La decisión final se presentaba por algunos como una bomba informativa. El Supremo decide en un tenso debate por 15 votos frente a 13 que el cliente pague el impuesto de las hipotecas. Una vez más, la banca nunca pierde.

Alta tensión en el segundo día consecutivo de reunión de los magistrados del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, para fijar doctrina y que los clientes sigan asumiendo el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados al suscribir las hipotecas.

Las primeras impresiones que llegaban al exterior del alto tribunal indicaban que la Sala se inclinaba, por la mínima, por atribuir a los clientes el pago del impuesto volviendo a la jurisprudencia tradicional, mientras otras fuentes escépticas manifestaban la posibilidad de que el debate se alargara.

El primer efecto de la tensión en el Supremo supone un claro aumento de la inseguridad jurídica de consecuencias negativas, precisamente en un sector sensible que necesita consolidar la inversión y la recuperación, sin contar el contagio de la banca y el riesgo por sus posibles pérdidas millonarias.

Las cuestiones políticas o las razones ideológicas llegaban a influir en el alto tribunal, ya que el origen del problema arranca en las viviendas públicas de Rivas Vaciamadrid, una localidad a las afueras de Madrid que se ha convertido en el buque insignia de las posiciones radicales contra la banca y el sistema capitalista.

Con el paso de los días, los lobbys del sistema financiero han argumentado sobre el impuesto hipotecario en el sentido de que no se puede devolver lo que no se ha cobrado. También se lanza el reto de una reclamación histórica de las generaciones que a lo largo de las últimas décadas han pagado un impuesto que ahora podrían quedar dañados en comparación con los usuarios a los que una sentencia favorable a su posición les acabara exonerando.

La ministra de Hacienda añadía tensión al afirmar que devolver 4 años del impuesto acabaría costando más de 5.000 millones a las comunidades autónomas.

Hasta el presidente del Supremo había tenido que pedir perdón por la crisis creada: “No lo hemos gestionado bien”. En todo caso, está claro que el pleno tenía que haberse reunido antes de la sentencia, para deliberar sobre el cambio de criterio, y no después. “Cuando se producen modificaciones de jurisprudencia lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales”.

Lo que se constata en los debates mantenidos a cara de perro en el Supremo, en un clima de profunda división, ha generado la imagen de las dos Españas, una vez más frente a frente. Por un lado, los magistrados que apoyaban las tesis de las últimas tres sentencias aprobadas, que consideraban que debe pagar el banco y, por otro, los que han defendido y, al final, han impuesto su criterio sobre la base de los argumentos del voto particular de estas sentencias, en el sentido que será el consumidor quien debe pagar como venía ocurriendo, al menos durante los últimos 20 años.