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La reindustrialización necesaria

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Industria

A la salida de la crisis, estamos asistiendo –en España y otros países– a un fenómeno inquietante y destructivo: el empleo que se va recuperando es de mala calidad, con salarios bajos hasta el extremo de que buena parte de los ‘afortunados’ que regresan al mercado de trabajo son ‘trabajadores pobres’, que no consiguen unos mínimos de subsistencia que les proporcionen una vida digna (con expectativas de manutención familiar, habitación en condiciones, etc.). Este fenómeno va produciendo un adelgazamiento de las clases medias, que tienden a desaparecer, en tanto se incrementa algo la nómina de ‘ricos’ y aumenta hasta el desbordamiento el número de proletarios y de pobres. Todo ello, con una elevada cota de desempleo estructural.

Las razones de esta situación son muchas y complejas, pero hay una de ellas muy notable que no se está abordando, que ni siquiera se menciona en los discursos de los partidos: la desindustrialización en beneficio de la terciarización, de los servicios. O, si se prefiere, el descenso de las actividades de alto valor añadido (la industria manufacturera, todas las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y con la digitalización), en beneficio de actividades con bajo valor añadido (construcción, hostelería). Los trabajadores que están en el primer grupo, y que poseen la formación necesaria para estarlo, disfrutan de salarios elevados; en cambio, los trabajadores del segundo grupo, sin formación (o con formación que resulta inútil por lo elemental de sus tareas), tienen salarios bajos, ya que además existe en este terreno una oferta de mano de obra muchísimo mayor que la demanda.

Uno de les expertos que ha abordado este asunto en los últimos años ha sido el empresario Villar Mir (quien fue también catedrático de Organización de Empresas), de quien se toman algunos párrafos de una conferencia en un Foro de Ingenieros en la Menéndez y Pelayo en 2015, centrados en la necesidad de reindustrialización (los argumentos sirven también, es obvio, para tareas tecnológicas):

“Con anterioridad al comienzo de la crisis ya existía en toda Europa una preocupación por la pérdida de peso relativo de la industria manufacturera en el PIB. Y ello, porque la industria es un sector cuya importancia para el bienestar del país es mucho mayor que la que se deduce de su aportación directa, porque impulsa actividades económicas de alto valor añadido en otros muchos sectores. Entre 2001 y 2013 el peso de la industria ha bajado en el conjunto de la UE y en varios de los países que la integran, con reducciones que van desde 2,9 puntos porcentuales en el conjunto de la Unión Europea a 4,0 puntos porcentuales en España y 4,5 en Francia. Solamente Alemania ha mantenido el peso de su industria, que en 2013 seguía representando el 22 % de su economía, mientras que en España esta proporción era solamente del 13 %”.

Para salir al paso de esta situación, la Comisión Europea lanzó el documento ‘Una política industrial integrada para la era de la globalización’, que postula que en 2020 la industria manufacturera aporte, en todos los países miembros, al menos el 20 % de su PIB porque los niveles de bienestar de un país avanzado dependen en gran medida de su potencial industrial.

Las razones son de calado y ya se han apuntado antes: “el potencial industrial de los países determina el grado de bienestar, entre otras razones, porque la remuneración media de los empleados de la industria está entre el 10 % y el 50 % por encima de la media de todos los sectores, según se puede apreciar en la evolución de los salarios de Francia, Alemania o España. Esta mayor calidad del empleo se observa también en el que la industria induce en otros sectores”.

Todo esto es así porque la industria manufacturera (como los trabajos basados en nuevas tecnologías) demanda cualificaciones laborales más altas que cualquier otro sector, tanto en el tipo de conocimientos necesarios como en los niveles de competencia y habilidades, y además genera gran cantidad de actividades adicionales en otras tareas de la economía, especialmente en una importante gama de servicios de alto valor añadido, que también requiere personal cualificado.

En definitiva —señaló Villar Mir, en línea con lo ya apuntado— “la industria ayudó en el pasado,  y lo hace también hoy, a la consolidación de una amplia clase media, que no solo es la base de las sociedades modernas, sino que proporciona la mayor parte de la demanda nacional de productos y servicios de calidad”. Por ello —continuó el experto—, “es preciso un reconocimiento social de la gran aportación de la industria al bienestar común y, especialmente, de su probada capacidad para crear valor. El atractivo que para la sociedad tenga la actividad industrial aumentará en la medida en que se perciba que la industria del siglo XXI ofrece grandes posibilidades de desarrollo personal frente a otros sectores empresariales (todo el mundo de las TICs y la informática, el big data, el internet de las cosas, la automatización, etc.); expectativas que, sin duda, no eran tan evidentes en la industria del siglo pasado. En las circunstancias actuales, la reindustrialización tiene más importancia social que económica porque es una oportunidad para mantener el nivel de vida que caracteriza a los países avanzados”. Ahora bien: “la reindustrialización es muy exigente en cuanto a innovación, porque demanda una alta capacidad científica y tecnológica, un tejido de pymes capaz de aportar productos intermedios de alto valor añadido, y un capital humano bien formado en todos sus niveles”.

Villar Mir trazó las características del sistema de innovación que faciliten la reindustrialización, en el que deberían asegurarse, al menos, los siguientes objetivos mínimos: participación de grandes empresas tractoras, impulsoras de la innovación en su cadena de valor; grupos de la I+D pública, abiertos a la colaboración con las empresas;  formación profesional y universitaria de calidad; fiscalidad estimulante de la innovación, y sistema financiero sensible a las necesidades de las empresas innovadoras.

Finalmente, el experto pasó revista a la posición de España en lo relativo a la mejora de la competitividad de la industria. El “Global Competitiveness Index”, publicado por el World Economic Forum desde 1979, mide la habilidad de los países para proporcionar altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos, atendiendo a los ‘factores, políticas e instituciones que determinan la capacidad de una economía para generar, de forma sostenible, crecimiento y prosperidad’. Suiza lideraba el ranking en 2014, los puestos tres, cinco, seis y nueve eran para Estados Unidos, Alemania Japón y Reino Unido respectivamente, Francia se retrasaba al 23 y España al 35.

Otro indicador, el ‘Informe de Competitividad Industrial’, elaborado por la Comisión Europea, evidenciaba que España es el país de la UE que más empleo industrial destruyó entre 2007 y 2012, los peores años de la crisis. En ese periodo, se quedaron sin trabajo 715.000 trabajadores del sector secundario en la UE; Italia, Francia y Reino Unido perdieron 525.000, 375.000 y 325.000 empleos, respectivamente. Solo Alemania incrementó la fuerza laboral del sector industrial en el periodo, con cerca de 50.000 nuevos trabajadores.

Ese mismo informe consideraba que España podía recuperar con cierta facilidad el terreno perdido y le recomendaba que, para ello, reactivase el crédito empresarial —especialmente para las pymes— e impulsase la innovación, apostando por una economía basada en el conocimiento.

También el Ministerio de Industria, en su ‘Agenda para el fortalecimiento industrial en España’, reconocía que, para fortalecer el sector industrial y mejorar su competitividad, era necesario un conjunto de actuaciones: estimular la demanda de bienes industriales; mejorar la competitividad de los factores productivos clave; asegurar un suministro energético estable competitivo y sostenible; reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio; incrementar la eficiencia y la orientación de las actividades de I+D+i hacia el mercado y los retos de la sociedad; apoyar el crecimiento y profesionalización de las pymes; adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas; aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas industriales; apoyar la internacionalización y la diversificación de mercados, y orientar la capacidad influencia de España en la defensa de sus intereses industriales.

Para agotar el tema, Villar Mir dedicó unas palabras a destacar el efecto multiplicador de la industria: “la aportación de la industria a la economía no se reduce a la riqueza y el empleo generados dentro de los propios subsectores industriales. Adicionalmente, existe una aportación indirecta, por el efecto de arrastre en la cadena de valor, de las empresas que proveen a la industria con bienes y servicios necesarios para su actividad. Existe además una aportación inducida, asociada a la riqueza de los hogares cuya renta depende del empleo generado directa e indirectamente por la industria y al consumo de bienes y servicios producidos por distintos sectores de la economía”.

Hay cifras de este efecto multiplicador: en los Estados Unidos, con datos de 2012 del U.S. Bureau of Economic Analysis, cada dólar del PIB industrial genera otros 1,34 dólares de actividad económica agregada. En España, otro informe publicado por PricewaterhouseCoopers (PWC) en 2013, ‘Claves de la competitividad de la industria española’, señala que cada euro de PIB Industrial genera de media 1,61 euros añadidos, y cada empleo directo, 1,43 empleos indirectos.

También la industria tiene un papel clave en el capítulo exportador: en 2012, la Industria española exportó cerca de 180.000 millones de euros en bienes y servicios, lo que representó el 52,8% de nuestras exportaciones.

Las conclusiones son obvias:

El gran cambio del modelo productivo, desde el predominio de los sectores tradicionales (construcción, turismo), a la preponderancia de las actividades de alto valor añadido está por hacer. Y si no se aborda, continuará el proceso de destrucción delas clases medias y el empobrecimiento de grandes capas de la clase trabajadora. El Estado, en nuestros regímenes, tiene que tener un papel inductor: de fomento d la formación y generación de  capital humano, y de impulso a la I+D+i a través de una estrecha colaboración entre la Universidad y la empresa. La inhibición actual es suicida, por más que el sector privado sea cada vez más consciente de que el futuro productivo no puede limitarse a los viejos nichos de actividad y de que ha lanzarse por tanto a los caminos más ambiciosos de la globalización.

Antonio Papell
Director de Analytiks

Ford, patrocinador del equipo ciclista Sky hasta 2019

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