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La decadencia de la vieja política

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La decadencia de la vieja política 1

Las encuestas política, utilizadas con frecuencia como resortes de publicidad y propaganda, tienen una credibilidad exigua. Incluso los sondeos del CIS, efectuados con la garantía del Estado y en los que la probidad del trabajo de los funcionarios no está en cuestión, adolecen de un tratamiento de datos –de una ‘cocina’- discutible y controvertida.

Pero a pesar de este valor tan sólo relativo, es indudable que las encuestas sí sirven para olfatear tendencias, a partir, naturalmente, de secuencias de acontecimientos. Y la lectura continuada de las series históricas, manipuladas o no, facilita elementos de análisis evolutivo que con frecuencia resultan valiosos.

Los últimos sondeos publicados, que van jalonando el interminable y complejo conflicto de Cataluña, confirman una sensación creciente que hemos experimentado muchos observadores: esta crisis política de gran calado, que se ha superpuesto en su origen a la crisis económica y que irrita sobremanera a la sociedad civil, está siendo imputada cada vez más no solo a los propios soberanistas sino también al establishment, que se considera anticuado y parasitario, y a sus principales actores durante toda la etapa democrática, el Partido Popular y el Partido Socialista, que representan la iniciativa constituyente que intentó resolver la eterna cuestión territorial española y que se ha turnado en la gestión del desarrollo del Estado de las Autonomías. De hecho, todo este proceso se ha basado en dos grandes pactos, el de 1981, acordado entre Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González (la armonización impulsada por la LOAPA fue desmontada tiempo después por el Tribunal Constitucional) y el de 1992, firmado por Felipe González y por José María Aznar, en el que se fijó el marco para transferir 32 nuevas competencias, incluida la de Educación, en un intento de igualar a las comunidades de ‘vía lenta’ con las comunidades ‘históricas’ y de dar por cerrado el desarrollo constitucional. Hubo que reformar diez estatutos de autonomía, lo que se hizo a lo largo de 1993.

Y nada más se hizo desde entonces, aunque pronto comenzó a hablarse –lo hizo sobre todo el PSOE- de la necesidad de racionalizar aquel modelo, en muchos sentidos inconexo, para darle una consistencia federal. Las dos grandes organizaciones políticas que se han turnado al frente del gobierno del Estado, han sido sin embargo incapaces de avanzar hacia un modelo estable —hacia un Estado Federal— que pusiera fin a los vaivenes y al mercadeo que han caracterizado los últimos cuarenta años, y que ha desacreditado el modelo compuesto de país (la táctica pujolista de ‘peix al cove’, ayudas parlamentarias de la minoría catalana al Gobierno de turno a cambio de dádivas económicas, ha irritado como es lógico al resto de las comunidades). El Estado de las Autonomías no ha sido funcional y los gobiernos han ido intercambiando sin el menor pudor estabilidad por contrapartidas —todavía hoy estamos asistiendo a la negociación de los presupuestos por este procedimiento indecoroso—, y en algún momento el sistema tenía que llegar al límite y estallar. Esto ocurrió con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, una pieza legal incompatible con la Constitución, que fue rechazada por el Constitucional en medio de un indecente forcejeo político después de que el Parlamento español le diera el visto bueno y el electorado catalán la refrendara en solemne referéndum. El conflicto estaba creado.

Aquel hito, con su infausto desarrollo posterior en plena y grave crisis económica, supuso la definitiva caída en desgracia de la “vieja política”. PP y PSOE no fueron capaces ni de prevenir la gran crisis económica y financiera -la burbuja inmobiliaria fue una obra a cuatro manos de los señores Rato y Solbes—, ni de manejarla razonablemente cuando ya hubo estallado, ni de gestionar y embridar la cuestión territorial, cada vez más desencaminada y cuyo descarrilamiento habría de tener —ya se intuía entonces— consecuencias muy perturbadoras. Y aquel doble fracaso fue el causante del estallido pacífico del 15-M en las calles, lo que permitió atisbar otra España que no aparecía en los esquemas conservadores de las mayorías. En realidad, las manifestaciones de “indignados” del 15 de mayo de 2011 no fueron extraordinarias, apenas alcanzaron una participación de 25.000 personas en Madrid, unas 6.000 en Sevilla y 8.000 en Valencia, según los propios organizadores. Sin embargo, aquellos movimientos fueron seguidos por la posterior ocupación de plazas por toda España, y la estabilización del malestar tuvo efecto llamada y alcanzó una repercusión creciente, que activó a numerosos individuos y sectores sociales adormilados.

El adocenamiento del establishment en la comodidad institucional surgida de 1978, la falta de sensibilidad a la hora de poner orden en el desbarajuste autonómico –era necesario un cierre del modelo que nadie se atrevió a proponer siquiera—, el surgimiento creciente de casos de corrupción, particularmente hirientes en momentos de grave crisis económica y de abundancia de situaciones de necesidad, así como la indolencia ante una crisis letal para las clases modestas fueron los elementos que hicieron estallar el modelo. Por una parte, la política catalana se echó al monte. Por otra, surgió y se desarrolló una creciente desafección hacia los partidos tradicionales y comenzó el surgimiento de partidos nuevos, que aparecían a primera vista cargados de imaginación, incontaminados, limpios y dispuestos a cambiarlo todo (la realidad, después, no ha sido tan brillante, es claro).

La ‘nueva política’ se asomó finalmente en España a las elecciones europeas de 2014 y, a pesar de tener que luchar con un sistema electoral adverso, puso definitivamente fin al viejo bipartidismo en las elecciones generales de diciembre de 2015 y de junio de 2016… Pero el proceso de cambio no ha terminado aún. El recrudecimiento de la cuestión catalana ha revelado graves carencias en un Estado abandonado a su suerte, y la evidencia de que la salida de la crisis con el esfuerzo de todos está generando cotas insoportables de desigualdad son factores que acentúan el proceso de sustitución de la vieja por la nueva política. El PP en el poder todavía, frenando avances y regeneraciones inaplazables, está abocándose a la catástrofe, sin ser quizá del todo consciente de ello todavía. Y el PSOE tendrá que hacer grandes alardes de ingenio, de imaginación y de audacia si quiere librarse de la amenaza de los jóvenes de Podemos. Estamos, parece, al borde de la extinción de la ‘vieja política’.

El PP tiene, aparentemente, un sustituto ‘natural’, Ciudadanos, por lo que el trasvase es más fácil (y esa posibilidad resulta extremadamente peligrosa para el partido de la madrileña calle Génova). En la izquierda, la pugna es distinta: Podemos no crecerá si mantiene sus vínculos extremos y públicos con Izquierda Unida, la residencia del anacrónico Partido Comunista y la patria del trasnochado Julio Anguita, lo que confina a Pablo Iglesias también en los parajes de la ‘vieja política’. Pero el PSOE, con grandes dificultades de conseguir audiencia y visibilidad –por la dificultad que tiene de acceder a un sistema mediático que le es generalmente hostil y por el hecho de que su líder no esté en el Parlamento- habrá de intensificar su penetración en el cuerpo social y de introducir elementos ideológicos al debate político si quiere salir del marasmo que, en cierta medida, es consecuencia de la desideologización causada por la crisis y por la gran marea de corrupción.

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Antonio Papell
Director de Analytiks

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