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Los pensionistas no pueden perder calidad de vida

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Pensiones y jubilados y pensionistas

Cuando Rajoy llegó a La Moncloa llevó a cabo una profunda reforma del sistema de pensiones, plasmada en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. El Factor de Sostenibilidad, que nunca se ha llegado a aplicar en la práctica, se definió en la norma como “un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, a través de la fórmula que se regula en esta norma, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes”. Básicamente, se pretendía reducir las pensiones con la esperanza de vida, ya que —se sobreentendía—, de no hacerlo, el sistema colapsaría al ser cada vez más larga la vida biológica del pensionista.

El índice de Revalorización anual, en cambio, se vinculaba a la situación del sistema de pensiones; en general, de la fórmula establecida solo se desprenderían subidas equivalentes al IPC cuando el sistema estuviera perfectamente equilibrado o arrojara superávit, si bien en todo caso las pensiones habrían de ser aumentadas un 0,25% anual. Este ridículo porcentaje permitía a los autores de la ley utilizar el argumento hipócrita de que, mientras Rodríguez Zapatero congeló las pensiones (aunque no las más bajas, dato que se omite cínicamente con frecuencia) tras estallar la crisis de 2008, el PP era mucho más magnánimo al subirlas en todo caso, en cualquier circunstancia. Lo cierto era que, con aquella reforma que velaba, se decía, por “la sostenibilidad del sistema”, los pensionistas verían reducir año tras año, salvo excepciones arbitrarias, su poder adquisitivo.

 

Muchos pensamos que el pensionista tiene el derecho innegable e irrenunciable a disfrutar de una pensión digna y constante

Este último método encerraba una trampa para elefantes, que resultaba además muy fácil de detectar. En teoría, el sistema de la Seguridad Social se nutría de los ingresos, que eran las cutas de los empresarios y los trabajadores, y ofrecía unas prestaciones susceptibles de ser modificadas a capricho. En un cierto momento, prácticamente todas las prestaciones impropias —rentas de subsistencia, pensiones de viudedad y de orfandad, etc.— se cargaban en la cuenta de la Seguridad Social. Poco a poco, estas prestaciones impropias se han ido cargando a los Presupuestos Generales del Estado, con el consiguiente alivio del balance. Pero en todo caso, el concepto de sostenibilidad sigue siendo una estratagema engañosa como se verá más abajo.

Muchos pensamos que el pensionista tiene el derecho innegable e irrenunciable a disfrutar de una pensión digna y constante —es decir, actualizada— durante toda su vida. Sería absurdo condenarle a una degradación permanente de su estatus vital que le obligara a progresivas y crecientes privaciones. En ningún país civilizado puede negarse este planteamiento de justicia social. Por lo que la indexación con el IPC es inexorable. Así lo entendieron las fuerzas políticas que acordaron restituir recientemente esta revisión anual en el seno del Pacto de Toledo, con vistas a la reforma que ahora va a tener lugar. El Partido Popular, que había eliminado tal indexación, aceptó también reintroducirla.

Pues bien: en la convención que ha realizado esta semana el PP, el expresidente Rajoy ha dicho en público, ante el alborozo de sus conmilitones y la aquiescencia del actual presidente del partido, Pablo Casado, que la indexación de las pensiones con le IPC es “un error” porque no permite establecer un modelo “sostenible”. Si no media rectificación, habrá que pensar que el PP se ha apeado de hecho del consenso sobre la reforma de las pensiones y los políticos populares explican que es a causa de la “sostenibilidad”.

La sostenibilidad o no del sistema depende de que, como es lógico, la recaudación mediante cotizaciones se destine exclusivamente a pensiones contributivas

Pues bien: esto es una falacia. Las pensiones se nutren, como es sabido, de unas cotizaciones finalistas que abonan empresarios y trabajadores con el objetivo de financiar las llamadas “pensiones contributivas”. De la caja de la Seguridad Social se detraen sin embargo “gastos impropios”; hasta hace poco, las pensiones no contributivas, las viudedades y otras ayudas no relacionadas directamente con la actividad laboral.  Pues bien: la sostenibilidad o no del sistema depende de que, como es lógico, la recaudación mediante cotizaciones se destine exclusivamente a pensiones contributivas. Pero hay aún más: el sistema de pensiones es una prestación semejante a la sanidad o a la educación, y si no es capaz de autofinanciarse mediante estos impuestos especiales, nada puede oponerse a que recurra a los Presupuestos Generales del Estado para recuperar el equilibrio. En otras palabras, las pensiones serán sostenibles si existe voluntad política de que lo sean. Y no lo serán si se opta por postergar a los pensionistas.

Mienten por tanto quienes atemorizan a la ciudadanía diciendo que la indexación de las pensiones con el IPC, o unas subidas demasiado generosas de las pensiones, pueden hacer “quebrar la SS”. La Seguridad Social será sostenible siempre, amenos que algún desaprensivo la destruya. Financiada mediante cotizaciones o a escote por todos los españoles a través de los PGE.

Es, en definitiva, muy importante que el PP se aclare en este punto: los ciudadanos, y los pensionistas en particular, tienen derecho a saber, sin subterfugios, qué partidos se comprometen a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y cuáles no.

El déficit de representación

Los partidos políticos de este país ofrecen un panorama irregular, con altibajos, y ni siquiera el centenario PSOE ni el clásico partido de la derecha fundado por Fraga poco antes de consumarse la Transición han estado a la altura de los requerimientos. Otros de nuevo y reciente cuño han hecho agua con frecuencia —el caso más elocuente ha sido el de Ciudadanos, cuyos aparatosos altibajos lo han llevado prácticamente ala extinción—, y ello ha acentuado la sensación de una desconexión entre representantes y representados, entre la ciudadanía y los partidos que teóricamente la representan.

Las oscilaciones de los partidos en asuntos vitales para mucha gente —la solidez y el alcance de los servicios públicos y de las prestaciones sociales— generan alarma y desconfianza (el caso de la estabilidad de las pensiones es paradigmático), y por ello es de exigir una consolidación interna de las organizaciones partidarias. Lo que me trae a comentar un escrito ajeno.

El notario López Burniol, citado con frecuencia en estas columnas, es uno de los analistas más refinados de la realidad política española, y, probablemente airado por la indecente incapacidad de los partidos para renovar las instituciones constitucionales, ha publicado un duro artículo contra la oligarquización de estas organizaciones, que considera semejantes a los de la primera Restauración, y por lo tanto al servicio de las elites. Entonces, como ahora, podía decirse que “las Cortes son una herramienta de la oligarquía y suelen autorizar al gobierno a legislar por decreto; la prerrogativa regia no funciona, y falta un poder moderador que siquiera frene a la oligarquía; los intelectuales han desertado; el resultado de ese pésimo gobierno es un Estado frustrado y fracasado, todo ello ante la pasividad del pueblo”. La cita reproduce ideas de Joaquín Costa.

Burniol cree, en fin, que, en España, desde el inicio de la Transición, “el poder político está secuestrado por las cúpulas de los partidos al servicio preferente de sus particulares intereses, que en lo inmediato pasan por la conquista y la preservación del poder, así como por la consecuente colocación de militantes y agregados, y —last but not least— por favorecer y resguardar la posición de dominio de aquellos grupos que los respaldan”. Con menoscabo del interés general y quebranto de las instituciones.

El análisis se puede suscribir íntegramente, ya que los descritos son reconocidamente los síntomas de la partitocracia, que suelen aparecer allá donde hay partidos políticos que se disputan el poder en el ámbito parlamentario. Los partidos tienden a cerrarse sobre sí mismos y a que una oligarquía se haga con el control; por eso la Constitución española establece en el tempranero artículo 6 que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. En estas condiciones participativas, se supone que será más fácil la circulación de elites (Pareto) y más difícil el acaparamiento del poder por minorías.

Es curioso comprobar que las afirmaciones de López Burniol, que suenan familiares, son aproximadamente las mismas en su contenido (no en su forma) que las que transitaban por las calles en el entorno del 15.M (15 de mayo de 2011) y que se plasmaron en un manifiesto que llevaba por título “No nos representan”. Se culpaba entonces al establisment, a la superestructura política, y particularmente al binomio PP-PSOE, la profunda crisis que estábamos atravesando, y que en cierta medida se debió a la falta de previsión de las elites. En los mercados globales —las célebres hipotecas basura— y en nuestro propio país —el desconocimiento de aquella letal burbuja inmobiliaria a la que nadie parecía dar importancia.

Aquellas movilizaciones supuestamente espontáneas no se quedaron en las palabras: pasaron a los hechos. Dieron lugar al nacimiento de Podemos, una organización informal, joven, asamblearia, abierta… que tardó poco en convertirse en partido político… y en mostrar todos los vicios inherentes a las organizaciones partidarias que sus promotores habían venido a corregir. Aquel estallido del sistema de partidos dio cabida a Ciudadanos, que probaba fortuna desde extramuros del binomio centralizado, y poco después registró el nefasto nacimiento de Vox, por la incapacidad de Rajoy de retener a su ala derecha. Sería difícil defender que el “nuevo” sistema de partidos ha mejorado con respecto al “viejo”, pero el intento fue en líneas generales plausible.

Pero no todo son malas noticias. En el PSOE, la oligarquización de la cúpula, que se produjo de forma descarada al amparo de poderes económicos externos, terminó fracasando por obra y gracia de la militancia. Pedro Sánchez, contrario a favorecer la presencia de la derecha en el poder —esto no es Alemania, donde derecha e izquierda democráticas lucharon juntas contra el nazismo— fue expulsado a las tinieblas exteriores por sus conmilitones corruptos… Pero fueron las bases las que repusieron a Sánchez en la secretaría general, en un golpe de fuerza popular que permite mantener viva cierta esperanza. Los partidos no son todavía lo que debieran, pero al menos tienen conciencia de que esta apertura democrática ha de proseguir. Sin cesiones a fórmulas de democracia directa fácilmente manipulables y que han fracasado siempre que se ha tratado de suplir con ellas las técnicas de la democracia clásica.

De cualquier modo, el aprendizaje de los políticos que integran los partidos no ha concluido todavía. Y está, a lo que parece, bastante lejos de ello.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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