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Las generaciones de la democracia: del idealismo a la corrupción

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bandera española

La Transición fue un proceso inteligente, meditado y dirigido con el acierto de la generación que lo protagonizó, que entraba en la madurez cuando se producía el inapelable hecho biológico de la desaparición del dictador. La muerte del autócrata, después de una interminable agonía con que el destino parecía querer jugar con los españoles, el hecho luctuoso desató no sólo el júbilo de muchos (y el llanto de bastantes, no nos engañemos) sino que dejó flotando y en el aire las riendas del país, que cambió rápidamente en casi todo aunque permaneciesen las leyes viejas todavía largo tiempo. Valga mi experiencia personal sobre la subitaneidad de la mudanza: en Palma de Mallorca, donde nací y donde a la sazón me encontraba, reinaba a la muerte del Caudillo como último gobernador civil de la dictadura un militar llamado Carlos de Meer, un personaje sórdido que ha pasado a la historia por haber manifestado una reacción brutal contra Olof Palme cuando el primer ministro sueco protestó airadamente ante toda la comunidad internacional por los últimos fusilamientos del franquismo (el apellido de Meer ha reaparecido en política en las filas de Vox; ignoro los parentescos, si es que los hay). Aquel individuo se dedicaba al deporte de amenazar a la oposición y retirar los pasaportes a los afiliados al Partido Comunista —ya nos conocíamos todos, y Antonio Tarabini no me quitará la razón— mientras lanzaba amenazas explícitas a Diario de Malorca, entonces dirigido por Antonio Alemany y residencia de las opiniones más diversas de la oposición democrática, efervescente a aquellas alturas de la historia.

Pues bien, la democracia llegó a las Baleares —y por tanto a Palma de Mallorca— precisamente el día en que Adolfo Suárez destituyó a Carlos de Meer y nombró gobernador civil al diplomático Ramiro Pérez-Maura, duque de Maura, descendiente del gran político mallorquín Antonio Maura; Ramiro era líder entonces de un pequeño Partido Liberal que acabó ingresando en la UCD, y aquel hombre de mundo abierto y tolerante eliminó de un plumazo no sólo las represiones vigentes sino también los miedos ocultos y acumulados de una ciudadanía durante largo tiempo confinada, amenazada, violentada, amedrentada, cohibida y anulada.

Estoy seguro de que una gran parte de la ciudadanía de aquellos años, de 1975 en adelante, fue descubriendo la libertad real en las pequeñas cosas, en el fin de las últimas cadenas. Y todos vimos emerger un clima fresco, saludable y apetitoso de apertura, de libertad, de fraternidad, de solidaridad, que se fue plasmando en infinidad de iniciativas —se generó espontáneamente la célebre e inefable ‘sopa de letras’, una miríada de partidos identificables por sus siglas que formaron pronto una jungla inextricable— que poco a poco fueron integrándose, cuajando, desapareciendo…

Aquel marco representaba la regeneración, el fin del oscurantismo, de la gestión oligárquica del país, tan solo en beneficio de los afectos, y el comienzo de una nueva filantropía de la libertad en que todos éramos teóricamente iguales, en que los más favorecidos se volcaban también en el interés común de generar un régimen habitable y homologable, aun sabiendo que corrían peligro, que en las salas de banderas de los cuarteles había conspiraciones a diario, que en el ejército y en las fuerzas de seguridad del Estado permanecían grupos irrecuperables de franquistas que esperaban la consigna para dar la cuartelada… como efectivamente ocurrió aquel ominoso 23 de febrero de 1981.

El proceso de Transición cabalgó sobre una estructura jurídico-política hábilmente elaborada –el célebre “de la ley a la ley” de Torcuato Fernández Miranda-, que consiguió eludir los riesgos y las trampas que se interponían en su camino, que había de enlazar en todos los sentidos los rescoldos de la dictadura con una democracia integradora. El concepto clave, enunciado en términos populares, era alcanzar la plena homologación democrática sin que se produjera la vuelta de la tortilla, es decir, sin que se invirtiera de manera cruenta la correlación entre vencedores y vencidos.

Conviene señalar, sobre todo para rememoranza de los olvidadizos, que Santiago Carrillo ya había publicado en 1955 desde París un artículo en Nuestra Bandera aprobando la entrada de España en la ONU, que se había producido aquel año a propuesta de Estados Unidos y con el voto favorable de la URSS, y planteando por primera vez la “política de reconciliación nacional. Tras un forcejeo con Pasionaria, aquel lema prosperó y ya fue la base de la estrategia del Partido Comunista de España —la única fuerza de oposición real al franquismo con estructura en el interior de España— hasta su legalización el 9 de abril de 1977, en un gesto valiente de Adolfo Suárez que dio verosimilitud a su proyecto democratizador y, paradójicamente, puso en serio riesgo el proceso de transición por la oposición de los militares, criados a los pechos del franquismo con el anticomunismo como bandera irrenunciable. El papel de un general valiente y  sólido como una roca, Manuel Gutiérrez Mellado, fue vital en aquellas horas.

Carrillo y sus partidarios comunistas del interior tuvieron que hacer renuncias extraordinarias, que iban desde el reconocimiento de la monarquía al de la bandera rojigualda

Para ser legalizado, Carrillo y sus partidarios comunistas del interior tuvieron que hacer renuncias extraordinarias, que iban desde el reconocimiento de la monarquía al de la bandera rojigualda, al tiempo que participaban activamente en el proceso de distensión y en la edificación del nuevo régimen. Pero eran los tiempos de la generosidad y el idealismo. El objetivo consistía en sacar a España de su vergonzante ostracismo, en dar por zanjada la confrontación civil —se promulgaron las pertinentes amnistías—, en promover una fraterna reconciliación, en homologar la democracia española con la europea e ingresar en el entonces llamado Mercado Común… En volver a ser un país sincronizado con Occidente, liberado de los oscurantismos del nacionalcatolicismo, abierto a la cultura universal. La Transición dejó sin embargo impunes los crímenes del franquismo —asunto que hoy se echa injustamente en cara a sus actores, que obraron de buena fe— en un borrón y cuenta nueva doloroso que facilitó grandemente la instalación en paz de las generaciones jóvenes y el arranque de una España renovada sin ligazones con los fantasmas del pasado.

Esa España idealista, entusiasmada con su propia autodeterminación, gestada en gran medida por miembros de la sociedad civil que aún no eran ‘clase política’ y que hacían gala de su desinterés y de su desprendimiento, duró bastante tiempo y fue dando paso a una cada vez más intensa profesionalización, a causa del asentamiento de los partidos y de los lógicos sistemas de incompatibilidades que se fueron imponiendo. Con la profesionalización, poco a poco, el idealismo fue declinando y dejando paso a la política en la peor de sus acepciones, a la prosa de la funcionarización, del interés menudo del personaje público, de la corrupción misma en un marco de progresivo descrédito. Los años noventa ya fueron descarnados y decepcionantes para muchos. En la última etapa del PSOE se hicieron perceptibles los efectos degradantes de las peores pasiones humanas, en una serie de hitos deprimentes que culminaron en la huida del director general de la Guardia Civil, que había saqueado el instituto armado. Después, ya con Aznar,  llegó la corrupción del PP, el caso Gürtel y sus aledaños, la financiación ilegal y el enriquecimiento nauseabundo de algunos intermediarios…

Hasta la Corona vaciló y se resintió gravemente de aquella decadencia que nos invadió como un bacilo subrepticio. La euforia del periodo fundacional y el papel activo de Juan Carlos de Borbón en el proceso convirtieron al jefe del Estado en un mito intocable, fuera de todo control incluso subjetivo, y todos —los periodistas en especial— miramos unánimemente hacia otro lado cuando comenzaron a llegarnos noticias inquietantes de devaneos impropios, de negocios desacertados, de comportamientos incompatibles con la alta función del titular de la dinastía. La familia política del monarca, viendo aquel paisaje, debió creer que todo el monte es orégano y se dedicó también al trapicheo… hasta la abochornante entrada en prisión de un yerno del Rey.

Lo cierto es que la democracia se volvió poco a poco patética y demediada, la ilusión declinó y, tras una profunda y pésimamente gestionada crisis económica, hasta salió adelante una moción de censura que expulsaba al PP del poder por la corrupción. Pero la sociedad no permaneció pasiva ante el hundimiento moral y el fracaso económico. En el nuevo milenio, a medida que iba tomando forma la recesión global, que en España fue doble, asomaron fuerzas informales cada vez más potentes que exigían la regeneración, sobre todo a raíz de la mencionada crisis que tuvo un expresivo lema mediático: los manifestantes llevaban pancartas con un acusador “no nos representan” en su lacónica verbalidad, en referencia a quienes gestionaban la catástrofe. Podemos, después Unidas Podemos, cristalizó aquella reviviscencia del idealismo, formalizó la idea de que el fracaso de los grandes partidos, protagonistas del ya instalado bipartidismo imperfecto en la gestión de la adversidad, no tenía por qué ser irremediable. Y fue entonces cuando surgieron otras opciones, Ciudadanos en el centro y Podemos en la transversalidad del populismo. El viejo bipartidismo ya dejaba de ser autosuficiente y es justo reconocer que la irrupción de los nuevos actores contribuyó grandemente a la depuración del sistema, a la apertura de los grandes procesos contra la corrupción y, finalmente, a la moción de censura que sacó a Rajoy del Gobierno.

En esta línea, también ha surgido Vox —era inevitable seguramente—, que, aunque bajo el manto tétrico de la extrema derecha a las espaldas, pretendió otro tanto, sólo que del otro lado.

La irrupción de estas nuevas organizaciones no ha sido casual: hay en la sociedad una más acentuada exigencia ética que obliga a la clase política a ajustarse a unas pautas cada vez más estrictas. Es la exigencia que forzó la abdicación de Juan Carlos I, la que hizo prosperar una moción de censura contra el presidente de un partido que había sido condenado por corrupción en los tribunales, la que está sentando en el banquillo a gobernantes relativamente recientes que abusaron de su poder y utilizaron al Estado en su propio provecho o en el de su partido. La misma exigencia que no tolera la violencia de género y castiga con anatemas durísimos a quienes han incurrido en este despreciable género de abusos… La liberalidad que crece, la tolerancia que se expande y genera igualdad, la integración sincera del colectivo LGTBI como no podía sospecharse unas décadas atrás, tienen el contrapunto de un mayor rigor moral a la hora de apartar a los corruptos, a quienes postergan el interés colectivo, a los políticos que mienten a la ciudadanía para arrancar su apoyo…

Quizá no pueda decirse que hemos vuelto al idealismo pero sí que hemos dado pasos hacia una reconstrucción moral de la democracia que se nos había abotargado. En esta búsqueda renovada de ilusión y de limpieza estamos, y a ella tienen que sumarse con ímpetu y decisión los grandes partidos estatales, en cierto modo causantes de la gran decepción. No acaba de verse, por cierto, que el PP haya leído correctamente este mensaje.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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