Puigdemont es nacionalista de nacimiento, una condición en sí misma poco expresiva si no va acompañado de otras matizaciones. Y en este caso, todo indica que el nuevo presidente de la Generalitat, que aspira sin duda a la independencia de la Cataluña, es persona pacífica y sensata, sin los arrebatos radicales ni el fanatismo sobrevenido de su predecesor, que bien pudieran provenir de la proverbial furia del converso, siempre necesitado de hacer méritos para camuflar pasados más o menos tibios o vergonzantes.

Puigdemont ha dado de momento el paso nada intrascendente de acudir a Madrid, a la guarida del dragón, con ánimo constructivo. Se ha entrevistado con Rajoy, en un encuentro que ha resultado ser inesperadamente pacífico. Y ha llevado consigo un documento de 46 reivindicaciones que, con la excepción de algún guiño soberanista con el que el emisor cubre el expediente ante sus socios/rivales independentistas, sorprenden por lo atinado en general de las demandas, por el tono razonable de la queja… y por la veracidad en general de unos planteamientos que dejan en bastante mal lugar al Estado central, en el que soplan vientos recentralizadores y se muestra de forma general, y no sólo con Cataluña, escaso apego al hecho autonómico.

Reconozco que no me había tomado la molestia de revisar los 46 puntos de Puigdemont, que parecían ser una ampliación de los 23 puntos que presentó Artur Mas a Rajoy en julio de 2014, hasta que Xavier Vidal-Folch llamó la atención sobre ellos en uno de sus artículos, en el que elogiaba el conjunto del documento y destacaba que a las quejas de Mas, reelaboradas, se han sumado otras completamente novedosas de índole social y de gran consistencia. El documento dedica el primer punto a reivindicar democráticamente la exigencia de un Estado propio para Cataluña mediante la negociación y el diálogo, y el último a instar que se evite la judicialización de la política, pero en los otros 44 apartados se revisa, en primer lugar, la mala situación de las políticas sociales, que no tienen el debido acompañamiento fiscal, y los incumplimientos del Estado con Cataluña, la invasión de competencias autonómicas por el Estado y las interferencias de Madrid en la acción de gobierno autonómico (en este último asunto, es fácil deslindar el grano de la paja, es decir, diferenciar la acción legítima del Estado frente a marrullerías soberanistas de aquellos recursos que obedecen simplemente a una rivalidad política mal entendida).

En el campo de las políticas sociales, el documento denuncia un desarme presupuestario muy lesivo para los ciudadanos. Ese desarme –escribe Vidal-Folch- “es consecuencia de la centrifugación del gasto, esa técnica recentralizadora: endosa a la periferia el tratamiento del a hepatitis C y suprime el fondo de cohesión sanitaria; constriñe las ayudas a discapacitados, mujeres y jóvenes; reduce a la mitad porcentual la aportación del Gobierno a las prestaciones de la Ley de dependencia; recorta el dinero a las autonomías para políticas activas de empleo; suprime el fondo de acogida e integración de asilados… Todo esto se llama centralismo. Perjudica a Cataluña. Y a todas las comunidades”.

El resto del documento es más polémico, pero debe destacarse una idea central que ofrece poco margen de duda: el incumplimiento por el Estado del Estatuto de Autonomía vigente de 2006, con sus recortes impuestos por el Tribunal Constitucional, es una falta de respeto al pueblo catalán y un germen de independentismo que además destruye los argumentos de los que no lo son. Véase un ejemplo menor pero muy explícito: entre 2013 y 2015, el Estado ha recaudado en Cataluña 180 millones de euros en tasas judiciales, pero no ha abonado este importe a la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas las competencias en materia de administración de Justicia… Si se piensa que la ley de tasas vincula la tasa a la justica gratuita y que ésta ha de ser sufragada por la Generalitat, se entenderá mejor el desaguisado.

Por lo demás, en el documento se reclama el 0,7% del IROF para fines sociales, dado que Cataluña tiene la competencia, y se invocan diversas sentencias del TC que dan la razón a la Generalitat; se pide la actualización de la financiación de los mossos d’esquadra, ya que no ha habido reunión de la Junta de Seguridad Cataluña-Estado desde 2008 y se mantienen los datos de entonces, completamente desfasados; se reclama el cumplimiento de la palabra dada en la puesta en marcha del corredor mediterráneo y otras inversiones prioritarias, como los accesos ferroviarios al Puerto de Barcelona, el Cuarto Cinturón, etc.; la dedicación de os presupuestos anunciados y nunca materializados a la inversión en la red de Cercanías y Regionales, en muy malas condiciones actualmente (de los 4.000 millones previstos entre 2008 y 2015 en Cataluña se ha ejecutado alrededor del 10%)M; se pide negociar al gestión descentralizada de los puertos y de los aeropuertos… La lista es larga y el lector la encontrará en Anaytiks.

De todo el listado, Puigdemont transmitió a Rajoy trs pirioridades: que el Gobierno no recurra la ley antidesahucios, que frena los desalojos y que impide cortar en inviernos los suministros a las familias sin recursos; que se rebaje el objetivo de déficit, al sostener que es incompatible con su plan de choque social, y que no haya trabas a su programa de acogida de refugiados.

El documento de Puigdemont da pie a hablar y a negociar. Felizmente, ayer se conoció que la Generalitt y el Gobierno han cerrado cinco conflictos para evitar el recurso al Constitucional, uno sobre el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), otro sobre la protección a la infancia, y un tercero sobre la simplificación administrativa de la Generalitat. Además, Montoro ha relajado la cifra de déficid de las CCAA –del 0,3 al 0,7% del PIB- y este jueves se han entrevistado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Ha cambiado ostensiblemente el tono de la relación, aunque hay que temer que todo quede reducido a una operación cosmética preelectoral…

Sea como sea, la negociación con Cataluña será el principal imperativo que haya de asumir el nuevo gobierno surgido del 26J. Sea cual sea su composición. El problema catalán puede encarrilarse pero no hay demasiado tiempo para ello.