A debate

La solución central

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Elecciones tras el 28-A: ¿qué pasará?
Foto: Adobe Stock

Los estudios demoscópicos realizados a posteriori de las elecciones andaluzas han puesto de manifiesto que la clientela de VOX –unos 400.000 votos, el 11 % del electorado— procedieron en números redondos en un 50 % del PP y en un 25 % de Ciudadanos. Y los expertos en estas lides aseguran que el trasvase desde Ciudadanos a Vox podría ser mayor todavía en las elecciones generales. La razón de esta mudanza es fácil de colegir: Ciudadanos arrastra en toda España a muchos electores preocupados e incluso indignados por el intento secesionista catalán, personas que han considerado que el partido de Rivera es el que más descarnadamente y con más dureza se opone al independentismo, pero si estos ciudadanos llegan a la conclusión de que quienes verdaderamente defienden la unidad de España en términos épicos es Vox, acabarán en sus brazos.

Este fenómeno sociológico-político explica la pública y un tanto afectada animadversión mediática (al menos) de Ciudadanos hacia el PSOE en general y hacia Pedro Sánchez en particular, hasta el extremo, risible, de llegar a decir que el PSOE ya no está en el núcleo constitucional porque intenta negociar con los soberanistas… Algo que, como es obvio, cualquier gobierno deberá hacer después del ciclo electoral que se avecina —dentro del marco constitucional, se entiende— y una vez concluido el juicio por el procés, que se alargará bastante más de lo previsto.

Esta estrategia de Ciudadanos, que para la organización es de vida o muerte, ha polarizado aparentemente el complejo panorama político preelectoral, escindiéndolo en dos mitades radicalmente enfrentadas: la tríada de la derecha, dominada ideológicamente por Vox, que ha impuesto hasta el metalenguaje como bien diagnosticó Bannon, y el resto: las dos formaciones de izquierdas, PSOE y Unidas Podemos, y las minorías nacionalistas de todo el espectro que detestan a los conservadores por causas distintas en cada caso. Paradójicamente, el fin del bipartidismo, en lugar de neutralizar los antagonismos, habría dado paso a una todavía más enconada bipolaridad.

El fracaso y la resurrección del viejo régimen

La desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos tradicionales, que es consecuencia del fracaso del viejo régimen ante la gravísima doble recesión 2008-2014 —la crisis no se supo impedir, no se previó a tiempo, no se gestionó bien y no se ha sabido salir de ella—, ha desembocado en un complejo pluripartidismo y en una gran fluidez de las preferencias de los electores (una muy escasa fidelidad del voto), lo que hace muy difícil, si no imposible, prever los resultados electorales de las consultas inminentes.

No debe ser casualidad que el conflicto catalán, cuya materia prima es muy antigua y se ha vuelto hace tiempo intemporal, se haya desencadenado precisamente cuando, decaído el bipartidismo imperfecto, se ha entrado en la actual etapa de inestabilidad. Pujol, que se mantuvo al frente de Cataluña 23 años, contribuyó meritoriamente a la gobernabilidad cuando PP y PSOE, sanos y poderosos, rivalizaban entre sí y se alternaban al frente del Gobierno, pero el catalanismo se aprovecha históricamente de las crisis españolas e intenta materializar su programa máximo, que es la independencia, cuando percibe debilidad en la estructura política sobre la que se asienta el Estado. La debilidad esta vez era objetiva: tras las elecciones de 2015, fue imposible formar gobierno y hubo que repetirlas en junio de 2016, y aun así sólo se consiguió la investidura del representante del partido mayoritario fracturando a su principal adversario, el PSOE.

Calculó mal sin embargo el soberanismo y a la hora de la verdad las formaciones que han integrado históricamente el núcleo constitucional resucitaron de sus cenizas y se aliaron fácilmente para aplicar los mecanismos excepcionales con que cuenta la Constitución para reprimir el golpe de mano independentista, que se había producido mediante una clara vulneración de la legalidad vigente: en septiembre, las formaciones soberanistas promulgaban ilegales leyes de desconexión y referéndum, y el 1 de octubre se celebraba una consulta ilegal. Poco después, el PP en el Gobierno encontraba el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para aplicar el articulo 155 CE que restauraba la legalidad violentada.

En busca de la estabilidad futura: la moderación centrista

Ahora nos dirigimos a unas nuevas elecciones, con el conflicto catalán aplacado pero no resuelto —estamos en pleno proceso judicial—  y sería deseable que el resultado del 28-A proporcionara cierta estabilidad en la moderación para abocar la crisis catalana a un desenlace razonable.

Si se reprodujera la solución andaluza (el entendimiento PP-Ciudadanos-Vox, que queda de momento lejos en las encuestas), no es aventurado decir que Cataluña entraría en una crisis todavía mayor y probablemente insoluble. La cancelación temporal de la autonomía sin una elaborada argumentación ajustada escrupulosamente a la letra y al espíritu de la ley volcaría a toda la sociedad catalana en la contestación a Madrid, y la fuerza de tales unanimidades resultaría imparable (con más del 65% de votos rupturistas, habría que escuchar los inquietantes presagios de Iceta).

La solución de la cuestión catalana, que en todo caso será muy difícil y requerirá esfuerzos titánicos, debe conseguirse desde la moderación, a través de diálogos dilatados y de la persuasión de una ciudadanía que está profundamente harta del ajetreo del último lustro.  Parece, pues, lógico buscar esta estabilidad en la zona central del espectro político, que habría de ser la que formase preferentemente gobierno si dan las cifras. Y excluyendo a los extremos de la iniciativa política que ha de encauzar definitivamente el conflicto.

No estamos en estado de excepción, no corre riesgo la integridad territorial ni la indemnidad del Estado, pero sí es evidente que la convivencia está seriamente alterada y que conviene pacificar una confrontación que requiere firmeza y mano izquierda al mismo tiempo. No son necesarias ‘grandes coaliciones’ ni drásticas determinaciones. Pero sí parece recomendable que el problema sea acometido por el núcleo constitucional. Sin excluir a nadie pero poniendo a los mandos de la nave del Estado a los más curtidos y avezados en el proceso constituyente que, en la práctica, se hace machadianamente camino al andar.

Con independencia de las definiciones oportunistas que se han lanzado como venablos esas semanas, las formaciones constitucionales son el PP, el PSOE y Ciudadanos. Podemos es una formación intachable por respetuosa con el Estado de Derecho pero propone, desde la minoría, el cambio del régimen del 78. Y Vox… pues ya saben: de entrada, propone regresar al Estado unitario.

Así las cosas, si nadie se aproxima a la mayoría absoluta el 28-A, el próximo gobierno debería provenir del núcleo constitucional. Bien mediante una alianza PSOE-C’s, bien a través de un pacto C’s-PP. Y si fuera preciso, con la abstención del otro en cada caso.

Es evidente que las cosas no van teóricamente en esta dirección, y que de cualquier modo resultaría muy difícil anudar lo que se ha roto a conciencia en estas vísperas electorales, pero las fuerzas políticas que no actúen conforme a estas pautas tendrán muy difícil explicar su actitud. En concreto, si alguien tiene la ocurrencia de meter a Vox en el juego, habrá demostrado que él también es un radical que no merece la confianza de la ciudadanía.

 

Antonio Papell
Director de Analytiks

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