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¿Estamos ganando la lucha contra la corrupción?

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¿Estamos ganando la lucha contra la corrupción? 1

En todos los países democráticos, la corrupción acecha. La carne es flaca y la tentación, grande, y de ahí que haya establecidos en ellos unos sistemas de controles para desincentivar las tentativas y perseguir los delitos. En la mayor parte de los países de nuestro entorno social y político, hay episodios frecuentes que se descubren, seguramente otros que pasan inadvertidos, y todo ello transcurre ante los ojos indignados de la gente, que sabe que es la ciudadanía la expoliada cuando se hurta recursos públicos.

En España, sin embargo, estos episodios, que parecieron primero aislados y después han ido haciéndose sospechosamente frecuentes, abundan con una recurrencia que ya parece estructural: no hay incidentes de corrupción en la política sino que la política en general está corrupta, o así parece al menos. Lo que no quiere decir que todos los políticos sean corruptos —es evidente que no, ni mucho menos— sino que la falta de principios y las pasiones desordenadas de muchos personajes de la política han degradado el sistema. El caso de las cajas de ahorros es paradigmático: allá donde había posibilidad de corromperse con cierta facilidad (se ha sabido después pero se ha sospechado siempre), todos han caído en la tentación: políticos, empresarios, sindicalistas, personas de derechas, de izquierdas, de centro.

[pullquote]No hay incidentes de corrupción en la política; la política en general está corrupta[/pullquote]

La corrupción, esta historia intensa y recurrente en que ya se simultanean los sorprendentes y escandalosos descubrimientos de nuevos casos con los procesos judiciales con que se trata de saldar los casos antiguos, se ha vuelto en definitiva crónica, y en ciertas etapas como la actual nos envuelve y ahoga con un énfasis descorazonador. Por un curioso azar, una serie de vistas judiciales sobre potentes casos antiguos de corrupción –el ‘caso Pretoria’, el ‘caso Palau’, la primera parte del ‘caso Gürtel’— coincide con el estallido de nuevas y escandalosas pesquisas que han sembrado por enésima vez la lógica alarma social.

En las dos grandes áreas metropolitanas españolas, Madrid y Barcelona, la corrupción ha hecho estragos a los más altos niveles de poder y responsabilidad, y ahora se produce tal coincidencia. En el “caso Pretoria” catalán, Lluis Prenafeta, principal inculpado en el proceso junto al exconsejero de Economía Maciá Alavedra, fue secretario general de la Presidencia de la Generalitat desde la propia victoria de Pujol en las elecciones de 1980 y hasta su dimisión en 1990, para dedicarse luego a ‘conseguidor’, llegando a fundar incluso un periódico. Ahora, apremiado por el riesgo de ir a prisión, ha reconocido haber cobrado innumerables comisiones y defraudado cerca de 15 millones de euros. Aquella red operó sobre todo en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona… Y fue el paradigma del ‘tres-per-cent’ de CiU que denunció Maragall en febrero de 2005 desde la tribuna del Parlament, y que levantó las indignadas iras de Artur Mas, herido en lo más hondo por aquella calumnia sin fundamento alguno… Y todo esto coincide con constantes descubrimientos de nueva planta, últimamente relacionados casi todos con la familia Pujol: los manejos dinerarios del primogénito del ‘president’ amplían la zona del desconcierto en torno al fundador de Convergència.

[pullquote]Aguirre ha cohabitado, sin enterarse de nada, con tres secretarios generales del PP envueltos en casos de corrupción[/pullquote]

En Madrid, el problema de la corrupción, que parecía saturado por los casos ‘Gürtel’ y ‘Púnica’, ha registrado un salto cualitativo más. El miércoles, era detenido Ignacio González, antiguo alto cargo con Aznar, secretario general del PP madrileño entre 2011 y 2016, vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre entre 2003 y 2012 y presidente él mismo de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015. Este ciudadano, que ya estaba siendo investigado por un lujoso ático en Marbella cargado de incógnitas, es ahora acusado de haber saqueado el Canal de Isabel II, una empresa pública de la que fue también presidente. Se da además el caso de que otra ‘mano derecha’ de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, consejero de confianza de Aguirre desde 2003 hasta su caída en desgracia en 2011, está en prisión desde octubre de 2014 por su participación en el ‘caso Púnica’, un gigantesco episodio de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. En suma, Aguirre, en su dilatado periodo al frente de la institución madrileña (2003-2012), ha cohabitado sin enterarse de nada con tres secretarios generales del PP que se han visto envueltos en graves escándalos de corrupción: Ricardo Romero de Tejada (secretario general entre 1996 y 2004) fue condenado por las tarjetas black, Francisco Granados (2004-2011) está en prisión preventiva por la trama púnica e Ignacio González (2011-2016) acaba de ser definitivamente apartado de la circulación bajo graves acusaciones.

Elementos inquietantes en el ‘caso González’

El caso González, que ha permitido detectar otras presuntas corruptelas en la también empresa pública Mercasa, contiene aditamentos inquietantes: primero, se ha conocido que el fiscal anticorrupción Manuel Moix, recién nombrado tras el cambio inexplicado de fiscal general del Estado, ponía obstáculos a la detención de González, y tuvo que ser el consejo de fiscales el que tomara la decisión aplicando el reglamento y desautorizando así a su superior. Después se ha sabido que, en las escuchas telefónicas practicadas antes de la detención de González, este, hablando con el exministro Eduardo Zaplana, recibió del valenciano la noticia del nombramiento de Moix, y González se alegró: dijo que con él viviría más tranquilo. Terrible declaración, que ha de traer forzosamente cola.

Asimismo, ha saltado a la luz una extraña e inconcebible conexión mediática contra la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, en forma de aparente chantaje para que no fuera denunciada la corrupción del expresidente González y sus secuaces. Se ha sabido que el consejero delegado de un importante medio de comunicación tenía “negocios” con González.

[pullquote]No puede ser que un caso de corrupción no se resuelva en un plazo razonable[/pullquote]

Todos los casos que ahora se dirimen en los banquillos hunden sus raíces en los años noventa, por lo que el retraso en la depuración de los escándalos no puede encontrar otras justificaciones que la lenidad o la incompetencia. Se destapan casos nuevos, que generan nuevas sospechas –como si estuviéramos en un cesto de cerezas-, cuando apenas comienzan a juzgarse casos antiguos, con más de una década de antigüedad… Diríase que el equipo institucional de este país, el que debe controlar y depurar el estado de derecho, está fallando. No puede ser que un caso de corrupción no se resuelva en un plazo razonable, de un año o dos como máximo. Un país debería poder dejar atrás su historia más vergonzante en un período razonable de tiempo. Los norteamericanos resolvieron el ‘caso Madoff’, la mayor estafa de la historia –más de 50.000 millones de dólares—, en poco más de un año, y aquí tardamos como mínimo una década en depurar la responsabilidad de un puñado de chorizos de poca monta.

Tampoco es razonable que a la vista de todo lo ocurrido no se hayan adoptado cautelas más estrictas. Este país sigue siendo un patio de Monipodio en que muchos ladrones campan por sus respetos mientras a los ciudadanos se nos exige acendrada conciencia fiscal. Así se no se puede continuar.

Jack Miur
Siempre atento a la innovación, la ingeniería y El Progreso

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