La gran crisis 2008-2014, muy mal capeada por la mayoría de los regímenes occidentales, ha tenido en España un efecto especialmente perverso: el desprestigio del “régimen del 78”, ya que sus gestores, del poder y de la oposición, han sido incapaces de prever, de gestionar, de resolver y de remontar la doble recesión que arrasó las clases medias y ha deteriorado sensiblemente el estado de bienestar.

El deterioro sin duda reversible del ‘régimen del 78’ es todavía una consecuencia de la guerra civil (no es fácil suturar una herida de aquellas dimensiones, ni el método de las amnistías mitiga la carga de realidad de los grandes conflictos), y debe paliarse por todos los métodos al alcance. En los dos siglos de vida democrática norteamericana ha habido de todo, incluso una guerra civil, y sin embargo sus fundamentos, perfeccionados, continúan intactos y nadie los cuestiona. Por ello,  deberíamos aprender a asumir las culpas de los fracasos y no endosarlos al sistema, que a fin de cuenta es similar (lo hemos copiado) al de las grandes democracias de alrededor.

La Segunda Guerra Mundial, la mayor tragedia que ha sufrido la humanidad tanto por la magnitud de la catástrofe y la pérdida en vidas cuanto por la significación horrenda del Holocausto, es en definitiva el referente democrático que nos permite objetivar los límites de nuestro sistema de convivencia y el inmenso terreno ideológico en que la democracia puede desenvolverse, aunque sin sobrepasar en ningún caso determinados límites.

La gran guerra 1939-1945 fue, muy resumidamente, la consecuencia del expansionismo brutal de un régimen supremacista, nacionalista y totalitario, que fue frenado y finalmente vencido por la alianza entre el régimen comunista ruso y el conjunto de las democracias occidentales encabezadas por Estados Unidos, que se convirtió desde entonces en la gran potencia occidental.

Pese a que el genocidio de los nazis es un hito irrepetible y descalificante sin parangón en la historia moderna, es innegable que el comunismo estalinista fue también un ominoso régimen totalitario, con brotes genocidas y una historia de horror a sus espaldas en la Europa del Este. Por ello, la nueva Alemania surgida de las cenizas de la anterior en 1945 se protegió constitucionalmente contra el nazismo y contra el comunismo. En 1994, todavía se reforzaban en Alemania las medidas antitotalitarias con un conjunto de resortes penales para combatir la violencia xenófoba, la extrema derecha y para castigar a los nostálgicos del Tercer Reich. La propuesta parlamentaria aprobada por el Bundestag disponía la imposición de multas y penas de hasta tres años de cárcel para quienes «aprueben, nieguen o minimicen, en público o en una reunión, los actos perpetrados durante la dictadura nazi». El comunismo, por su parte, fue evolucionando, y el hundimiento del ‘socialismo real’ en 1989 (caída de Muro de Berlín) ha diluido los temores que pudiera suscitar el marxismo-leninismo utópico.

La familiaridad del franquismo con el nazismo no es teórica: el régimen totalitario que ganó la guerra civil en 1939 colaboró incluso militarmente con Hitler y no ocultó sus afinidades, aunque tras la derrota del Eje tuviera lógicamente que recomponer la figura y aparentar una apertura. De cualquier modo, parece inútil y poco realista invocar a estas alturas aquella relación cuando, tas cuarenta años de franquismo, llevamos a cabo una extraordinaria transición para superar tanto el contencioso histórico como la incivil fractura de España en dos.

Defensa de la Constitución

El valor que hoy merece y requiere defensa sin reservas es la Constitución, y no tanto en lo que tiene de definición de un modelo de convivencia sino en su papel irremplazable de método refinado de resolución de conflictos. En este país, después de 1978, hay que asumir y defender unos principios universales inexorables, los grandes derechos humanos (lo que excluye de la convivencia a xenófobos, homófobos, misóginos, etc.), pero todo lo demás es opinable: se puede estar a favor de la independencia de Cataluña (como hacen los partidos soberanistas catalanes) o se puede ser partidario de que desaparezca el Estado de las Autonomías y se regrese a un Estado unitario (como propone Vox legítimamente). Lo que no se puede, y se ha de combatir por tierra, mar y aire, es tratar de provocar estas reformas sin utilizar los cauces prescritos por la propia Constitución, que es el rousseauniano contrato social que nos hemos dado entre todos y que todos estamos obligados a cumplir.

Esto es lo que no han entendido los independentistas que han vulnerado burdamente la legalidad para conseguir un objetivo posible pero que, de acuerdo con el pacto constitucional, hubieran debido intentar por otros caminos. Y esto es lo que Vox ha de tener presente cuando exhibe sus propuestas de involución, que también son legítimas pero que no pueden lograrse obviamente por vías diferentes de las que nos hemos dado. En este sentido, la mera evocación del golpismo, el elogio a regímenes genocidas o irrespetuosos con los derechos humanos,  la apología de actitudes que conducirían a la violencia, no pueden ser tolerados. Conviene decirlo alto y claro.

Los independentismos: la voluntad popular prevalece sobre el imperio de la ley

Las leyes de convocatoria de un referéndum y de desconexión —la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República— que aprobó el parlamento de Cataluña el 6 y el 7 de septiembre de 2017, y que fueron inmediatamente anuladas por el Tribunal Constitucional, fueron una aberración jurídica, con independencia de la valoración política que cada uno haga de aquella concreta opción. Igualmente, el referéndum del 1-O (como antes la consulta del 9-N convocada por Mas), al margen de la Constitución, no tuvo apoyatura jurídico-institucional alguna. Se violentó, en fin, el ordenamiento elaborado democráticamente (con participación activa de los catalanes, que participaron y votaron en 1978), con el insostenible pretexto de que se daba preferencia a la voluntad popular sobre las trabas formales de la normativa. Pues bien: esta argumentación es totalitaria y antidemocrática  porque no hay democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Uno de los artículos más hermosos de nuestra Constitución es el 9.3, que dice textualmente: «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

Este artículo es una de las formulaciones concretas del Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución en su artículo 1.1: «España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

En definitiva, los independentistas que están siendo juzgados no lo son por independentistas sino por haber violentado el principio de legalidad. Y persistir en el error, como hace Torra al frente de los todavía irreductibles fanáticos que proponen la llamada solución unilateral, es adoptar posiciones totalitarias, incurrir en una deriva autoritaria, por mucho que se llenen la boca de la palabra democracia, que es, como decía Ortega, como una ramera que cohabita con muchas significaciones.

VOX y los militares

Pedro Pitarch

Vox está ocultando su verdadero ideario y apenas conocemos algunas propuestas que son características de las formaciones de extrema derecha europea y nortemericana. Tiempo habrá de valorar sus postulados, el encaje de los mismos en el ordenamiento, etc. De momento, no se puede pasar por alto alguna peculiaridad de esta organización inquietante que se ha desgajado de la extrema derecha del PP.

Resulta que varios generales retirados han decidido alistarse en Vox, y uno de ellos, el teniente general Pitarch, ha manifestado en público, en relación con su alistamiento en las filas de la organización de extrema derecha, que «hay decepción en la política de apaciguamiento». Habría que precisar qué quiere decirse: quiénes están decepcionados, que políticas alternativas se sugieren a las que hasta el momento han gestionado sucesivamente Rajoy y Sánchez. El concepto “política de apaciguamiento” produce en Europa evocaciones inquietantes

El general retirado ha explicado asimismo que la adscripción suya y de sus congéneres a Vox se debe a que los gobiernos del PP y del PSOE no han combatido el reto del independentismo. También merecería alguna aclaración el aserto: ¿Piensan acaso que la milicia debería entrar en este combate para enmendar la blandura de los políticos profesionales, representantes de la ciudadanía?

En todo esto hay una serie de elementos heterodoxos que conviene abordar con la mayor expresividad y claridad. El primero y principal es que un teniente general en la reserva tiene perfecto derecho a utilizar hasta el límite sus libertades constitucionales, incluida la de expresión y la de afiliación a un partido político; sin embargo, es inaceptable que este general retirado sugiera gestualmente que habla en nombre del estamento castrense, ni siquiera del grupo de jubilados que dan el paso de afiliarse a Vox. Ni puede tolerarse que se dé a entender que su decisión se corresponde con un sentimiento generalizado en el Ejército, que los militares en activo no expresan porque lo tienen vetado. Claro que lo tienen vetado: desde la III República francesa, el ejército es “el gran mudo”, y la expresión se adapta a todas las democracias.

Seamos claros: el poder del Estado –todo el poder, civil y militar— está en manos de las instituciones civiles, por lo que el diagnóstico de la realidad que pueda hacer un grupo de militares en la reserva no es relevante ni puede ser legítimamente utilizado como argumento por una formación política que compita en el pluralismo. Esto no es una república bananera en que la milicia es una especie de ‘utima ratio’ que ha de salvar al Estado cuando este se hunde. Y si aquí el Estado diera muestras de estar hundiéndose (algo que ni siquiera se atisba en el horizonte, por serio que sea el conflicto catalán), tampoco correspondería al Ejército papel alguno. Los ciudadanos, masivamente, no lo consentiríamos.

Finalmente, es preciso hacer una consideración: no hay forma legal de impedir que este grupo de militares, algunos de ellos explícitamente nostálgicos de la dictadura franquista –aliada y cómplice del nazismo y del fascismo en la Segunda Guerra Mundial—, se manifieste como considere oportuno, pero sí sería una indecencia que los partidos democráticos tuvieran relaciones políticas con el partido que da cobijo a semejante engendro, que pretende ser una amenaza autoritaria a la integridad del régimen constitucional. Si Vox persiste en su actitud, ha de ser aislado y acordonado para que quienes evocan soluciones castrenses al problema de España se cuezan en su propia salsa, sin contaminar a su alrededor.