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El PP cede ante Vox y dinamita el consenso institucional contra la violencia machista

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Violencia machista
Banderola en el Ayuntamiento de Madrid en apoyo del 7N. Foto: Montserrat Boix (2015, Wikipedia)

El Ayuntamiento de Madrid, por primera vez desde 2005 y por exigencia de Vox, no emitirá una declaración institucional con motivo del día internacional contra la violencia de género, que se celebra este lunes. Los mismos pasos seguirán las instituciones territoriales en que gobierna el tripartito conservador. El peligroso discurso de la ultraderecha empapa la frontera que los separa del PP. Este año, donde otros hubo apoyo a las víctimas y estímulos a las sociedades que las acogen para endurecer la lucha contra esta lacra, solo habrá silencio.

Vox pretende incluir la violencia machista en el concepto de ‘violencia intrafamiliar’, separándola así del desorden básico del que proviene esta violencia, una sociedad machista y patriarcal, en que el hombre ha ejercido, durante siglos, una dominación total sobre la unidad familiar, de modo que la violencia ejercida sobre la madre de familia sería tan solo un exceso en la aplicación de un criterio indiscutible, el de la primacía del cabeza de familia sobre una comunidad familiar a su servicio. Las organizaciones feministas, como no puede ser de otra manera y como postulantes del fin de tal dominación, son contrarias al orden del que la violencia sobre la mujer sería una mera patología.

La violencia machista exige, además de una férrea crítica por parte de gobernantes e instituciones, protección permanente de 57.000 mujeres y, en multitud de ocasiones, de sus hijos. Desde 2013 han sido asesinados 25 menores y 243 han quedado huérfanos; en cuanto a las mujeres, han sido 1.028 las asesinadas desde ese mismo año. Es, además, un tipo de violencia que se esconde en las cuatro paredes del hogar y que se aprovecha del temor para silenciar a la víctima. Así, el 70 % de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia y el 64,9 % convivía con el agresor en el momento de su muerte, según datos obtenidos del último informe del Consejo General del Poder Judicial.

España, contra la violencia machista… y así seguirá (a pesar de Vox)

En diciembre de 2004, España promulgó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral de las Víctimas de la Violencia de Género, con gran consenso entre PP, PSOE y la mayoría de los partidos nacionalistas con representación parlamentaria. Desde entonces, se han llevado a cabo leves reformas del Código Penal y algún debate sobre cómo pulir la norma para hacerla más efectiva.

Asimismo, se firmó el Convenio de Estambul en 2014 y la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres de 2017. Todas ellas son leyes dispuestas a amparar las políticas con las que las distintas Administraciones tratan de frenar la violencia machista, pero la entrada de Vox ha roto este consenso sin la menor oposición de sus socios, PP y Ciudadanos. En Andalucía, la formación ultraderechista ha mostrado sus inclinaciones (descalificación del feminismo, fin de las ayudas sociales, etc.) y las va exponiendo en el resto de entidades locales en las que tiene peso.

El PP debe aclarar su posición

El cordón tejido para luchar contra la violencia machista en estos quince años es grueso y no permitirá una vuelta atrás. Sin embargo, es peligroso que una fuerza constitucionalista como el PP, la única alternativa de gobierno clara, ceda ante las exigencias negacionistas de un socio minoritario pero que en Francia ha conseguido absorber a los conservadores tradicionales.

La democracia española se ha basado en la existencia de una serie de consensos básicos, en su mayor parte tácitos, que han provocado que las alternancias no hayan significado vaivenes en el desarrollo político y social en este país. Sin embargo, esta facilidad con la que el PP ha aceptado el discurso de Vox hace dudar de sus convicciones sobre una trágica realidad. Los populares deberían cortar por lo sano las tesis reaccionarias y aclarar sus posiciones en estos asuntos fundamentales para la buena salud del régimen.

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