Como estaba previsto, la investidura de Rajoy ha fracasado pero la primera de las dos votaciones, la celebrada el miércoles, abrió el plazo de dos meses que el muy imperfecto art. 99 de la Constitución otorga para conseguir la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno, transcurrido el cual el propio Rey, con el refrendo de la presidenta de las Cortes, deberá disolver el parlamento y convocar elecciones. Elecciones que serían las terceras consecutivas, tras el fracaso de las dos primeras, el 20 de diciembre del año pasado y el 26 de junio de este año.

La mayoría de los análisis publicados dan por sentado que estas posiciones son inamovibles y que no habrá cambios en el futuro cercano, de forma que nos acercamos irremediablemente a junas nuevas elecciones. Sin embargo, habría en teoría tiempo sobrado para encontrar una fórmula de gobernabilidad, entre un abanico de opciones, para evitar una tercera consulta al electorado, que por añadidura podría servir para bien poco si, como parece lógico que ocurra, sus resultados se parecieran a los de las anteriores elecciones del 20D y el 26J.

Tras la contundencia e irreductibilidad de Sánchez en su no a Rajoy, hay pocas posibilidades de que el Partido Socialista, que ha empeñado tan firmemente su palabra, cambie de actitud y acceda a abstenerse, con o sin condiciones, para que gobierne Rajoy, en una nueva tentativa de investidura. Sin embargo, es evidente que antes y después de las elecciones autonómicas vascas y catalanas del 25D habrá un debate interno en el PSOE, y siempre cabría la posibilidad de que, ante presiones internas, Sánchez cediera el testigo a otro líder que siguiera el rumbo marcado, entre otros, por Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero. De cualquier modo, esta opción tropieza con la evidencia de que tanto la militancia como el electorado socialista no están en absoluto de acuerdo con ella, según aseguran las encuestas más fiables. Y siempre tendría Sánchez la posibilidad de dejar la decisión final en manos de la militancia y convocar una consulta al respecto, que le daría con seguridad la razón y lo consolidaría en la secretaría general.

Una variante de esta opción sería el pacto PSOE-C’s para permitir gobernar al PP en minoría. La abstención de ambas formaciones permitiría a Rajoy investirse, pero su gobierno quedaría por completo en manos de sus ‘socios’. Esta posibilidad es remota por tardía: hubiera resultado razonable si se hubiese intentado en las primeras fases del proceso.

Una segunda posibilidad, cuando menos teórica, consistiría en que Mariano Rajoy y el Partido Popular decidieran cambiar de candidato a la investidura. Otra persona designada por los órganos competentes del partido conservador encontraría sin duda más facilidades para generar consenso, entre otras razones de peso porque ya no soportaría la carga de responsabilidad de haber ostentado el liderazgo popular desde 2004. Es evidente que el PP tiene en su seno personalidades que podrían desempeñar este cometido con brillantez, pero es lógico pensar que ni Rajoy aceptaría esta solución ni su partido se plegaría a una fórmula que les parecería injusta y arbitraria, dado el hecho incontrovertible de que el PP subió un 4,3% y 14 escaños entre las dos últimas elecciones generales. En cualquier caso, la posibilidad existe.

La tercera fórmula sería un gobierno alternativo al PP. Descartado por absurdo el modelo Frankestein –formado por PSOE, Unidos Podemos y las minorías nacionalistas-, la única hipótesis sería la constituida por PSOE, UP y C’s, que parece hoy extraordinariamente lejana si no imposible. La desconfianza del PSOE con respecto a UP y la incompatibilidad entre UP y C’s obliga a manifestar gran escepticismo sobre esta solución.

La cuarta fórmula sería la de un candidato independiente, la solución Monti, difícil de implementar por la falta de confianza e incluso de relación entre las organizaciones políticas. Como es sabido, en Italia, en un momento delicado de bloqueo tras la dimisión de Berlusconi en 2011, en medio de la gran crisis de deuda soberana, los buenos oficios del presidente Giorgio Napolitano zanjaron la crisis en apenas tres días: la designación de Mario Monti, quien asumió también la cartera de Economía, permitió a Italia salir del atolladero con un gran apoyo parlamentario.

Aquí, en nuestro país, la propuesta habría de ser formulada por el jefe del Estado, pero después de una ronda de consultas que garantizase su aceptación por la mayoría. En otras palabras, el Monti español tendría que provenir de un consenso político entre los partidos, que deberían elevar la propuesta al Rey para que este la adoptase oficialmente. El presidente independiente tendría que cumplir un encargo concreto y a plazo fijo, que consistiría en enderezar y mantener el rumbo económico del país, dirigir la reforma constitucional –que incluiría la reforma del art. 99 para facilitar la gobernabilidad futura, y la búsqueda de un consenso sobre el Título VIII en dirección federal-, la reforma de la ley electoral y la consecución de una serie de pactos, todo ello en el plazo de unos dos años, transcurridos los cuales se celebrarían elecciones para recuperar la normalidad institucional.

Ya se sabe que todas estas opciones son complejas, difíciles de implementar, pero no necesariamente son peores que unas nuevas elecciones, que demostrarían una gran impotencia por parte del establishment e irritarían a una opinión pública que ya tiene escaso aprecio a lo institucional y lo público. Tiempo hay de pensar en todas estas cosas.