Es evidente que la rápida e inapelable dimisión de Soria se ha debido, en primer lugar y de manera directa, a sus garrafales errores de comunicación, que demuestran una mente bien poco amueblada en un político profesional. Tras el primer desmentido rotundo, cerrado y sin resquicios de que tuviera alguna relación comercial o financiera con Panamá, tal y como aparecía en los célebres ‘papeles’, era evidente que cualquier reconocimiento de que sí existía una vínculo, por pequeño e irrelevante que fuera, lo dejaba en posición desairada, insostenible. Por consiguiente, al aparecer tales nexos, personales y familiares, y, sobre todo, al descubrirse también la existencia de sociedades offshore en Jersey, el mayor paraíso fiscal europeo, la dimisión era la única salida.

Es probable que Soria, pese a lo burdo de sus equivocaciones al tratar de defenderse, haya tenido la tentación de resistir in extremis para no arruinar tan irremisiblemente su carrera política; después de todo, está acostumbrado a ello porque ya protagonizó en el pasado incidentes que la pusieron en serio peligro. Sin embargo, ni el gobierno ni el PP podían tolerar tal cosa por obvias razones de oportunidad –estamos probablemente en puertas de unas nuevas elecciones- y la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, impuso con toda la razón que la renuncia al cargo fuera pública antes de la rueda de prensa de los viernes.

En este marco conceptual, se ha polemizado sobre cuál ha sido la verdadera causa de la caída política de Soria: ¿la mentira, intolerable en nuestros regímenes, o el hecho de que tuviera cuentas en paraísos fiscales?

Se podría decir que ambas razones han contribuido al naufragio, pero parece claro que lo que es intolerable en este país, cuyo régimen es ya bastante maduro y tiene las características que tiene y no otras distintas, es que nuestros políticos operen en paraísos fiscales, lo cual, aunque la actividad no sea necesariamente ilícita, demuestra objetivamente cierta voluntad de hurtarse al control social y quién sabe si también al control fiscal, además de que tampoco agrada a los ciudadanos que quien aspira a representarlos tenga sus caudales fuera del país, un designio evidentemente poco patriótico. Ya se sabe que en el mundo anglosajón lo insoportable es la mentira; aquí, no tanto: la picaresca forma parte del imaginario colectivo, y todavía no hemos interiorizado la sutileza, que tiene además matices protestantes, calvinistas, de exigir la verdad como requisito previo a cualquier otra valoración.

En nuestro contexto ético y sociopolítico, el juicio de valor pertinente y definitivo es el que ha emitido paladinamente el ministro Montoro: “nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el gobierno”. El responsable de Hacienda no se para en la estricta legalidad sino que va mucho más lejos: no se trata de exigir a los personajes públicos que no cometan delitos sino que es preciso que manifiesten un comportamiento ejemplar. No basta, en fin, con presentar el certificado de penales impoluto; hace falta acreditar una conducta compatible con la alta función, representativa o ejecutiva, que ha de desempeñar el político.

Y el ya ex ministro Soria, por cierto, había tenido conductas impropias que a juicio de al menos una parte de la opinión son políticamente inhabilitantes: aunque no sea delito, quien desempeña una función pública no puede admitir agasajos de empresarios que contratan con las administraciones públicas. Como es conocido, Soria llegó a ser juzgado por haber recibido favores de tal naturaleza –cohecho impropio, es el término técnico- aunque fue finalmente absuelto. No hubo delito, en fin, pero Rajoy debió en su momento haber tenido en cuenta esas historias poco edificantes antes de otorgar su confianza al personaje.

En definitiva, Soria tenido que irse porque, parafraseando a Montoro, no puede ser ministro quien no acabe de entender que un cargo de esta naturaleza no puede traspasar determinadas fronteras.