Debate

Podemos y la comunicación

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Podemos ha querido dejar testimonio de sus posiciones en relación con los medios de comunicación -¿un aviso a navegantes?- y poco antes de que se diera por concluida la nonata legislatura, presentó tres proposiciones no de ley con las que abrir un “debate amplio”. El responsable de medios de la organización, Miguel Álvarez, ha dicho que el registro de estas proposiciones, destinadas a decaer en el momento de la disolución del parlamento tiene un carácter simbólico pues lo que pretende Podemos es “despejar toda duda” sobre el particular. Veamos someramente cuál es la postura del partido encabezado por Pablo Iglesias.

En la proposición no de Ley sobre un uso democrático del espectro radioeléctrico, Podemos propone “poner límites a la propiedad cruzada” de las televisiones y las radios para evitar grandes concentraciones de audiencia en manos de un mismo propietario. Esta medida, según el responsable de Podemos, tendría un efecto preventivo contra la “concentración” y las posiciones “dominantes”. “España puntúa muy mal en pluralismo según los estudios del Media Pluralism Monitor“, un organismo vinculado al Mercado único Digital de la Comisión Europea que recibe fondos comunitarios [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-pluralism-monitor-mpm]. El informe de este organismo sobre España (2015) resulta altamente ilustrativo [http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/spain/].

La medida antimonopolio no tendría efecto alguno en los medios de comunicación escritos ni afectaría “de facto” a los “propietarios actuales” pero, en el caso de aplicarse esa regulación, sí tendría efecto en futuras compras o fusiones de medios de comunicación. La ley vigente sólo limita los monopolios mediáticos cuando afectan a un mismo soporte. De hecho, en las últimas compras o fusiones de televisiones en España, se ha impedido traspasar el umbral del 27% de la audiencia, pero Podemos plantea ir más allá y ampliar las incompatibilidades teniendo en cuenta todo el espacio radioeléctrico. Así, en futuras concentraciones, el regulador tendría que vigilar la “propiedad cruzada” en la radio y en la televisión

La iniciativa de Podemos insta también a “adoptar otras estrategias de fomento del pluralismo, la producción nacional y local en radio y televisión y la diversidad mediática para situar nuestro espacio mediático a la altura de los estándares de calidad europeos”. También sobre televisiones y radios, Podemos propone cambios en los concursos públicos de adjudicación de licencias estableciendo “calendarios con objetivos y marcados por intereses generales y no puramente partidistas”. “Estas medidas deberán favorecer un sector mediático plural, diverso y democrático”, reza en su propuesta.

Como novedad, se propone “Estimular el desarrollo de la radio digital en España aprovechando la transformación para crear un sector plural, seguro a nivel jurídico e innovador”. Por último, se aboga por “crear un Consejo Estatal del Audiovisual en la línea marcada por diferentes organismos internacionales y las prácticas de los países europeos de nuestro entorno. Este organismo independiente permitiría dotar al estado de un órgano fundamental para trabajar en la transparencia de los concursos de adjudicación, para supervisar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los licenciatarios y para dotar de seguridad jurídica al sector ante las prácticas ilegales.

La Proposición no de Ley sobre el Derecho Constitucional a la Comunicación insta al Gobierno a impulsar un Programa de Fomento del Tercer Sector de la Comunicación (en manos del voluntariado y las organizaciones no gubernamentales), que suponga la aplicación inmediata de lo dispuesto en la Leu General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) en referencia a la comunicación comunitaria, al tiempo que resuelva la actual situación de confusión mediante la aprobación de un Plan Técnico Nacional que no presente contradicciones con lo dispuesto en la citada ley. Deberá procederse también a la asignación de licencias provisionales a las emisoras ya existentes como prevé la disposición transitoria 14 de la LGCA.

Se propone también establecer líneas de ayuda específicas en el sector de la comunicación para víctimas de despidos colectivos, jóvenes emprendedores, y modelos de negocio que apuesten por fórmulas cooperativas y que consideren la importancia de la independencia para el ejercicio del periodismo. Se apuesta igualmente por promover campañas por una audiencia activa fomentando la implicación y participación directa de la ciudadanía en los medios sin ánimo de lucro y de titularidad pública.

Finalmente, la Proposición no de Ley sobre la Agencia EFE plantea que los miembros del Consejo de Administración que designan a su presidente sean elegidos mediante concurso público. También reclama que la agencia esté sujeta “a control parlamentario” como sucede con RTVE, para que el Parlamento “fije democráticamente su modelo societario y los aspectos fundamentales de su gestión empresarial, como son los presupuestos, los contenidos de servicio público o las funciones de su consejo de administración, que deberá contar con representación de los trabajadores”.

Pretende asimismo “dotar a la agencia de un Estatuto de la Información y un Consejo de Redacción propios”, como exige el Código Deontológico Europeo del periodismo, así como habilitar un Consejo Social Asesor dotado de competencias reales, que vele por el cumplimiento de las funciones de servicio público y en especial del derecho de acceso, la atención a minorías y la proyección de la diversidad cultural española hacia el exterior.

La propuesta y la autoridad moral del proponente

Buena parte del contenido de esas propuestas es poco objetable. Hay que velar por el pluralismo del sistema mediático, conviene que ingresen en el acorwss de tercer sector y ya es hora, ciertamente, de que la Agencia EFElozani seones.or lo uqe hubiera habido que solicitarél actoresél él actores del tercer sector y ya es hora, ciertamente, de que la Agencia EFE se someta a control parlamentario, como los demás medios públicos. Pero la coyuntura es poco favorable para que se acepten estas propuestas acríticamente, sin que antes se aclaren algunas incógnitas y ciertas ambigüedades.

La triple propuesta ha tenido lugar pocos días después de que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, tuviera un encontronazo público con un periodista de “El Mundo”, a quien ridiculizó y de quien cuestionó su honorabilidad profesional, como medio de denigrar a determinado periódico que según su criterio trataría a Podemos con parcialidad. Obviamente, aunque los portavoces de Podemos hayan negado cualquier relación entre este desagradable incidente y las propuestas intervencionistas de Podemos en materia de medios de comunicación, el vínculo temporal es objetivo e innegable.

Sucede además que varios dirigentes de Podemos, pertenecientes a la Fundación sin ánimo de lucro CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) –el propio Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre, Carolina Bescansa, Íñigo Errejón, Alberto Montero, etc.-, han asesorado directamente al régimen de Hugo Chávez, que no ha sido precisamente un modelo democrático en materia de libertad de expresión.

La ONG de origen francés Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual de 2013, ubica a Venezuela en el puesto 117 de 179 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa existente, informando de paso que varios medios de comunicación fueron cerrados arbitrariamente y que el año anterior hubo al menos 170 casos denunciados de violencia hacia periodistas. La ONG estadounidense Human Rights Watch estableció igualmente que “durante el Gobierno del presidente Chávez y ahora durante la presidencia de Nicolás Maduro, la acumulación de poder en la rama ejecutiva y la erosión de las garantías sobre los derechos humanos han permitido al Gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos” e informó de que los medios de radiodifusión pueden ser censurados si critican al Gobierno. Y se han denunciado casos de compra de medios hostiles al chavismo por el propio régimen a través de hombres de paja, como sucedió con “El Universal”, que repentinamente cambió su línea editorial tras cambiar de manos. Así narró “El Comercio” de Lima aquella extraña operación: http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-maduro-no-cierra-medios-comunicacion-compra-noticia-1750529

Así las cosas, la confianza que suscita Podemos en materia de libertad de expresión es limitada, y en todo caso sus dirigentes tendrán que demostrar que se han adaptado a los cánones occidentales y han desechado consiguientemente los esquemas bolivarianos. Mientras tanto, las propuestas de Podemos, que tienen un tufo amenazador, resultan inquietantes y requieren ciertas explicaciones que confirmen que se ubican en el marco de los cánones europeos. Nuestra Constitución de 1978, que tampoco es muy del agrado de Podemos, otorga a la libertad de expresión una preponderancia exquisita, que sitúa ese derecho por encima de los restantes. En la vieja Europa, no hay otro modo de entender la democracia, y sin duda habrá en este país mucha gente vigilante que se ocupará de que no se tergiverse la vigente legalidad. Lo que no significa, obviamente, que no haya que corregir disfunciones, lagunas y carencias en el modelo español, que dista mucho de la perfección.

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