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Populismo catalanista

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Carles Puigdemont

Durante un cierto tiempo, había parecido que el soberanismo encabezado por Puigdemont bajo la tutela de la CUP había llegado a la conclusión, lógica hasta cierto punto, de que la ruptura con España no iba a ser posible por la vía simplemente reformista y requería por tanto una fractura de la legalidad. Aquel descubrimiento no aportaba novedades significativas a la percepción que ya se tenía del proceso.

Aquella deriva hacia los arrabales de la democracia parlamentaria explicaba cierta marrullería procesal que se manifestaba desde hace tiempo, pero sobre todo desde que se formó el Gobierno surgido de las elecciones de septiembre de 2015, que requirió el apoyo de la CUP (que fue a un candidato diferente de Artur Mas: Puigdemont). Sin embargo, ya no solo puede hablarse de marrullería, de escaso refinamiento jurídico, sino de torpeza populista, porque con toda evidencia las formaciones nacionalistas –Junts pel Sí y la CUP— y las organizaciones sociales que arropan el proceso –Omnium Cultural y la Assemblea Nacional de Catalunya— han emprendido una deriva asamblearia, en franca discordancia no solo con la democracia española, sino también con los regímenes de la UE. A este paso, una hipotética Cataluña independiente no cumpliría los llamados criterios de Copenhague que desde 1993 establecen las condiciones de integridad democrática y respeto a los derechos humanos que debe cumplir un país que aspire a ingresar en la Unión.

En efecto, el proceso soberanista catalán avanza entre mentiras jurídicas y excentricidades. Las principales “leyes” que ha preparado secretamente el ‘Parlament’ –la ley del referéndum y la de transitoriedad— y que cualquier jurista consideraría nulas de pleno derecho sin dificultad alguna porque versan sobre asuntos que no son de competencia autonómica, fluctúan entre lo mendaz, lo estrambótico y lo pintoresco, no solo a ojos de los expertos constitucionalistas, que estarán perplejos por la osadía de sus colegas catalanes cegados por el sectarismo, sino también de los legos en Derecho, que sin embargo hemos hecho un modesto esfuerzo por conocer las generales de la ley, aquellos criterios jurídicos básicos en que se fundamenta nuestra civilización.

Tiempo habrá de efectuar análisis globales de este gran despropósito que terminará el primero de octubre en un ejercicio de grave melancolía, pero de momento, y para entender mejor la naturaleza real del proceso y el calado intelectual de sus propuestas, parece oportuno analizar tan solo dos elementos llamativos del mismo que ya han salido aparatosamente a la luz: la proclamación del derecho de autodeterminación y la pretensión de que el futuro proceso constituyente arranque de un proceso asambleario, que tendría lugar a través de un ‘Foro Social Constituyente’.

Con respecto al derecho de autodeterminación, la mención al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que entró en vigor el año 1976 y fue ratificado por el Estado Español el 27 de julio de 1977, es totalmente improcedente. El Derecho Internacional ha dejado en claro y sin dar lugar a equívocos que el criterio general enunciado, “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, no se aplica a territorios que forman parte de un Estado formalmente constituido como los europeos sino que se refiere a la prohibición del colonialismo y de la dominación y explotación extranjeras en general. Los defensores de este derecho imaginario harían bien leyendo los fundamentos de la Ley de la Claridad canadiense y sus antecedentes judiciales. O analizando la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que niega a Baviera la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación: “En la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán –dicen los magistrados germanos—, los estados no son dueños de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional”.

Esta falta de soporte jurídico era ya conocida, por lo que es si cabe más chocante y novedosa la propuesta de un proceso asambleario, que resulta prodigiosamente franquista (el adjetivo es en este caso más descriptivo que peyorativo). Fue el régimen anterior, enemigo de los partidos políticos como heredero fiel del fascismo, el que abominó de la representación ideológica a través de organizaciones políticas especializadas y estableció que el poder legislativo de la dictadura se apoyaría sobre representantes de la familia, el municipio y el sindicato. Era la “democracia orgánica”, felizmente desechada por la Constitución del 78, que en su artículo 6 estableció tajantemente que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Pues bien: el régimen de partidos es insuficiente para los exigentes soberanistas, que quieren dejar el futuro en manos de Omnium Cultural y de la Assemblea Nacional de Catalunya, organizaciones de dudosa transparencia y de muy discutible representatividad.

Naturalmente, este exotismo constituyente no es un invento surgido por generación espontánea: guarda relación con el chavismo venezolano, que tampoco creía en el parlamentarismo occidental, el que practican Estados tan sospechosos como Alemania, Francia, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón. Ni en Montesquieu, puesto que en la Constitución venezolana hay cinco poderes originarios y no tres.

Precisamente los españoles deberíamos estar vacunados contra la ‘democracia orgánica’ porque la hemos visto y padecido en carne propia. Pero, ya se sabe, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

analytiks

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