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Entre traidores anda el juego

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oposición. Casado en la cuerda floja

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, es de los llamados de cupo, ya que ocupa un puesto reservado a UP en el consejo de ministros en virtud del pacto de coalición que nos gobierna. Su cartera ministerial es tan exigua como el presupuesto que la respalda, pero el personaje, que no es ni una lumbrera ni un patán, da de sobras la talla en este escenario político tan demediado que tenemos, en que los méritos personales son más bien menguados, las asignaturas universitarias se han regalado y los másteres se han repartido en generosas tómbolas.

Garzón ha dicho de la ganadería lo que todos sabemos y la mayoría defendemos, no solo en España sino en toda Europa: la ganadería extensiva es sostenible y la ganadería intensiva no.

Pues bien: Garzón ha dicho de la ganadería lo que todos sabemos y la mayoría defendemos, no solo en España sino en toda Europa: la ganadería extensiva es sostenible y la ganadería intensiva no. La ganadería intensiva es contaminante, antinatural, cruenta, y deberá evolucionar hacia formas más acordes con los tiempos, a la vez que deberán cambiar los hábitos alimenticios de la población, de los consumidores. Pero estas líneas no van de ganadería sino de patriotismo, ya que la derecha ha salido en tromba a culpar de antipatriota y de felón al ministro que ha explicado estas cosas nada menos que en The Guardian (hasta algún veterano periodista desorientado, como Fernando Ónega, ha barajado la idea de que es un ‘traidor’). Solo a un rojo sin principios —se ha venido a decir— se le ocurre airear fuera nuestros trapos sucios. Incomprensiblemente, dos presidentes autonómicos socialistas, Lambán y Page, se han sumado a los coros conservadores que han crucificado al ministro y han clamado por los beneficios de los grandes grupos ganaderos de presión, puestos en riesgo por una miembro del Ejecutivo.

Pues bien: el 2 de diciembre pasado, el periodista de El País Guillermo Abril publicaba en su medio una información titulada: “Bruselas lleva a España ante la justicia europea por la contaminación de la ganadería y la agricultura industriales”. Y el subtítulo rezaba: “La Comisión considera que las autoridades españolas no han hecho lo suficiente para proteger el agua de los nitratos, responsables de desastres ecológicos como el del mar Menor”. Uno de los párrafos más reveladores de aquel trabajo era este: «Greenpeace alertaba así de la situación en el reciente estudio Macrongranjas, veneno para la España rural, publicado en octubre: “Debido en gran medida al crecimiento exponencial de la agricultura y ganadería industriales en España, la calidad de las aguas subterráneas y superficiales en nuestro país es muy preocupante. Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 30% de las estaciones de control de las aguas subterráneas y el 50% de las superficiales indican una mala calidad debido a la contaminación por nitratos”, señala la ONG. En él se denuncia la creciente contaminación de las aguas por los nitratos, derivada de una ingente producción de purines de los animales y del uso de fertilizantes sintéticos en agricultura».

Que se recuerde, ni Page ni Lambán salieron a opinar entonces, cuando la Comisión Europea nos manifestó con contundencia que no estamos cumpliendo en absoluto las prescripciones de la Agenda 2030. También calló entonces la derecha, consciente de que muchas empresas aludidas formaban parte de su clientela política y de que la mayoría de las grandes productoras agropecuarias se autorizaron en tiempos del PP.

Pero lo irónico es que se critique desde la derecha con tanta dureza a Garzón por haber dicho lo que dijo en un medio “extranjero”, británico, de prestigio en medios económicos progresistas pero publicado nada menos que en la pérfida Albión. Porque, últimamente, el principal partido de la oposición, ese tan patriota y prudente, realiza gran parte de su tarea crítica desde Bruselas (también en “el extranjero”), donde ha llegado a sugerir que las instituciones europeas no deben dejarse engañar por los mendaces ministros españoles, que dilapidan el dinero que reciben de las arcas comunitarias.

Por si alguien se siente inclinado a pensar que esto es una invención, he aquí algunos datos. El 22 de julio pasado, el periodista Iñigo Adúriz publicaba en eldiario.es una información titulada «Casado insiste en torpedear la política económica del Gobierno y llama a sus cargos a hablar de “catástrofe social”». Con este subtítulo: «Los argumentarios internos que la dirección del PP envía a todos sus dirigentes defienden que el Ejecutivo es “un elemento tóxico y su política económica responde a una ingeniería social”. Esta estrategia se suma al intento por frenar la llegada de los fondos europeos». Se revelaba en dicho artículo que en septiembre [de 2020], cuando la Unión Europea debatía acerca de esos fondos, el líder ‘popular’ se reunió con los embajadores en Madrid de todos los socios europeos para mostrarles su desconfianza en el Ejecutivo para gestionar esos millones del fondo de recuperación. […] Casado reclamó entonces una autoridad por encima de los ministros para gestionar los fondos, alimentando esas sospechas contra el Ejecutivo, que mantiene aún hoy en día. […] También entonces, la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, la exministra Dolors Montserrat, envió un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestionó el Estado de Derecho en España y acusó al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”.

El 21 de octubre pasado, se informaba desde Bruselas de que el plan de reformas español, contrapartida a los fondos Next Generation que nos habían sido asignados, fue aprobado con 10 sobresalientes y un notable. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acudió a España a felicitar al Gobierno y a hacer entrega de su evaluación. Bruselas ya había entregado una primera partida de 9.400 millones, antes de fin de año se le entregó la segunda, de 10.000 millones. Pues bien: las informaciones recogían que Casado, en Bruselas, había desprestigiado de nuevo la planificación española para la recuperación económica en una declaración ante la sede del PP europeo: la cita textual que circuló fue esta: “¿Va a seguir haciendo un gasto público para comprar votos, como el bono para los nuevos votantes de 18 años con el esfuerzo europeo?” […] “¿Queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios? ¿Lo va a contar aquí?”… Criticaba Casado el bono cultural para los jóvenes anunciado por Pedro Sánchez en España, en todo semejante al ‘Pass Culture’ francés y al ‘Bonus culture’ italiano… Con la particularidad de que el bono español se cargaba a los Presupuestos Generales del Estado ordinarios, no a las subvenciones europeas.

Finalmente —la lista podría ser mucho más larga, pero el lector queda ya con lo que antecede suficientemente informado—, el 17 de diciembre pasado, cuando la primera vicepresidenta criticó con comprensible dureza que el PP, para hacer oposición, llegara a acusar al gobierno de encubrir o amparar la corrupción de menores, lo que llevó a Calviño a llamar ‘desequilibrado’ a Casado, se desató una feroz campaña contra la ministra de Economía. Así resumía el caso Ramón Gorriarán en Las Provincias (es una más de las múltiples informaciones sobre el asunto):

“El presidente del PP lanzó hoy una andanada contra Calviño del calibre de las que se reserva para Pedro Sánchez, y antes para Pablo Iglesias. Pasó de emplazar al presidente del Gobierno a que escuche más a su vicepresidenta primera a desacreditar de la cruz a la raya toda su gestión económica. Calviño, a ojos de Casado y los populares, ha pasado de los altares de la ortodoxia económica a estar en su punto de mira. La súbita inquina no es flor de un día. Venía de atrás, desde que la número dos del Gobierno empezó a elevar el tono para rechazar las recetas económicas del PP y de su líder. Sobre todo, las acusaciones de amiguismo en la gestión de los fondos europeos”.

En efecto, el PP ha hecho cuanto ha podido para desacreditar la política española, en busca —no hay otra explicación— de que los fondos europeos no llegaran, por desconfianza en el Gobierno español, a su destino, que es la recuperación de crisis sanitaria de nuestro país. Es muy difícil no ver en este comportamiento una traicionera política de tierra quemada que podía haber perjudicado a toda la ciudadanía si los intentos de boicot hubieran tenido éxito. Por fortuna, “la peor ministra de Economía de la democracia” es bien conocida en Bruselas y por toda la comunidad internacional, y quien ha quedado en ridículo ha sido el promotor de la idea, que resume una concepción pintoresca de patriotismo.

El lector que hay tenido la amabilidad de llegar hasta aquí dispondrá ya de datos y argumentos para dar y quitar razones en este pleito.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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