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La eutanasia, a debate (de nuevo) en España

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David Goodall, un científico de 104 años, quiere poner punto final a su vida. Él mismo ha dicho que basta ya, que “lamenta mucho” vivir y que no es feliz. Goodall, botánico y ecologista, ha viajado esta misma semana desde Australia hasta la clínica Life Circle de Basilea (Suiza), acompañado de la enfermera de la organización proeutanasia, Exit International, según ha informado la cadena CNN. Mientras tanto, esta misma semana, aquí, en España, el PSOE registraba en el Congreso de los Diputados su Proposición de Ley para legalizar la eutanasia.

Los socialistas pretenden regular el derecho a morir en determinados supuestos. El objetivo de esta iniciativa es evitar el sufrimiento de personas en dos supuestos: primero, ante una enfermedad grave e incurable que origina sufrimientos físicos o psicológicos insoportables y con un pronóstico de vida limitado para el paciente; por otro lado, ante una discapacidad grave crónica, que produce en el afectado una invalidez generalizada y una situación de dependencia absoluta originando un sufrimimento insoportable. Además, el paciente debe ser mayor de edad, presentar la solicitud por escrito y de manera voluntaria y deberá presentarla al menos dos veces con una separación de tiempo de unos 15 días. Por último, la eutanasia será una prestación incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

El debate sobre la eutanasia siempre ha estado ahí. El PSOE ha lanzado la Proposición de Ley esta semana, pero el curso pasado ya lo intentó Podemos. La formación morada trató de despenalizar el suicidio médico asistido y la eutanasia para acabar con la imposición del deber de vivir en condiciones penosas irreversibles en contra de los deseos personales de cada uno. Una muerte digna es lo que persiguen ambas formaciones.

España y el resto del mundo

¿Qué dice la legislación al respecto? El artículo 143 del Código Penal dice lo siguiente:

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

El derecho a la muerte digna, avanza en muchos otros países. El suicidio asistido está permitido en cinco estados de EE. UU. (Oregón, Washington, Montana, Vermont y California), en Canadá y en Colombia. En este campo, Europa sigue siendo la referencia. Holanda, donde el 3,9 % de las defunciones de todo el país en 2015 correspondieron a solicitantes de eutanasia, fue el primer país del mundo en legalizarla (año 2002).

Bélgica legalizó la eutanasia meses después y desde su aprobación ya han fallecido cerca de 15.000 personas acogiéndose a este método. Suiza y Luxemburgo también han legislado en este sentido. Poco a poco, el derecho a morir dignamente se abre paso en las sociedades modernas.

Sergio Garvas

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