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Reconstrucción de la Corona

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la corona. Felipe VI y la reina Leticia

Desde un punto de vista político, la institución monárquica, que había sido designada por Franco continuadora de su régimen autocrático y corporativista, y por lo tanto sin legitimidad alguna de origen, tuvo el acierto de constituirse personalmente en la proa de la democratización del régimen. Con el argumento, sin duda  sólido, de que una ruptura provocaría una incontrolable conmoción probablemente muy onerosa, utilizó todos los resortes de poder de que disponía para encarrilar una transformación integral, la transición, y de la mano de Adolfo Suárez emprendió la difícil tarea de acordar prácticamente todas las voluntades presentes, desde el neofranquismo al Partido Comunista, hasta patrocinar y alumbrar una Constitución sinceramente compartida por una inmensa mayoría de ciudadanos, cuya aprobación refrendó y legitimó también la monarquía en términos democráticos. La legitimidad sobrevenida del monarca se consolidó con la legitimidad de ejercicio que le vino dada por su comportamiento el 23 de febrero de 1981, cuando salvó al joven sistema de una cuartelada dada por los espadones de la dictadura.

Sería injusto no reconocer que el Rey Juan Carlos, durante lass primeras décadas de su andadura, contribuyó a estimular el sistema, a exportar el spanish way of life, a situarlo en el centro del mundo. Fue nuestro primer embajador, el promotor principal de nuestras exportaciones, el propagandista más caracterizado de nuestra oferta turística, el elegante estadista que este país mostraba para ilustrar su añeja cultura… El resto de la historia es conocido: todos condescendimos con las andanzas privadas escandalosas de aquel bon vivant que compaginaba sus juergas con el puntual cumplimiento de sus obligaciones de Estado… Hasta que aquel cóctel explosivo estalló. El yerno inútil de porte aristocrático cayó en las redes de un hábil comerciante que explotó a fondo la marca regia hasta que se descubrió el pastel. Y el propio monarca perdió el tino y la cartera a la vejez viruelas ante los turgentes encantos de sus pretendientas más avispadas.

Hubo que rescatar al viejo monarca  sugiriéndole la abdicación, que acabó aceptando de mala gana, mientras su propio hijo, perplejo, se veía obligado a reconstruir el dañado edificio. Milagrosamente, Felipe VI, bien asesorado por la Reina, ha sorteado procelas y borrascas y no sólo ha salido indemne de la prueba sino que ha mantenido a la Corona a un aceptable nivel.

Ha sido inevitable sin embargo que salieran a la luz las marrullerías económicas del viejo monarca, cuyas cuentas siguen siendo opacas y, de no dejar de serlo, acabarán salpicando al heredero, que ya es el jefe del Estado. En cualquier caso, la inviolabilidad del Rey en ejercicio ha salvado a don Juan Carlos de mayores males, al menos por ahora.

Porque la Corona ha vuelto a sufrir un nuevo y duro golpe al conocerse que el exrey Juan Carlos y parte de su familia han utilizado tarjetas de crédito opacas vinculadas a cuentas que no estaban a su nombre provistas de fondos procedentes del extranjero. Estos hechos ocurrieron después del 16 de junio de 2014, fecha de la abdicación del emérito, y no involucran ni al Rey ni a la Reina ni a sus hijas. Lacónicamente, la Fiscalía General del Estado ha remitido el caso a la Fiscalía del Supremo, donde ya se investigan las demás andanzas del padre de don Felipe VI. La cercanía de este escándalo al caso de las tarjetas black es tan obvia que no hay que hacer demasiados esfuerzos para la recriminación de una conducta tan inmoral y antiestética.

Es obvio que la acumulación de evidencias que demuestran la decadencia de Juan Carlos I cuando todavía era Rey y pensaba disfrutar de una inmunidad absoluta perjudica a la Corona, pone en riesgo la supervivencia de la institución y desacredita al país. La culpa de ello ha de distribuirse adecuadamente porque a partir de un cierto momento aquel desorden financiero y moral estaba en boca de todos, y mucha gente contribuyó a soslayar las corruptelas como si la deuda de gratitud contraída por el pueblo con el monarca fuera una especie de patente de corso. En 2013, se tramitó la Ley de Transparencia, ua oportunidad perdida que salió adelante con la sola mayoría absoluta del PP, que mencionaba  la Casa del Rey aunque los miembros de familia real no estaban obligados a pormenorizar los gastos de sus numerosas actividades públicas, ni a desvelar los negocios que realizasen con las asignaciones que recibían de los Presupuestos Generales del Estado.

Si en junio de 2014 abdicaba don Juan Carlos persuadido por un grupo de notables del reino que lo convencieron de que era muy peligroso para la institución no hacer nada, en diciembre el nuevo Rey iniciaba una reforma de su propio estatus. En diciembre de aquel mismo año, se promulgó por decreto ley un Código de Conducta del personal de la Casa de S.M. el Rey y en enero de 2015, se establecía una normativa sobre regalos a favor de los miembros de la Familia Real. Don Felipe restringió el alcance de la Familia Real y, ante las sucesivas revelaciones de las irregularidades pretéritas, ha manifestado rotunda voluntad de acomodarse a la letra y el espíritu de las leyes y a someterse al criterio de igualdad de todos ante la ley. Tras su llegada al trono, Zarzuela se comprometió a someter sus cuentas voluntariamente a una auditoría externa por parte de la Intervención General del Estado, ya que dada su particular posición administrativa no lo hacía ni lo hace el Tribunal de Cuentas.

Algunas voces ciertamente minoritarias y hasta cierto punto excéntricas insistieron de tanto en cuanto, antes y después de la abdicación de don Juan Carlos, en la conveniencia de desarrollar mediante ley orgánica el Título II de la Constitución, promulgando una Ley de la Corona que regulara los distintos aspectos no reglados de su actividad, y muy especialmente de su actividad privada. La idea no ha hecho fortuna quizá porque muchos expertos han considerado innecesaria la norma, que al establecer límites tan claros a la autonomía del Rey resultaría afrentosa para el titular de la institución. Tampoco los políticos han encontrado tiempo para tratar esta cuestión.

Así por ejemplo, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago, Roberto Blanco Valdés, no comparte la necesidad de elaborar una norma específica para que el actual jefe del Estado no pueda volver a transitar por el camino de su progenitor. Aunque sí ve posible elaborar leyes específicas que sirvan para aclarar el estatuto del príncipe de Asturias o cuestiones como la regencia o la tutela. “No creo que sea estrictamente necesario una ley que diga que el rey no puede hacer negocios privados, porque va de suyo que no puede hacerlos”, explica. “El rey no debe realizar ninguna actividad que perturbe su posición de neutralidad y de árbitro y moderador de las instituciones. Ni en el ámbito político ni en el económico”, enfatiza. “En la medida en que se dedique a hacer negocios privados, es fácil que esas actividades choquen con su estatus de inviolabilidad. Y eso no debe producirse en una monarquía parlamentaria”, concluye. Y no se le puede negar gran parte de razón.

El constitucionalista Jorge de Esteban, por su parte, ha publicado diversos trabajos sobre el particular, y en un artículo antológico llegó a describir los aspectos que debía  incluir la pretendida ley de la Corona: 1.-la transparencia de la institución, no sólo en lo referente a su actividad pública sino también a la privada; es evidente que el Rey no puede realizar negocios privados que puedan afectar a su neutralidad o aprovecharse de la información privilegiada que reciba por ocupar tan elevada posición; 2.-la necesidad de que el presidente del Gobierno refrende los viajes privados del Rey (las Constituciones de 1812 y 1837 regulan este extremo, como parece lógico); 3.-las funciones del Heredero; 4.-las consecuencias jurídico políticas del divorcio del Rey o de la Reina; 5.-distinción formal entre la Familia Real y la Familia del Rey; 6.-La abdicación del Rey, que debe regularse con más precisión; y 7.-regulación de los deberes y derechos del personal al servicio de la Casa Real.

Dicha Ley no debería interferir, evidentemente, con la reforma constitucional necesaria (e ineludible) que establezca la igualdad del hombre y de la mujer en la sucesión a la Corona. Un cambio por ahora frustrado que, junto a otros de parecido porte, pone de manifiesto la incapacidad del sistema para regenerarse a sí mismo. Si seguimos cediendo al temor de que al abrir el melón constitucional la democracia se nos vaya de las manos, estaremos condenados a vivir en una democracia envejecida y sobrepasada por la propia realidad de la historia.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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