Debate

La democracia española juzga a sus adversarios

1
Torra, sobre unas banderas de España y Cataluña

Los correligionarios de quienes van a ser juzgados en la vista oral del Supremo contra los promotores del ‘procés’ están llevando a cabo una campaña nacional e internacional de descrédito de la democracia española para tratar de convertir a los encausados en víctimas de nuestro régimen, supuestamente autoritario. Con un cinismo digno de mejores causas, Torra pidió a Sánchez poco antes de que los presos se desplazaran a Madrid “valentía, coraje y voluntad de emprender los cambios democráticos que España necesita para homologarse a las democracias plenas y avanzadas del mundo” […] Unos “cambios democráticos” que a su juicio sólo se pueden garantizar con “el diálogo, la negociación y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña”. En la misma línea, la semana pasada, el periodista y disidente turco Can Dündar publicó una dura columna en el  diario alemán Die Zeit en la que cargó contra España por la prisión preventiva decretada por el Tribunal Supremo contra el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Dündar, que acudió a visitar al líder social a la prisión de Lledoners, comparó a España con Turquía o Rusia… Esta es la argumentación que el secesionismo pretende importar y exaltar para prestar servicio a sus intereses.

Pues bien: no parece que España tenga que emprender cambio alguno para ser considerada internacionalmente una democracia plena, incuestionable e impecable.

Solo un 4,5 % de la población mundial vive en una democracia plena

The Economist ha publicado hace escasas semanas el ‘The Democracy Index 2018’, que elabora anualmente, y que revela que actualmente sólo un 4,5 % de la población mundial vive en una democracia plena, un 0,5% menos que hace un año. En dicha clasificación, España repite, otro año más, en el puesto número 19 de la veintena de países que The Economist considera democracias plenas. Con una puntuación de 8,8 puntos sobre 10, España se coloca por delante de otros países europeos como Francia, Bélgica, Italia y Portugal. Los países que se hallan a la cabeza de ese prestigioso listado son Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca y Canadá. El estudio tiene en cuenta cinco criterios: si las elecciones son realmente libres y justas (“proceso electoral y pluralismo”), si los gobiernos están sometidos a controles y existen contrapoderes (“funcionamiento del gobierno”), si los ciudadanos participan y están involucrados políticamente (“participación política”), si apoyan a su gobierno (“cultura política”) y si gozan de libertad de expresión (“libertades civiles”). Por cierto, Turquía ocupa el puesto 110 en este ránking y Rusia el 144.

“Polity” es otro estudio desarrollado desde finales de los años sesenta por el politólogo norteamericano fallecido en 2017 Ted Robert Gurr que evalúa numerosos rasgos autoritarios y democráticos de los Estados y les otorga una nota del 1 al 10 (1 es totalmente democrático, 10 sería la dictadura perfecta). Pues bien: según el Polity IV, hay 34 estados en el mundo que tienen el máximo democrático, y por supuesto España está en ese grupo. Después hay otros 36 países que obtienen entre 8 y 9 puntos (Argentina, Francia o México, por ejemplo) y 25 naciones que, con una puntuación entre 6 y 7, tienen dificultades algo más graves pero también son consideradas democráticas (ColombIa o Israel, por ejemplo).

Hay otros indicadores acreditados del desarrollo democrático de los países, pero no tiene sentido insistir en lo obvio. España posee una democracia más que aceptable, a pesar de que, como la inmensa mayoría de las demás democracias incuestionadas, no tiene reconocido el derecho a la autodeterminación de sus territorios internos. En realidad, el Derecho Internacional sólo reconoce ese derecho a los territorios en situación colonial o víctimas de genocidio u otras violaciones gravísimas de los derechos humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, conocido como “pacto de Nueva York”, dice en su art. 1.1 que «Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho deberán establecer libremente su condición política y forjar su desarrollo económico, social y cultural». El art.1 del Pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales tiene idéntica redacción que el anterior y los dos forman parte de nuestro ordenamiento a través del artículo 10.2 de la Constitución. Pero ninguno de los dos Pactos anteriores es de aplicación a Cataluña ya que se refieren a situaciones coloniales. Ambos pactos beben de la resolución de la ONU de 14 de diciembre de 1960, en que se aprueba la Declaration on the Garanting of Independence to Colonial Countries and Peoples, cuyo artículo 2 se considera el acta de nacimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero esta Declaración dice en su artículo 6: “Todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas“. Niega, pues, con clamorosa claridad, el llamado “derecho de secesión”. Por eso, tal derecho no forma parte del ordenamiento interno de ninguna democracia constitucionalizada (el Reino Unido no tiene, como es conocido, una Constitución escrita).

Leer más: La amenaza de los ‘hombres fuertes’ para la democracia

El marco de juego, con o sin relator

Pese a la existencia objetiva de este marco legal internacional, es claro que el conflicto planteado por el secesionismo catalán, que tiene raíces seculares,  sólo puede resolverse, salir del bloqueo y avanzar hacia un hipotético desenlace mediante el diálogo y la negociación. No hay otro camino pacífico para la distensión y la convivencia, o sea que quienes lo rechazan deberán explicar su opción alternativa. Ni Casado ni Rivera lo hacen.

De momento, Torra ha planteado la negociación con el Estado como un trágala de 21 reivindicaciones que no hay modo de encajar en su contexto. https://www.ecestaticos.com/file/2565d2cc1302803615b99a7d8cabbb36/1549393574-21puntostorrapedrosanchez.pdf

Semejante pretensión no puede ni siquiera ser abordada en su integridad (es evidente que el Gobieron español no puede negociar la autodeterminación de un territorio de su soberanía), pero no por ello se ha de interrumpir el diálogo, que, mientras se mantenga, refleja la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo posible. De momento, la persistencia de la voluntad de dialogar ha de interpretarse como una posibilidad objetiva de acordar una solución. Con las siguientes consideraciones:

Por una parte, es evidente que el enunciado del documento parte de la conocida fabulación (deformación de la realidad) que realizan los soberanistas. No existe “un conflicto entre España y Cataluña”. Cataluña no es, ni será, una entidad simétrica a España con personalidad jurídica propia y separada de la española. Hay un conflicto en España entre el Estado-institución y el soberanismo catalán. Un conflicto que, en el supuesto de que tenga solución, sólo es posible resolver mediante reformas legislativas del marco institucional, dentro de los generosos márgenes que ofrece la Constitución, incluida la evolución de la propia carta magna (que es una Constitución abierta, y por tanto reformable). Reformas que deberán ser encarriladas hacia el poder legislativo, que es el competente para modificar el marco institucional. Los encuentros entre el Gobierno de la Nación y la Generalitat podrán marcar pautas, efectuar sugerencias, obtener criterios que después puedan ser gestionados por los partidos, pero en nuestro sistema democrático, las hipotéticas reformas de la Constitución y del Estatuto sólo son concebibles si llegan a los parlamentos a través de los partidos políticos (principales cauces de representación de la ciudadanía) y se formalizan por los procedimientos preestablecidos por la Constitución y las leyes de desarrollo.

Cataluña no es, ni será, una entidad simétrica a España con personalidad jurídica propia y separada de la española. Hay un conflicto en España entre el Estado-institución y el soberanismo. catalán

A. Papell

El relator

Por otra parte, el mencionado documento de Torra, que en el punto 2 reivindica el imposible derecho de autodeterminación (ya hemos explicado más arriba su inviabilidad), demanda una mediación internacional: “Es necesaria una mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad”. Sentado todo lo anterior, y puesto que el conflicto es interno y entre entidades que no son en absoluto iguales, la invocación a una mediación (internacional o no) es absurda y ni siquiera puede ser considerada por el Gobierno de la Nación.

Con la mirada puesta en esta demanda, que en el fondo pretende el reconocimiento de la personalidad de Cataluña como nación soberana, la Generalitat –Elsa Artadi y el vicepresidente Pere Aragonés— ha pedido que en las negociaciones esté presente un ‘relator’, un notario, un ‘facilitador’, un fedatario público. El Gobierno, sin duda consciente de que avanza por un terreno resbaladizo, ha dicho que sí, no sin aclarar que nada tiene que ver esta figura con la del ‘mediador’. Esta concesión ha sido considerada por la oposición una claudicación, una “traición a España”, una “felonía”, una victoria de los independentistas. Por fortuna, la dialéctica conservadora está tan desacreditada que la vociferación ha perdido efecto en este país. Los dicterios molestan pero no hacen mella en política.

De cualquier modo, hay que decir (por aquello de que quien calla otorga) que los insultos desaforados que se han vertido sobre Sánchez, provenientes de formaciones que pasaban por ser moderadas y educadas, están absolutamente fuera de lugar porque nadie cree realmente que haya la menor concesión de fondo a los independentistas. Ni la unidad de España está en juego, ni caben reformas del marco institucional que no se hayan ajustado estrictamente a los procedimientos tasados en la Constitución. Las manifestaciones convocadas por la derecha son un acto de precampaña electoral en que las tres derechas se disputan el voto a cara de perro. Con la particularidad de que muchas personas desprevenidas huirán precipitadamente del olor a rancio de semejante congregación en cuanto constaten el asombroso parecido de tales expansiones con aquellos oscuros homenajes en la Plaza de Oriente, o con aquel grito masoquista de “Vivan las cadenas” que lanzaban los partidarios de Fernando VII.

Gran parte del desconcierto que siembra el cada vez más confuso conflicto catalán (en el que no sólo hay rivalidad y discrepancia entre ERC y el PDeCAT sino en el interior de cada una de estas organizaciones) se debe a la inconcreción de las partes en lo tocante a los niveles de diálogo y a los interlocutores, cuestión sobre la que no hay acuerdos claros todavía. Es probable que la negociación sobre el conflicto haya de aplazarse hasta que concluya el juicio sobre el 1-O. Lo importante en el entretanto es que se mantenga viva la llama de la negociación. La convicción de que es posible recomponer la situación pacíficamente y por vías políticas, parlamentarias. Como ha hecho Canadá con Québec, sin ir más lejos.

Antonio Papell
Director de Analytiks

Egipto: Al Sisi quiere eternizarse en el poder

Entrada anterior

Preparados para la legalización del cannabis

Siguiente entrada

También te puede interesar

1 Comentario

  1. Very well. Mas no se puede decir. Muy bien.

Dejar un comentario:

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más en Debate