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Los socialistas y la cuestión catalana

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Los socialistas y la cuestión catalana 1

Puigdemont se ha echado definitivamente al monte y ha lanzado provocativa e irresponsablemente el referéndum de autodeterminación, que en todo caso no tendrá valor político ni jurídico –en democracia, nada lo tiene fuera de la ley- ni representará internacionalmente algo más que aquella pantomima del 9N que, contra pronóstico, sirvió al menos para dejar en claro que, aunque el independentismo tiene envergadura, no alcanza la masa crítica suficiente para imponerse de forma indiscutible (la ley de Claridad canadiense es hoy el gran referente sobre la cuestión).

El proceso de exacerbación de Cataluña –una comunidad que prosperó magníficamente durante el largo mandato del entonces catalanista Jordi Pujol (1980-2003), pese a la corrupción subterránea que se ha conocido después— comenzó durante la segunda legislatura de Aznar, cuya reconcentración integrista dio alas a Esquerra Republicana, que en 2003 se convirtió en la tercera fuerza de Cataluña, con 23 escaños, 11 más que en las elecciones anteriores (aquellas elecciones del 2003 fueron ganadas en votos por Maragall y en escaños por Artur Mas, sucesor de Pujol). Se formó entonces el ‘tripartito’, en el que el socialista Maragall se escoró inaceptablemente hacia posiciones nacionalistas, para satisfacción de ERC (aquella deriva del president dio lugar al nacimiento de ‘Ciudadanos’).

El resto de la historia es conocida: después de numerosos forcejeos y de un pacto insuficiente entre Zapatero y Mas, se aprobó en 2006 un nuevo Estatuto, satanizado por el PP, que fue ratificado sin entusiasmo por la sociedad catalana en el preceptivo referéndum y que fue demolido en gran parte por el Tribunal Constitucional en una controvertida sentencia de 2010, ulterior a una serie de lamentables intentos de manipulación del propio TC a cargo del PP. La desactivación del Estatut, en un ambiente de crispación suscitado por el arranque de los graves escándalos de corrupción que terminaron salpicando de lleno a Convergència, a un sector notable de la burguesía catalana y a la familia Pujol, generó una potente pulsión independentista: el catalanismo moderado, con el patriarca a la cabeza, rompió amarras y adoptó la estelada, con lo que arrancó la desenfrenada carrera que ha llegado hasta aquí. Aquel viraje dejó, entre otros damnificados, al PSC, una parte del cual se desvinculó del tronco original (del que ya había desertado buena parte de la clase trabajadora, perpleja ante la conversión nacionalista de Maragall), quedando un partido debilitado y muy mermado, que está apenas recuperando ahora la vitalidad de la mano de Iceta. Este nuevo líder, alineado con Pedro Sánchez desde el primer momento, tiene una visión moderna y cabal del partido socialdemócrata, y los más optimistas consideran que puede poner las bases de una recuperación en toda regla. En cualquier caso, el camino que tendrá que recorrer será arduo: Iceta obtuvo en 2015 algo más de 523.000 votos y 16 escaños, frente a los  1.031.000 votos y 42 escaños de Maragall en 2003.

Hoy, la historia pesa como una losa sobre el presente, los catalanes no han olvidado, como es lógico, aquel proceso, y sería muy difícil que el Partido Popular consiguiera impulsar, aunque lo intentara de buena fe, un diálogo franco con el soberanismo, que es la espuma del nacionalismo, después de la siembra de irritación que realizó José María Aznar durante aquella infausta segunda legislatura –en la que gobernó fuera de sí con mayoría absoluta—, de la campaña del PP contra la reforma del Estatuto y de los intentos posteriores de manipulación del Tribunal Constitucional.

Realizado este repaso, que pretende ser exclusivamente descriptivo, lo lógico sería que la interlocución estatal con el nacionalismo democrático catalán fuera intentada y, en su caso, desarrollada por el PSC, ahora en buena sintonía con el PSOE federal comandado por Pedro Sánchez. No porque Sánchez sea un frívolo dispuesto a desmontar el Estado, como alguno ha sugerido, sino al contrario: porque exhibe una sensibilidad mucho más comprensiva con la diversidad.

Durante la campaña de las primarias, Sánchez ha utilizado el concepto de ‘plurinacionalidad’, homólogo al de ‘nación de naciones’, como prueba de comprensión hacia unas demandas de singularización que sólo en el extremo son rupturistas (la mayoría de los catalanes sigue prefiriendo la vía reformista, como acreditan todas las encuestas, hasta las que confecciona la Generalitat). En todo caso, el líder socialista siempre ha añadido que estos conceptos formados en torno al termino nación deben entenderse en el marco de una única soberanía, indivisible, que corresponde a todos los ciudadanos a la vez. Para los demasiado susceptibles, que todavía piensan que esta actitud tolerante pero firme es demasiado débil, Carmen Calvo dejó explicado recientemente en los Desayunos de RNE, que dirige Sergio Martín, los criterios básicos sobre el particular, con su propuesta de rematar el modelo constitucional del Título VIII de la Constitución (ante el que el PP se abstuvo porque estaba en contra) avanzando hacia un Estado federal; porque España no es un Estado federal porque le faltan los elementos básicos constitutivos de este modelo, la coordinación y la lealtad al pacto. Para Calvo, los términos nación, nacionalidad, región, región histórica, patria, país, que son constitucionales, no tienen sin embargo efectos jurídicos, por lo que no deberían suscitar conflictividad, al igual que los sentimientos de pertenencia. Lo que sí tiene efectos jurídicos es el criterio de “un solo Estado”, la defensa del Estado español como parte de Europa. Y esto es lo único realmente indiscutible. Con la constitución en la mano y con la convicción que mantiene gran parte del pueblo español sobre la indisolubilidad de ese Estado.

Así las cosas, hay un gran campo de negociación entre Cataluña y el Estado sin poner en cuestión lo esencial. Evolucionar nuestro asimétrico, inconcreto, disfuncional e injusto Estado de las Autonomías hacia un federalismo ‘a la alemana’, por ejemplo, sería una muestra de racionalidad democrática que podría resolver en gran medida la cuestión catalana –el nacionalismo se sentiría en buena parte colmado si dispusiera de las competencias de los länder—. ¿Por qué, pues, no avanzar en esa dirección, con todas las cautelas y garantías que se quiera, si tenemos en nuestra mano la posibilidad de mejorar cualitativamente el Estado y de entrar en una nueva y fecunda etapa de modernización, menos conflictiva que la actual? El PSOE, que saldrá estabilizado y fortalecido de su inminente Congreso, tiene obligación de encabezar esta iniciastiva. Y el PP y Ciudadanos, de secundarla.

Es claro que la fórmula ideal no existe y que la que se pudiera conseguir debería provenir de un largo diálogo entre todas las partes. Para ello, tendría todo el sentido la creación de la comisión sobre Cataluña en el Congreso de los Diputados. Una Comisión integrada por todos que durante un año deliberaría sobre un modelo de Estado más acogedor que el actual, más moderno en todos sentidos, menos intervencionista en cuestiones relacionadas con la pertenencia o la singularidad cultural, más confederal en lo accesorio y más sólido en lo realmente esencial. Es la propuesta que ha circulado por ciertas redacciones periodísticas y por algunos cuarteles partidarios. Ojalá termine imponiéndose por buena voluntad y sentido común.

Iberia 350
Antonio Papell
Director de Analytiks

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