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Frente a la “nación”, el Estado laico

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Frente a la “nación”, el Estado laico 1

Las crisis, políticas o de cualquier otra índole, proporcionan siempre un aprendizaje. El brexit, sin ir más lejos, está teniendo un efecto reactivo positivo sobre el resto de la UE, que ahora entiende mejor que antes las bondades de la pertenencia al club de las democracias y la necesidad de una mayor y mejor integración.

También la crisis catalana, que ha adquirido una envergadura sobrecogedora y cuyos efectos negativos inmediatos habrá que minimizar a toda costa, podrá servir seguramente para racionalizar de una vez por todas el pluralismo identitario de este país, de forma que no estemos siempre a merced de pulsiones sentimentales que enrarecen las relaciones internas y perturban el funcionamiento general del engranaje constitucional. En definitiva, cabe esperar que este ajetreo nos proporcione un radical aprendizaje que produzca un efecto parecido al de una vacuna capaz de inmunizarnos ante cualquier reviviscencia de la misma enfermedad, el nacionalismo.

En efecto, la democracia española, que arrancó en un rapto de buen sentido colectivo que se desarrolló al socaire del recuerdo todavía fresco de la guerra civil —la obsesión de los dirigentes de entonces fue evitar que se repitiera el gran desentendimiento a la muerte del dictador—, no acabó de resolver de una manera definitiva y explícita la cuestión de las nacionalidades históricas, que revivieron con su aura romántica en la última etapa de la dictadura y se desarrollaron luego pletóricamente ya en libertad.

La Constitución de 1978 supuso la normalización de aquella sentimentalidad política –los partidos nacionalistas pudieron vehicular su ascendiente y de hecho han gobernado la mayor parte del tiempo tanto en Cataluña como en Euskadi— y, lo que es más importante, estableció un Estado cuasi federal de gran consistencia, bastante bien articulado y capaz de convertirse en un actor de primer orden en la escena europea e internacional, al tiempo que entregaba a los ciudadanos un generoso estado de bienestar y las herramientas para conseguir una prosperidad que ya es evidente y nadie niega, a  pesar de la reciente crisis.

Sin embargo, la pulsión nacionalista de algunas comunidades periféricas ha mantenido un irredentismo montaraz basado en la pretensión —frontalmente opuesta a la letra y al espíritu de la Constitución paccionada entre todos— de conseguir un “estado” para su ”nación”, de forma que su “identidad” quedase preservada y a salvo, separada mediante las correspondientes fronteras físicas de la “contaminación” colindante.

Pues bien: como ha sugerido Manuel Conthe en un memorable análisis, la respuesta a semejante exigencia imposible consiste en esgrimir “el Estado” y su “laicidad” civil frente a la pretensión “nacional”. El Estado es un concepto jurídico que describe un sistema avanzado de organización, que es por definición “laico” frente a las adhesiones subjetivas de los ciudadanos, en el plano nacional o religioso. Citando a Renan, Conthe señala que el concepto de ‘nación’ no se basa tanto en los elementos materiales que la constituyen –raza, lengua, cultura— cuanto en el sentimiento individual de sus miembros de pertenencia a ella. Y ese sentimiento individual se asemeja al de profesar una religión o ser simpatizante de un club de fútbol, con la principal diferencia de que la nación es una comunidad de base territorial. Así pues, mientras que “Estado” es un concepto jurídico y administrativo, “nación” es un concepto esencialmente psicológico.

El nacionalismo vasco, que tuvo su excrecencia violenta en ETA (que pronto salió de las lindes de la racionalidad y se convirtió en una panda de asesinos), ha entendido desde muy temprano esta diferencia terminológica que encierra realidades políticas muy interesantes. El PNV habla sistemáticamente de “Estado español”, en el que se consideran implicados y que no reclama sin embargo de ellos ninguna lealtad sentimental, sólo la jurídica. Su nación es la patria vasca, lo que no significa que no entiendan que su mejor acomodo es el actual, con grandes márgenes de autonomía y las ventajas de pertenecer a una entidad superior que les otorga indirectamente protagonismo y peso, en la UE por ejemplo.

En Cataluña, sin embargo, la filiación identitaria, acalorada y vehemente como la de los ancestros que soñaban en convertir su territorio en una aislada Arcadia feliz, está intentando una ruptura que el Estado no va a consentir, por la misma razón –el ejemplo es de Manuel Conthe— que ningún estado federal avanzado permitiría por ejemplo que un ente federado restaurara la pena de muerte para sancionar un crimen horrible después de haberla abolido en la federación. El carácter cuasi religioso del nacionalismo, tan bien descrito por Álvarez-Junco en sus ensayos definitivos, evita ulteriores explicaciones sobre la legitimidad de las medidas que tome el Estado para impedir que un sector ofuscado por su fervor patriótico pretenda imponerse  con pretensiones excluyentes a una colectividad mucho más amplia por razones étnicas, culturales, de identidad.

De ahí que la crisis catalana haya de desembocar en una potenciación del concepto de Estado, que es una construcción jurídica acogedoramente neutra en la que caben todas las religiones pacíficas y las distintas ‘nacionalidades’, es decir, las diferentes adscripciones identitarias, que no dan derecho a destruir el edificio institucional, por más que los ‘catalanes’ sientan que su ‘nación’ es Cataluña y no España. Si finalmente interiorizamos estas evidencias, la crisis habrá servido realmente para algo.

analytiks

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