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La investidura se oscurece: no cabe descartar las terceras elecciones

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Investidura. Urge formar gobierno. Pedro Sánchez

Pese a la tranquilidad —¿irresponsabilidad?— con que se ha aguardado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era previsible, como habían manifestado algunas opiniones jurídicas autorizadas de aquí dentro, que el tribunal comunitario cumpliera a rajatabla con la función que se le atribuyó en el momento de su creación: defender a capa y espada a la institución parlamentaria europea de las interferencias de los Estados miembros… Resultaba lógico pensar que la más alta instancia jurisdiccional de la Unión tendría tendencia a defender la representación y la integridad de los eurodiputados frente a los intereses particulares de los gobiernos. Pero ello no debería escandalizarnos ni ser aprovechado para atacar la legitimidad, la dignidad y la solvencia de los tribunales españoles.

Nada tiene de extraordinario que el TJUE corrija en casación una posición procesal del Tribunal Supremo español porque la estructura jurídica de la UE forma parte del Derecho interno de España

Quien vea el panorama con conocimiento de causa y un mínimo de ecuanimidad, se percatará de que nada tiene de extraordinario que el TJUE corrija en casación una posición procesal del Tribunal Supremo español porque la estructura jurídica de la UE forma parte del Derecho interno de España, de tal forma que el TJUE y el TS pertenecen al mismo sistema judicial. Así lo hemos aceptado al adherirnos a los Tratados. Y se olvida a veces que fue el propio Tribunal Supremo el que preguntó al Tribunal de Luxemburgo si era correcta su visión de que la inmunidad parlamentaria se adquiría en el momento de la proclamación a cargo de la Junta Electoral Central, tesis que no ha sido aceptada. La capciosa interpretación de que la justicia europea ha dado una bofetada a la española es tan peregrina como la de que la aceptación de un recurso por el Tribunal Supremo frente a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es un insulto a la institución andaluza y, por extensión, a todos los andaluces.

El nacionalismo saca jugo al ‘éxito’ de los recursos interpuestos por Junqueras

Dicho esto, era también perfectamente previsible que el nacionalismo sacaría todo el jugo posible al “éxito” de los recursos interpuestos por Junqueras, Puigdemont y Comin, personajes que mantienen la tesis de que el Tribunal Supremo español no es más que un engranaje de la rueda de la represión española, que actúa al dictado de las mayorías políticas y que colabora gustosamente al sojuzgamiento de Cataluña. El supuesto desprecio del tribunal europeo al Supremo español, que se añadiría al desdén con que belgas y alemanes han ninguneado las euroórdenes españolas, sería una prueba fehaciente de que el Estado español no goza de respetabilidad en Europa, por lo que antes o después Cataluña encontrará apoyo internacional a su voluntad secesionista. Es evidente que esta una visión falsa y voluntarista de la realidad: ni la justicia europea ha desmontado el juicio a los responsables del ‘procés’, ni los independentistas encontrarán las simpatías de las instituciones ni de los miembros de la UE, de forma que el Estado español recibirá la solidaridad de todos ellos ante el particularismo desacreditado de los soberanistas, emparentados con los fanáticos nacionalismos europeos que incendiaron el siglo XX y costaron decenas de millones de vidas.

El discurso exultante del nacionalismo catalán al conocer la resolución del TJUE incluye una ruptura que resulta evidentemente intolerable para el Gobierno (o para cualquiera): la que existiría entre la ‘vía judicial’ y la ‘vía política’ de resolución del conflicto catalán. El nacionalismo —el conservador de Puigdemont y Torra y el teóricamente progresista de Junqueras y Rufián— exige que se abandone la vía jurídica y que el asunto se encauce políticamente, hasta pactar un referéndum de autodeterminación. Con la particularidad de que la abstención de ERC en la investidura de Sánchez, indispensable para que prospere, se ha encarecido súbitamente desde que se ha conocido la referida sentencia.

En efecto: Marta Vilalta, portavoz de ERC y miembro de la comisión negociadora de la investidura, dijo el mismo jueves que la resolución del TJUE  “es la oportunidad que tienen los socialistas para demostrar que finaliza la vía judicial y de la represión [sobre el procés] y que empieza la vía política”. “No habrá otra reunión hasta que haya una opinión del PSOE y de la Abogacía del Estado, que todo el mundo sabe que depende del Gobierno”, añadió. Tras una reunión de la ejecutiva de ERC, Vilalta insistió en que “lo que hagan [los socialistas] es muy importante para evidenciar que abandonan el camino de la desjudicialización y se toma el de la vía política”.

Es evidente que en estas manifestaciones hay un gran equívoco, que ni este Gobierno en funciones, ni el PSOE, ni las fuerzas políticas democráticas y constitucionales pueden tolerar: los negociadores de ERC parecen pretender, y así lo manifiestan, que su abstención ante la investidura, que la posibilitaría, ha de supeditarse a un cambio de posición del PSOE, que repentinamente debería ponerse de parte de los promotores del ‘procés’, en contra del régimen constitucional y de sus instituciones y por lo tanto del Tribunal Supremo, hasta reconocer paladinamente que Cataluña tiene perfecto derecho a desgajarse del Estado ya que así lo quiere el 47% de los electores (han leído bien: el 47%).

La abstención de ERC posibilitaría un gobierno socialista

Cuando el planteamiento cabal debe ser el inverso: la abstención de ERC, que posibilitaría un gobierno socialista en el Estado y, probablemente, más adelante, un tripartito de izquierdas en Cataluña (ERC-PSC-Comunes), sólo tiene sentido si representa la renuncia de ERC a la vía unilateral, a jugar a la independencia fuera de los cauces legales y constitucionales. Quien ha de entonar el mea culpa y rectificar, la formación que debe considerar que el camino que ha emprendido no conduce a ninguna parte, es ERC, no el PSOE. Y si esto no se entiende ni se digiere, aunque sea de manera tácita para que cada cual conserve su dignidad y no tenga que pagar excesivo precio político por la mudanza, no tiene sentido seguir hablando.

Las gentes de ERC, como todos los nacionalistas, tienen la vehemencia de los conversos porque se creen que defienden una causa trascendente y patriótica. Y temen ser acusadas de traidoras por sus competidores de derechas –el nacionalismo conservador tiene muy mala fama en Europa por razones obvias, y en Cataluña registra además una historia reciente vergonzante—. De ahí tanta vacilación y tanto circunloquio que no pueden mantenerse por más tiempo: Junqueras debe decidir si piensa seguir uncido al yugo que controla Puigdemont —sangre, sudor y lágrimas—, de confrontación permanente con el Estado que llevará a situaciones indeseables y quién sabe si excepcionales, o si, cargado de valentía, decide regresar a la senda democrática y racional de la negociación y el diálogo para mejorar el statu quo de una Cataluña autónoma en el Estado español.

A muchos nos ha parecido siempre improbable que el lloroso y sentimental Junqueras diese el puñetazo sobre la mesa, por lo que el conflicto dejaría de tener —digámoslo claro— solución política. Y en este caso, habría que desistir de la investidura de Sánchez en los próximos días cuyo precio no puede pagarse.

Soluciones o no habrá investidura

Las soluciones alternativas están ahí: o la gran coalición PSOE-PP (sin C’s, que sería un enredo más que una ayuda), que debería tener carácter excepcional y limitarse a gestionar la cuestión catalana por un tiempo limitado, o directamente las terceras elecciones. Si se explica bien a la ciudadanía el porqué de semejante solución extrema, lo entenderá sin duda.

Pero no todo está aún perdido: al fin, el analista —el observador que, con la expresión llena de vaguedad, espera la forma de la palabra, como dejó escrito Paul Valéry— quisiera creerse las declaraciones de Junqueras del pasado jueves a Catalunya Ràdio en la prisión de Lladoners, en las que manifestó que “no se tiene que parar la negociación con el PSOE en ningún caso, esté yo en la cárcel o no”. Y en las que, entre otras cosas, dijo al ser preguntado por una afirmación polémica de Ábalos en las que el ministro aseguró que ERC había abandonado la vía unilateral hacia la independencia, que “el Estado debe abandonar la unilateralidad de la judicialización y la represión”. Y acto seguido Junqueras defendió la multilateralidad y reconoció la pluralidad de la sociedad catalana: “¡Siempre he sido multilateralista! Cualquier proyecto complejo es multilateral porque afecta a mucha gente, y tiene implicaciones para muchas personas. ¿O no es compleja una vida en familia? ¿Es unilateral o multilateral? Multilateral. Porque todas las relaciones complejas lo son”. ¿Podemos creernos realmente este desahogo? En pocos días tendremos una respuesta.

Iberia Navidad
Antonio Papell
Director de Analytiks

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