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PSOE, Ciudadanos, Cataluña

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Albert Rivera, líder de Ciudadanos, con una bandera de Cataluña

Albert Rivera quiere, muy legítimamente, ser presidente del Gobierno. Y, tras el evidente fortalecimiento del PSOE —que tomó la iniciativa de la moción de censura y ha gobernado desde entonces, ha empezado a revertir los efectos demoledores de varios años de austeridad y ha abierto los ojos a la ciudadanía sobre la evidencia de que hay otra forma de gobernar—, ha llegado a la conclusión de que la única manera de lograr la jefatura del Ejecutivo es consiguiendo el liderazgo de la derecha, sobrepasando Ciudadanos al PP y aglutinando una mayoría conservadora de acuerdo con el modelo andaluz, aunque con la formación de Casado en segundo lugar. Es posible que la estrategia sea fructífera pero en términos de imagen resulta devastadora. De hecho, el entorno de Macron ya recela de la sintonía de Ciudadanos con VOX, formación con la que el presidente de Francia no pactaría ‘nunca’ y con la que C’s no ha establecido, en cambio, cordón sanitario alguno. Antes al contrario, el plan de C’s pasa, como se ha visto, por el tripartito conservador.

Ciudadanos es, como se sabe, un partido político que surgió de la iniciativa de un grupo de intelectuales catalanes, descontentos con el cariz que Maragall estaba imprimiendo a la política del Principado tras la retirada de Pujol y la formación del tripartito en 2003. Muchas de aquellas personas, como Félix de Azúa, Ana Nuño, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Félix Ovejero, Carlos Trías Saignier, Horacio Vázquez-Rial, etc., eran de la órbita ideológica del PSC, muy molestas porque Maragall continuó multando a los comerciantes que rotulaban en castellano, siguiendo la pauta del nacionalismo pujolista de CiU, que había gobernado ininterrumpidamente casi un cuarto de siglo. Después, aquellos ciudadanos se apartaron y dejaron paso a otros que formaron el partido político llamado Ciudadanos, que de inmediato se aglutinaron en torno al liderazgo de Albert Rivera, quien primero adquirió notoriedad en Cataluña y después la fue extendiendo al resto del Estado. Y hoy, Ciudadanos es la primera fuerza del Parlamento de Cataluña, con Inés Arrimadas a su frente.

Aquella génesis hizo que Ciudadanos fuese un partido transversal y que se definiera casi desde primera hora a caballo del liberalismo y la socialdemocracia. El elemento aglutinante era el antinacionalismo y su principal objetivo poner coto a los abusos identitarios. Rivera intentó unir esfuerzos con UPyD, un partido de semejante procedencia pero de origen vasco, aunque Rosa Díez no quiso la alianza. De cualquier modo, hoy C’s es la tercera fuerza estatal, si no la segunda.

Los pasos de Rivera el frente de Ciudadanos

El centrismo de C’s hizo posible el pacto de gobierno –el ‘pacto del abrazo’, formalizado bajo el cuadro ‘El abrazo’ de Genovés depositado en el Congreso de los Diputados— que firmó con el PSOE en febrero de 2016, y que hubiera llevado a la coalición al gobierno del Estado si Pablo Iglesias, el líder de Podemos, no hubiera puesto la proa a aquella tentativa en el primero de los grades errores históricos del líder podemita. Después, en febrero de 2017, Rivera procedía en su Asamblea interna a cambiar la definición de su partido, que abandonaba el término ‘socialdemocracia’ para abrazar el concepto de ‘liberalismo progresista’. Se suponía que hubo cambio terminológico pero no de principios. Ahora, la decisión solemne de Albert Rivera de no pactar jamás con Pedro Sánchez ni con el PSOE en el Estado (en Andalucía ya ha roto con él, sin demasiadas explicaciones, después de gobernar juntos una legislatura para sumarse al tripartito conservador) resulta desconcertante y produce estupor. Porque el argumento aducido para la drástica ruptura, que Sánchez ha intentado negociar y pactar con los independentistas, no se tiene en pie: es una evidencia que el conflicto catalán sólo se resolverá antes o después por esa vía de la negociación y el pacto. Y Albert Rivera, que conoce bien la realidad catalana, lo sabe perfectamente.

El asunto —la preferencia de C’s por el pacto con el PP para llegar antes al gobierno— sería relativamente intrascendente desde el punto de vista del interés general si no fuera precisamente porque afecta a la cuestión catalana.

Sus propios antecedentes hacen de Ciudadanos una formación moderada, que, por su influencia en Cataluña, debe implicarse en la solución del conflicto. No es imaginable que Rivera sea verdaderamente partidario de cegar los puentes de la negociación y el diálogo y prefiera una dura intervención del Estado que suspenda sine die la autonomía catalana como pretende hacer el PP, según está diciendo insistentemente Pablo Casado, el nuevo líder y sucesor de Rajoy. Este no tuvo mas remedio que aplicar el art. 155 CE tras el golpe de mano en forma de referéndum y la proclamación a medias de la independencia, y lo hizo con proporcionalidad y de forma cuidadosamente limitada, pero es imposible que, superado aquel gran disparate, quien conoce bien Cataluña y es constitucionalista sincero descarte la política y opte por la fuerza para recuperar la convivencia y la estabilidad.

Muchos pensamos, con grave preocupación, que si un tripartito conservador que incluya a Vox aplica el 155 CE sin un argumento sólido para hacerlo (y en esta hora no hay ninguno), el desgajamiento de Cataluña será inevitable porque no habrá quien detenga una movilización del ciento por ciento de los catalanes. Nadie debería perder de vista que una mayoría muy relevante de la sociedad catalana, muy superior al limitado núcleo independentista, está irritada con el Estado por agravios, desconsideraciones y postergaciones que en buena parte son reales. Así las cosas, cualquier abuso injustificado que lesionase el autogobierno arbitrariamente colmaría el vaso de la paciencia del paciente pero orgulloso pueblo catalán. Sin duda Ciudadanos es consciente de ello y sabrá evitar movimientos en falso que podrían tener consecuencias irreparables.

La convocatoria electoral reproduce la parálisis política

Más de dos años llevaban los partidos parlamentarios debatiendo el futuro de las pensiones en la comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que en la XII legislatura se constituyó en septiembre de 2016, bajo la presidencia de Celia Villalobos. Y el pasado martes, cuando después de largas negociaciones se estaba ya redactando el conjunto de las 21 recomendaciones que se habían consensuado trabajosamente para asegurar la sostenibilidad del modelo (un modelo que en la actualidad tiene un déficit de más de 15.000 millones de euros anuales), el pacto saltaba por los aires. Primero fue Podemos el partido que anunció que presentaría votos particulares a tres de las 21 recomendaciones. Y acto seguido el PP “aprovechó la situación” (según la versión de una mayoría de los asistentes) para anunciar que, con este cuestionamiento del texto, ya no tenía sentido buscar la aprobación del plenario de la comisión para elevar el texto al consejo de ministros que debía rubricar el acuerdo definitivo.

El fracaso fue provocado objetivamente por Podemos, que recibió críticas acerbas de las demás formaciones, incluido Compromis (su portavoz dijo no entender el juego de la formación morada), pero la satisfacción del PP por el naufragio fue evidente. Alguien recordó que en 2011, cuando Ángel Gabilondo había conseguido un pacto educativo que englobaba a las fuerzas parlamentarias y a todo el sector —una proeza que no se había logrado en toda la etapa democrática—, el PP lo rompió con el argumento de que no quería darle esta baza a los socialistas en vísperas de unas elecciones. En esta ocasión, se ha desperdiciado una oportunidad de sentar unas bases ya consolidadas para la estabilización del sistema de pensiones, después de una dilatada tarea que ha consumido energías, tiempo y dinero. Pero en la escala de valores de sus señorías, el bien común ocupa un lugar muy secundario frente a la expectativa del poder.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado que piensa seguir siéndolo hasta la nueva investidura, e intentará avanzar en la tarea programada y pendiente. Este mismo miércoles, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, manifestó que piensa recurrir al decreto ley para sacar adelante algunas modificaciones de la reforma laboral pactadas con los sindicatos hace meses, como la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, el restablecimiento de la ultraactividad, la reforma de la subcontratación o el registro obligatorio de la jornada laboral. No es en absoluto probable que este Ejecutivo consiga los apoyos suficientes, a pesar de que una mayoría clara del Congreso, incluyendo en ella a sectores conservadores, está completamente de acuerdo en la necesidad de devolver contenido a la negociación colectiva, muy mermada por las dos reformas laborales que se realizaron durante la crisis, una a cargo de Zapatero y otra más tardía de Rajoy. La razón es fácil de intuir: nadie admitirá que el Gobierno de Pedro Sánchez se anote un tanto que pueda darle votos.

La cicatería política de algunos resulta con frecuencia ofensiva para los ciudadanos, que se irritan con razón. Porque parecería que los partidos piensan que estos gestos ruines no son advertidos por nadie, como si los ciudadanos que observamos la realidad fuéramos impúberes canéforas que no hemos llegado todavía a la edad de la razón. No hace falta decir que la sociedad se irrita y reacciona, cuando no da la espalda a la política y se refugia en el absentismo.

Lo cierto es que desde diciembre de 2015, este país ha sufrido una gran parálisis legislativa, de la que sólo ha salido levemente estos ocho meses últimos, en que el gobierno, en franca minoría, ha hecho esfuerzos ímprobos por aplicar medidas de reversión de la crisis y de modernización del país.  Esta nueva parálisis acumula retrasos y arroja sombras preocupantes sobre el porvenir de España porque la estabilidad tras el 28-A no está ni mucho menos asegurada.

La sombra de Thatcher, una reflexión en torno al futuro
Antonio Papell
Director de Analytiks

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