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Los Presupuestos, la fiscalidad y el tamaño del Estado

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Estado del Bienestar
Foto: AdobeStock

Lo ha dicho un par de veces la ministra de Hacienda en estas últimas semanas: quienes apuestan por una carrera fiscal a la baja, proponen en realidad el fin de la igualdad de oportunidades. Con los datos disponibles en la mano, la afirmación es absolutamente acertada.

La presión fiscal en España, el conjunto de los impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB, se situó en 2017 en el 34,5 %, cuatro décimas más que un año antes pero bastante por debajo de la media del 41,4 % de la zona euro y del 40,2 % de la UE, según el Eurostat. España es el octavo país de la eurozona y el décimo de toda la UE con menor presión fiscal. Entre los Veintiocho, el de presión fiscal más baja aquel año fue Irlanda (23,5 %), seguida de Rumanía (25,8 %), Bulgaria (29,5 %) y Lituania (29,8 %), mientras los países de la UE con mayor presión fiscal fueron Francia (48,4 %), por delante de Bélgica (47,3 %) y Dinamarca (46,5 %). Alemania estuvo en torno al 40%.

Un informe reciente de la OCDE (Taxing Wages 2018, Informe sobre salarios 2018, publicado en abril de ese año) indica que en España un empleado sin hijos que gana un sueldo medio cifrado en 26.535 euros paga un 14,7 % por IRPF y un 6,4 % por cotizaciones sociales. Así, la presión fiscal imputada al empleado se sitúa en el 21,1 % de su sueldo bruto. Solo Irlanda (19,4 %) y Estonia (18,4 %) registran porcentajes inferiores en los países de la UE que, a su vez, forman parte de la OCDE. En el lado opuesto, destaca Bélgica (40,5 %), Alemania (39,9 %) y Dinamarca (35,8 %). La media europea se sitúa en el 28,6 %, 7,5 puntos por encima de España.

La crisis económica que acabamos de experimentar, la mayor de la democracia, fue altamente nociva para el sector público español: España fue el país de la OCDE en que más bajó la presión fiscal durante el periodo de la crisis. La recaudación de impuestos y cotizaciones sociales se redujo en 3,3 puntos de PIB (unos 33.000 millones de euros) entre 2007 y 2014. A finales de 2015 estaba en el 33,2%.

Calidad de los servicios públicos

Un informe de Bankinter publicado el pasado septiembre explicaba que los cinco países de Europa de mayor gasto público en comparación con su PIB son Francia (56,5 %), Finlandia (53,7 %), Bélgica (52,2 %), Dinamarca (51,9 %) y Noruega (50 %). En todos ellos el llamado estado del bienestar es fuerte. Por el contrario, los países que menos gasto público tienen en relación a su PIB son Irlanda (26,1 %), Rumanía (33,4 %), Lituania (33,8 %) y Bulgaria (35,2 %) y Letonia (38 %). Con la relativa excepción de Irlanda, en estos países los servicios públicos son muy precarios. España estaba en el entorno del 41 %, un porcentaje bajo en relación con las grandes democracias europeas.

En España, existe conciencia de que el Estado de Bienestar es el sustento de la equidad a la que aspira una gran mayoría de ciudadanos

La socialdemocracia moderna y las corrientes que podrían denominarse liberales de izquierdas han llegado hace tiempo a la conclusión de que la igualdad de oportunidades en el origen, el gran objetivo democrático, se consigue mejor proporcionando unos servicios públicos de gran calidad, universales y gratuitos, que incrementando la redistribución, que suele ser ineficiente. En España, existe conciencia de que el Estado de Bienestar es el sustento de la equidad a la que aspira una gran mayoría de ciudadanos. Por ello, el consenso político debería formalizarse sobre la suficiencia de este estado de bienestar, que necesita una presión fiscal adecuada.

Como se ha visto más arriba, las cifras demuestran que estamos en un lugar más bien bajo de carga impositiva, por lo que, como dice la ministra Montero, quienes proponen más bajadas de impuestos, están en realidad comprometiendo ese estado de bienestar, que ha salido considerablemente deteriorado de la crisis y que habrá que fortalecer. En el caso del sistema público de pensiones, la evidencia es la que es: o se aportan más recursos de origen presupuestario, o será prácticamente imposible mantener las prestaciones con las actuales tendencias demográficas.

En líneas generales, las derechas que han gobernado en esta etapa democrática no sólo no han combatido el estado de bienestar sino que han tratado de mantenerlo, al menos hasta la gran recesión de 2008-2014, por lo que puede decirse que ese bagaje social ya forma parte del consenso fundacional del sistema. Y si los partidos de centro derecha actuales, PP y Ciudadanos, no quieren pasar a la historia como autores del desmantelamiento del sistema de previsión social, harán bien en obviar la demagogia de proponer nuevas e imposibles bajadas de impuestos que pondrían en serio peligro el modelo que nos hemos dado.

La reforma fiscal en el pacto andaluz

El pacto entre el PP y Podemos en Andalucía ha sido criticado con dureza en ambientes progresistas por sus elementos ideológicos relativos a la gestión de los grandes derechos humanos pero no en sus ingredientes económicos, que han pasado inadvertidos. Y sin embargo el quinto punto del acuerdo entre PP y Vox consiste textualmente en  “Impulsar una reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones; la bajada del tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y del tramo autonómico del impuesto sobre el patrimonio, equiparándolos a los tipos de la escala nacional, y revertir la subida del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados”.

Algún análisis de altura, como el que ha efectuado Joaquín Estefanía —“Reformas para empeorar”, en ”El País” del 13 de enero— ha destacado que “Abordar una reforma fiscal en estos términos ampulosos implica olvidar cuáles son los verdaderos problemas impositivos: la insuficiencia del sistema para atender las necesidades públicas de los ciudadanos, su regresividad (un sistema tributario resulta progresivo cuando, siendo iguales las demás circunstancias, las personas con rentas más elevadas contribuyen en mayor proporción que las personas con menos rentas) y la ausencia de nuevas realidades (por ejemplo, el cambio climático y los gravámenes ambientales). Una propuesta como la que viene en el acuerdo Vox-PP desprestigia la idea de reforma fiscal”.

En otro lugar de su artículo, Estefanía llega a la conclusión de que en realidad Vox y el PP pretenden sumarse a la corriente neoliberal que desde los ochenta del siglo pasado pretende avanzar hacia el estado mínimo, reduciendo su capacidad fiscal y redistributiva: “primero se bajan los tipos del impuesto sobre la renta y demás impuestos directos; después se desplaza la carga tributaria desde los impuestos del capital hacia los impuestos del trabajo; por último, se reduce o incluso se elimina la imposición patrimonial y el impuesto de sucesiones. Como las necesidades públicas siguen existiendo, se sustituye parte de los impuestos (que se pagan según la capacidad de cada uno, y no se devuelven) por deuda pública (que pagan todos los ciudadanos y hay que devolver, con intereses, a quien presta el dinero: el sistema financiero)”.

Un requisito básico

La existencia de un sistema fiscal equilibrado, moderadamente progresivo —de forma que las cargas se acomoden a las posibilidades de cada contribuyente, persona física o jurídica— y capaz de sostener los grandes servicios públicos y los servicios de asistencia social que protejan debidamente a la ciudadanía es un requisito básico de una democracia equitativa y tranquila.  De hecho, hemos visto cómo esta vez la crisis —peor crisis que hemos experimentado en las últimas décadas— ha deteriorado el sistema democrático precisamente porque ha introducido graves e insoportables inequidades que han irritado a gran parte de la sociedad hasta generar una involución periférica y alteraciones sensibles en le sistema de partidos que afectan a la gobernabilidad. Deberíamos reflexionar sobre todo ello.

Lea nuestra entrevista al politólogo Pablo Simón
Antonio Papell
Director de Analytiks

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