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Qué hacer con Cataluña

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Qué hacer con Cataluña. Independentistas

En vísperas electorales, la vista oral por el ‘procés’ en el Supremo ha dejado hace tiempo de ser noticia de primera página, y ni siquiera en Cataluña consigue imponerse mediáticamente la solemne ceremonia judicial a la efervescencia provocada por la sucesión de elecciones que se avecina, entreverada en una múltiple fractura del soberanismo. Hay unas expectativas contenidas de que quizá lleguen tiempos de mayor sensatez, una intuición de que el desenlace judicial del conflicto será moderado (una clara condena pero no desaforada), y en el ambiente se percibe un hartazgo por un bloqueo de la política catalana que dura ya casi cinco años si empieza a contarse desde el 9 de noviembre de 2014, y que hoy se halla en fase de verdadera parálisis institucional. Con Puigdemont en Waterloo y un epígono fanatizado y sin talla personal al frente de la Generalitat, Cataluña se paraliza y decae, en medio de un notable marasmo económico y con algunos movimientos políticos que denotan cansancio: el camino hacia la independencia está bloqueado y la política como tal está enjaulada en la judicialización del caso, que acaba de ampliarse para abarcar al aparato administrativo del referéndum ilegal, inexorable una vez que los soberanistas dieron su inaceptable golpe de mano.

Lo más relevante hoy del panorama político catalán es que se advierte un debate interno nada discreto sobre el futuro en el seno del soberanismo. Aunque las encuestas parecen sugerir que se mantiene la fractura casi simétrica en la sociedad catalana, el fanatismo del ultranacionalismo romántico y reaccionario que representa el prófugo Puigdemont está empezando a ser contestado, no solo desde Esquerra Republicana de Cataluña, cuya relativa sobriedad (y aunque se discrepe profundamente de sus postulados mesiánicos) resulta hasta cierto punto tranquilizadora, sino desde dentro mismo del ‘pospujolismo’. La heterodoxia de la excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que se ha desmarcado del inquilino de Waterloo y de su ‘movimiento nacional’ (La Crida), y que cuestiona las humillantes concesiones a la CUP, al mismo tiempo que amenaza con crear un nuevo partido, resulta refrescante. Al igual que las insinuaciones de Artur Mas, quien termina su periodo de inhabilitación en febrero y podría volver a la política activa quizá con más moderación y sentido común que los que mostró aquel 9N. Mas tiene, en efecto, la oportunidad de dirigir el retorno a un debate realista y practicable, en línea con su inicial propuesta de ‘pacto fiscal’, desdeñada demasiado deprisa por Rajoy.

Frente a este panorama cambiante e inestable pero en el que es posible remar hacia el reencuentro y el sentido común, habría que preparar entre todos una pista de aterrizaje para el soberanismo moderado, con el fin de que retorne a los parajes del catalanismo político –si alguien no sabe en qué consiste, que se lo pregunte a Miquel Roca y lea, de paso, su constructiva biografía-.  Y esta propuesta, que habría que empezar a preparar desde la alta política catalana y estatal, tiene que partir de la negociación y promulgación de un nuevo Estatuto de Autonomía que sustituya al mutilado de 2006. Y conste que en este caso es más importante el fuero que el huevo: no se trata tanto de ir más allá en el catálogo de competencias transferidas cuanto de que Cataluña goce de una carta plena, elaborada por los procedimientos establecidos en la Carta Magna, y no recortada por un Tribunal Constitucional asaeteado por presiones políticas de los partidos, que tuvo que dictar sentencia cuando ya se había pronunciado en referéndum la ciudadanía de Cataluña. No hace falta que alguien recuerde que los soberanistas ya han dado por superada la fase estatutaria; el mérito de los constitucionalistas estribará en convencer a Esquerra de que este camino es el único creativo que pueden emprender si quieren salir del tenebroso bucle en que se han metido.

En la mesa de negociación, en la que deben sentarse los partidos constitucionales y quienes en Cataluña acepten de buena fe la propuesta, deben estar, pues, una reforma del Estatuto y, si fuera preciso, una reforma limitada y concreta de la Constitución, que otorgase a Cataluña la singularidad de que ya disfrutan los territorios forales, y que Jordi Pujol, en un error garrafal, no quiso cuando era el momento de plantearlo, durante el periodo constituyente.

Si la derecha planea un ‘castigo’ a los catalanes suprimiendo la autonomía como los borbones suprimieron su personalidad jurídica, habrá firmado, al plazo que sea, la secesión de Cataluña

A. Papell

Cataluña y la constitución

Una reforma de la Constitución no es tarea sencilla pero tampoco imposible, como ha podido comprobarse no hace tanto tiempo (la reforma del art. 135 C.E. en 2011, en cuestión de semanas), siempre que se pongan de acuerdo las formaciones constitucionales. En este caso concreto, la solución más simple, que abriría un horizonte de confianza y entendimiento, sería la que ha propuesto atinadamente varias veces Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, uno de nuestros juristas más acreditados y probablemente nuestro más brillante constitucionalista, que es además de una gran simplicidad: como se sabe, consistiría en añadir a la Carta Magna una nueva disposición adicional en que se reconociesen los derechos históricos de Cataluña, de la misma manera que la disposición adicional primera reconoce los derechos históricos de los territorios forales (Navarra y País Vasco).

Semejante desarrollo –la reforma del Estatuto y de la Constitución- desembocaría no en uno sino en dos referéndums: el vinculado a la reforma estatutaria, en el que participarían todos los catalanes, y el ligado a la reforma constitucional, que, aunque innecesario sensu stricto –el añadido de una disposición adicional no está en el repertorio de supuestos que obligan al procedimiento agravado del artículo 168 que hace referencia al reforma constitucional-, podrá celebrarse si lo solicita la décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Sería muy saludable que todos los españoles consolidasen plebiscitariamente el fin del conflicto catalán, y así deberían proponerlo los partidos constitucionalistas.

Frente a este camino complejo pero sensato, ciertos partidos están proponiendo en estas vísperas electorales la aplicación dura e indefinida del artículo 155 CE, en forma de una suspensión sine die de la autonomía. Así lo ha manifestado el líder del Partido Popular, con la aparente aquiescencia de Ciudadanos (Vox, sencillamente, quiere regresar al Estado unitario, al Estado franquista).

La aplicación arbitraria del artículo 155 es, además de un craso error político,  sencillamente inconstitucional, ya que la Carta Magna establece con claridad la aplicabilidad y el alcance de la medida, que ha de basarse en causas objetivas y limitarse a restablecer la legalidad o a restituir el interés general. Por lo demás, una medida de castigo sería interpretada como un inaceptable maltrato a toda Cataluña, con lo que incluso los no soberanistas se adherirían al rechazo. Si la derecha planea un ‘castigo’ a los catalanes suprimiendo la autonomía como los borbones suprimieron su personalidad jurídica, habrá firmado, al plazo que sea, la secesión de Cataluña.

En definitiva, la paz, la reconciliación y el reencuentro no pueden llegar al conflicto catalán más que por el camino de la negociación y el diálogo, y de ningún modo a través de propuestas castradoras y represivas que pongan en tela de juicio el autogobierno catalán en su integridad, que lógicamente no es negociable a la baja.

Ya se sabe que en este país, últimamente, quien negocia con el adversario es, como mínimo, un felón. Pero hay muchos que no pensamos de este modo porque creemos que la democracia, que es tolerancia y respeto, requiere negociaciones, pactos, cesiones y dolorosos consensos. Como los del 78.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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