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La salvación del sistema de pensiones

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Nurse consoling senior woman holding her hand

Antes de la crisis económica, hubiera resultado impensable una propuesta de reforma del sistema de pensiones que no mantuviese al menos al poder adquisitivo de los pensionistas, que había sido ya consagrado por ley en 1997 aunque existía clara conciencia de los problemas demográficos que lastraban el modelo, a pesar de la fuerte inmigración. Pero la crisis ha sido de tal envergadura que se ha arruinado la idea púbica de equidad, el instinto de solidaridad, que caracterizaba el Estado Social surgido en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial. Y no sólo la crisis supuso sacrificios a los pensionistas sino que ha amenazado con arrasar los fundamentos morales del sistema de protección social.

El 12 de mayo de 2010, Rodríguez Zapatero, presionado por Bruselas, anunciaba desde la tribuna del Congreso una batería de medidas para poder llevar a cabo una reducción adicional del déficit de 15.000 millones entre 2010 y 2011, que incluía la congelación de las pensiones en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas, y un recorte de las retribuciones de los empleados públicos del 5 %, entre otras medidas. Un año después, en julio de 2011, se aprobaba en el Parlamento (con los votos de PSOE y CiU, lo que va de ayer a hoy) una importante reforma del sistema de pensiones, también exigida por Bruselas y por los mercados, que en esencia retrasaba progresivamente la edad de jubilación y ampliaba el periodo de cálculo de las pensiones. El mantenimiento del poder adquisitivo no se cuestionaba.

Producida la alternancia a finales de 2011, fue la reforma de Rajoy de finales de 2013 la que suprimió la indexación de las pensiones con el IPC y desde 2014 se revisan con un índice de Revalorización (IRP), que como mínimo será del 0,25 % anual (y como máximo el IPC+0,50 puntos) y que no garantiza, obviamente, el mantenimiento del poder adquisitivo. También se ha introducido un Factor de Sostenibilidad, que se revisará cada cinco años para asegurar el equilibrio (siempre a la baja, naturalmente). Según la memoria de impacto económico de aquella ley, la aplicación de los dos factores —el índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad— supondría un ahorro para las arcas públicas de 32.939,95 millones entre 2014 y 2022

En plena crisis, aquella reforma fue encajada por la opinión pública como un elemento más de la trágica recesión. Pero ahora, cuando llevamos cuatro años creciendo a buen ritmo, los pensionistas se han irritado al recibir la lacónica carta anual de la Seguridad Social en que se les informa de la subida correspondiente, que se ha reducido al 0,25 %, dos euros y medio en una pensión de 1.000 euros al mes. La inflación es baja actualmente, pero es obvio que, en cuanto se normalice el proceso económico, este sistema producirá un descenso sistemático del poder adquisitivo. Y los pensionistas, más de nueve millones, han decidido hacerse oír y han orquestado una serie de manifestaciones, muy concurridas, que ha recordado a la clase política el peso electoral de este colectivo.

El Gobierno, en principio, se ha negado a atender a razones y ha revindicado su reforma de 2013, que, por cierto, no obtuvo un solo voto ajeno al PP (así se hacen en este país las políticas de Estado cuando un partido gobierna con mayoría absoluta). Rajoy ha explicado la imposibilidad de allegar recursos para un dispendio tan exagerado y ha tildado de populistas a quienes seguimos exigiendo que el statu quo delos pensionistas no se degrade con el paso de los años.

Las protestas potentes de los jubilados, al principio relativizadas por el Gobierno, han terminado calando y la Comisión del Pacto de Toledo decidía el pasado martes redactar una nueva ‘recomendación segunda’ que inste a que se sustituya el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) por otro mecanismo en que el IPC sea el elemento ‘troncal’, si bien la Mesa del Diálogo Social podrá añadir otros parámetros como los salarios, la productividad o el crecimiento del PIB.

Pero la tajada era apetitosa y alguien tenía que sacar partido: el PNV imponía el miércoles al Gobierno una subida de las pensiones equivalente al IPC este año y el próximo, así como el aplazamiento de la aplicación del Factor de Sostenibilidad hasta 2023, como condición para aprobar los PGE. Naturalmente, el Gobierno, ante la disyuntiva entre mantenerse con comodidad o verse en dificultades, ha transigido sin rechistar. Es vergonzoso que los partidos y los políticos de este país (en su mayor parte, y con honrosas excepciones) cedan al chantaje a la vista de todos y cambien radicalmente de opinión según les convenga.

Según el Eurostat, la renta mediana —la de aquella persona en posición intermedia en la escala salarial que tiene el mismo número de personas ganando más que ganando menos— de los jubilados españoles supera en un 1% a la de los trabajadores (sólo Luxemburgo, Grecia, Francia e Italia están como España en esta posición), pero esta evidencia no puede ser argumento para justificar un retroceso en uno de los componentes clave del Estado de Bienestar. No hay injusticia social alguna en el hecho de que los jubilados, que han contribuido decisivamente a elevar al país a sus niveles actuales, disfruten de una jubilación digna. Y en cualquier caso, aunque es posible, e incluso deseable, que se especule con las pensiones de los jóvenes —es su opción, y tienen derecho a debatir el asunto—, de ninguna manera sería tolerable que quienes ya están jubilados o en expectativa de estarlo en breve vean modificadas a las baja las condiciones de su retiro.

De hecho, lo lógico sería que el Pacto de Toledo se dotara de expertos profesionales que examinaran los modelos de previsión social existentes en Europa, algunos de los cuales gozan de merecido prestigio (los de Países Bajos, Suecia y Reino Unido). Los tres son modelos complejos en que una base pública se complementa con fondos obligatorios y voluntarios.  Pero cualquier cambio que se introduzca —y parece evidente que convendría introducir alguno— ha de hacerse con la salvedad de no perjudicar a los ya pensionistas o a quienes están cerca de serlo. Después de todo, ellos nos sacaron en buena medida las castañas del fuego cuanto este país estuvo a punto de la inflamación por la crisis.

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