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Rajoy: de la mayoría absoluta al pacto de gobierno

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Rajoy: de la mayoría absoluta al pacto de gobierno 1

El presidente del gobierno en funciones, que ha descartado ya por imposible la gran coalición, no parece haber interiorizado todavía la gran dificultad que experimentará si, como parece probable, se sitúa al frente de un gobierno cuya estabilidad dependerá de otros partidos. Rajoy utiliza como argumento para el pacto la necesidad de persistir en las políticas realizadas hasta ahora, que a su juicio han ofrecido un rendimiento inobjetable, y no acaba de ver que ni los demás piensan o mismo, ni seguramente parten de códigos de valores comparables. Incluso sus últimas concesiones –como la de reformar ‘algunos aspectos’ de la reforma laboral- son retóricas, a modo de reclamo, sin que el líder popular dé por descontado el conjunto de reformas de gran calado que habrá de admitir si da el paso de gobernar con mayoría absoluta a ser sólo cabeza de un complejo pacto de gobierno.

Es evidente que España ha salido de la recesión y crece a un ritmo algo superior a la media comunitaria, pero aquí no han ocurrido milagros. El PIB per capita español apenas alcanzará en 2016 el que teníamos en 2008, en tanto un país rescatado como Irlanda supera hoy en más del 20 % el que tenia al estallar la crisis. En 2007, el PIB per capita español era el 107% de la media de la UE y hoy es solo del 92%. El desastre resulta inocultable, y se manifiesta en forma de un colosal desempleo y de un devaluación salarial sin precedentes. Además, se ha generado una gran desigualdad que debe redimirse como primera medida de cualquier acuerdo.

En estas circunstancias, es lógico que los hipotéticos socios del PP quieran –exijan- introducir sus propias recetas. Ciudadanos en primer lugar, si el partido de Rajoy se apoyase en él para asentarse en el gobierno, y, en última instancia, todas las formaciones que contribuyesen a la gobernabilidad.

Aun sin entrar en el debate demoscópico, puramente técnico, parece evidente que Ciudadanos, uno de los ‘nuevos partidos’ surgidos de la irritación social contra el establishment por la penosa gestión de la crisis a cargo de los partidos tradicionales, se ha nutrido particularmente de la clientela del PP, de las personas de centro-derecha que han desertado del gran partido conservador por sus políticas y por la corrupción. En consecuencia, la alianza entre las dos formaciones, que ahora se plantea como la opción más razonable emanada de las elecciones del 26J, sólo tendría sentido si la fuerza minoritaria consiguiese influir decisivamente en la trayectoria del hipotético gobierno que, salvo sorpresas, encabezará Mariano Rajoy.

La exigencia de renovación de la cúpula popular, planteada por C’s en las dos últimas campañas electorales como requisito sine qua non para cooperar con el PP, ha perdido relativamente fuelle tras las tendencias registradas en la última consulta con respecto a la del 20D: un ascenso de este partido más de cuatro puntos, con 14 escaños más, y un descenso de casi un punto de C’s, con una bajada de 8 escaños. En cierto sentido, los números refuerzan la legitimidad de Rajoy y debilitan el ímpetu regeneracionista de Rivera, quien, sin embargo, y a pesar de su disposición a abstenerse en la segunda votación de investidura de Rajoy, debe mantener enhiesta su demanda de claridad y transparencia, lo que ha de desembocar en el máximo rigor frente a situaciones ambiguas en este delicado territorio (si Rivera no mantiene su clara diferenciación con el PP ni demuestra en la práctica que su concurso influye en la acción gubernamental, correría el riesgo de verse arrollado por la inercia bipartidista del voto útil).

Pero el papel esencial de C’s, que debería aportar al PP la “mayoría suficiente” de los 169 diputados, ha de consistir, de una parte, en facilitar la gobernabilidad –urgente a corto plazo para definir el techo de gasto y los presupuestos del Estado para 2017, así como para negociar con Bruselas- y, de otra parte, en negociar razonablemente el decálogo de propuestas que ha exhibido, y que es precisamente éste: recuperar 2.800 millones de la amnistía fiscal del PP exigiendo el 10% de lo repatriado a los defraudadores, que tan sólo pagaron el 3%; suprimir las Diputaciones; instaurar el llamado contrato único (que ya se llama de otra manera) con indemnizaciones progresivas por despido para todas las nuevas contrataciones; reformar la ley electoral y la de financiación autonómica; suprimir los aforamientos de los políticos y los indultos para delitos de corrupción; aumentar el permiso de maternidad de 16 a 26 semanas; firmar un pacto nacional para la educación, lo que implica descartar gran parte de la ‘ley Wert’; impulsar un plan contra la pobreza infantil; y eximir a los autónomos de pagar su cuota cuando sus ingresos no lleguen al salario mínimo.

Del simple listado que precede se desprende no sólo que C’s tiene ideas propias sino que, si se acaba plasmando alguna formula de cooperación con el PP, infundirá una nueva agenda, mucho más atenta a la cuestión social que al interés puramente mercantil. Y dado que la coalición / alianza PP-C’s no arrojaría tampoco la mayoría absoluta, habría que contar con que quienes aporten los votos adicionales para hacer las leyes junto al centro-derecha estatal aspiren a influir también en ellas…

Lógicamente, el presupuesto de 2017 deberá reflejar los acuerdos que se suscriban. Y aunque no se trata, es obvio, de que el PP, la formación mayoritaria, asuma íntegramente las condiciones de las minorías, es claro que el final de la mayoría absoluta ha de suponer un cambio de sensibilidad y de tendencias.

De las manifestaciones de Rajoy estos últimos días podría desprenderse que espera una gran condescendencia de sus socios, que supuestamente le facilitarían la continuidad de sus políticas que “tan buenos resultados han dado”. Si no sólo se ponderan las grandes magnitudes macroeconómicas sino también los indicadores de la creciente e insoportable desigualdad de la sociedad española, se llegará a conclusiones menos amables sobre la ejecutoria del gobierno saliente, lo que justifica sobradamente que la nueva situación, impuesta ipor la soberanía popular, represente un profundo cambio en el estilo de gobernar, mucho más activo, más receptivo y más dispuesto a sintetizar las opiniones presentes en el concierto de la policromía española.

Ello ha de ser especialmente así en el campo del estado de las autonomías, máxime si se piensa que el tándem PP-C’s, para no depender del PSOE y de las ideas de centro-izquierda, necesitará objetivamente el apoyo del nacionalismo conservador para alcanzar la mayoría absoluta, necesaria en las principales decisiones parlamentarias. Y, por supuesto, si el PSOE tiene que terminar absteniéndose para que Rajoy sea presidente después de lograr una “mayoría suficiente”, las exigencias serán aún mayores.

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Antonio Papell
Director de Analytiks

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