuaciones que requerían consensos amplios, que no había que dificultar. Los socialistas han demostrado que se puede modernizar un país y avanzar en la dirección del progreso al margen de ciertas características del sistema que no son relevantes. Y la política comparada deja lugar a pocas dudas; la republica italiana, sin ir más lejos, tiene mucho que aprender políticamente del reino de Holanda, por más que aquel país tenga una forma de Estado aparentemente más moderna (en realidad, Italia dejó de ser una monarquía en un referéndum en 1947 porque la Corona italiana no rechazó en su momento el ascenso del fascismo).

Por eso sorprende que unos recién llegados al poder, los de Podemos, que combinan su incuestionable progresismo con algunas utopías pasadas de moda, insistan tanto en el asunto, aprovechando los desafueros cometidos por el Rey emérito, para insistir en la mudanza, sin ver a) que no hay un clamor popular en favor de sus tesis, y b) que uno no ve en qué cambiaría la política española de fondo si en vez de don Felipe VI de Borbón estuviera sentado en la jefatura del Estado un ilustre civil con funciones meramente representativas y sin poder real, elegido por el Congreso de los Diputados para ejercer el cargo durante cinco años.

Es perfectamente legítimo que Podemos sea republicano, como lo es en su fuero interno una parte de la población española, pero el partido populista-comunista tendrá qué aclarar qué aporta la beligerancia republicana en estos momentos y para qué sirve su advertencia de que “una de las tareas fundamentales” de Podemos en el Gobierno será avanzar hacia “un horizonte republicano”. Para ello, Iglesias ha insistido en que hay que aprovechar “el momento de crisis” de la Corona y ha pedido “valentía” para avanzar hacia una “nueva República”.

Ante estas últimas palabras, se acentúa el desconcierto de la audiencia: ¿valentía? ¿Acaso el señor Iglesias nos pide, como Puigdemont a los independentistas, que arrasemos lo que haya que arrasar para conseguir sus ideales? Seamos claros: ¿qué saldríamos ganando si, tras ese acopio de valor y después de poner patas arriba la Constitución española, lográramos instaurar una República?

Sin duda el señor Iglesias, persona bien formada, ha sido un lector asiduo y conoce bien las vicisitudes de este país —ha hecho incluso alguna incursión editorial en su historia—, pero a lo mejor no ha caído en la cuenta de que la Segunda República no se limitó a cambiar la forma de Estado sino que representó la caída del Antiguo Régimen, clasista y feudal, misógino y centralista, clerical y atrasado, por un proyecto intelectual de progreso… que la reacción, todavía poderosa, no consintió y acabó derrocando. En los años veinte y treinta del pasado siglo, ser republicano era tener a gala ideas progresistas, revolucionarias. Hoy, en cambio, no se sabe bien qué es ser republicano, si se exceptúa, claro está, la adhesión a una forma simbólica determinada de la cúspide institucional, que bien escaso peso tiene sobre el funcionamiento del Estado.

Por resumir, merecen todo el respeto la afirmación republicana y la vehemente defensa de un cambio hipotético en esta dirección. Pero sería completamente absurdo generar grave inestabilidad en un país que no hace cuestión de este asunto y que en su inmensa mayoría no experimenta la inflamada voluntad de una mudanza simbólica por la que tendríamos que pagar en todo caso un alto precio en términos de confrontación y malestar.

Dejemos, en fin, las reformas esteticistas para después de las fundamentales —la territorial y la del Senado, la de la educación, la de la sanidad, etc.—, que esas sí corren prisa, aunque no parezca al ver la premiosidad de quienes deberían instigarlas y emprenderlas.

Iberia Navidad
analytiks

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