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Reconstruir la Corona

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Si alguien tenía dudas, parece ahora claro que Felipe VI, bien preparado para reinar, está consiguiendo capear el temporal tras la precipitada abdicación de su padre, que ya presagiaba una gran tormenta tras estallar el ‘caso Urdangarín’ y hacerse cada vez más públicas las andanzas económico festivas del Monarca, conocidas desde mucho antes pero cada vez más aireadas y más insoportables para la ciudadanía.

Es poco discutible que el heredero está desenvolviéndose con discreción y soltura en estos tiempos de franca adversidad para la Corona, en que la jefatura del Estado se ha visto, primero, sometida al procedimiento penal de un yerno del Rey, con salpicaduras a la infanta, y, después, abrumada por las informaciones sobre don Juan Carlos, quien no solo mantuvo una actividad privada impropia sino que actuó, según todos los indicios, como comisionista de altos vuelos, mientras en paralelo seguía influyendo en las relaciones internacionales como embajador filantrópico de los intereses empresariales españoles.

El Rey Felipe debería poder apoyarse en el leal consenso de las fuerzas políticas mayoritarias, que, más allá de sus filias y fobias ideológicas, tienen la obligación de mantener el sistema estable y por lo tanto de apuntalar la jefatura del Estado

La Corona, que había conseguido afirmarse en las primeras décadas de esta etapa democrática mediante un derroche de legitimidad de ejercicio tras lograr su legitimidad de origen en la Constitución, se ha debilitado como es lógico con el surgimiento de todos los escándalos que la han alcanzado, pero hoy puede decirse que el Rey Felipe se ha sobrepuesto a las contrariedades con destreza. Aunque no es cómodo ni saludable tener que torear a diario las noticias escandalosas que hacen referencia al Rey emérito, ni asistir a su expatriación exótica como un medio de alejarlo de las turbulencias que él mismo ha creado en la política española. Por eso, el Rey Felipe debería poder apoyarse en el leal consenso de las fuerzas políticas mayoritarias, que, más allá de sus filias y fobias ideológicas, tienen la obligación de mantener el sistema estable y por lo tanto de apuntalar la jefatura del Estado.

La otra opción, la de aprovechar el desgaste de la Corona para promover la República, puede resultar atractiva en plano abstracto de las ideas pero tendría un coste elevadísimo para este país, algo que Pablo Iglesias, que acaba de efectuar una propuesta rupturista, no parece tener en cuenta.
El hasta hace poco líder de Unidas Podemos y vicepresidente del Gobierno ha publicado en CTXT un artículo titulado “Matar a Juan Carlos para salvar la Monarquía” en que niega lo que afirma en el título. Para el fundador de Podemos, “La monarquía española ya no es lo que fue hace 40, 30 o 20 años. Hoy es básicamente un significante identitario de la derecha y la ultraderecha políticas y sobre todo del reaccionarismo que habita en sectores muy importantes de la judicatura, de las fuerzas armadas y de ciertos poderes económicos y sus brazos mediáticos que siempre han considerado a su monarquía como un instrumento para hacer negocios”. Por consiguiente, “matar a Juan Carlos para salvar a Felipe es una operación de régimen contra la democracia. Y para que nadie falte al baile, los republicanos estamos convocados para hacer aún más leña del árbol caído y facilitarles que expliquen lo diferentes que son Juan Carlos y Felipe, o lo buena gente que es Sofía y lo bien que educó a su hijo para que no se pareciera al padre. Como si ese fuera el problema”.

Y concluye la argumentación de este modo: “Por eso, a los republicanos nos toca no dejarnos arrinconar debatiendo sobre las inmoralidades de Juan Carlos y empezar a explicar que República no significa ni odiar a los borbones ni se limita a una arcada moral permanente frente a sus comportamientos sino, por el contrario, la defensa de un proyecto de país donde las instituciones públicas se desparasiten de corrupción, donde los servicios públicos sean el sello de calidad de la Administración, donde la ley sea efectivamente igual para todos, donde los derechos sociales sustituyan al sistema de privilegios que imponen las privatizaciones y donde la plurinacionalidad tenga una traducción jurídica que sirva para unir, respetando las diferencias, a un país diverso frente al españolismo rancio y excluyente”. Y concluye: “El problema es la monarquía, la represente quien la represente”.

Es obvio que hay más argumentos abstractos para preferir la república que para postular la monarquía, y por lo tanto estas ideas no son intrínsecamente desacertadas… salvo en la generalización y en la praxis política. La monarquía no es un problema en sí misma, como lo prueba el hecho de que varias de las democracias más depuradas y admirables del mundo lo son. Pocos suecos, noruegos, finlandeses, holandeses, belgas, británicos o daneses piensan que el camino de perfección de sus regímenes avanza hacia una revoluci´pon que les traiga la la República. Lo cierto, como detectó el malogrado Javier Tusell, es que la monarquía moderna no ha resistido un error de fondo, y por ejemplo cayeron todas las monarquías que secundaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial (salvo la belga, cuya ambigüedad todavía le persigue). También cayó más tarde la griega, responsable de respaldar una cuartelada. Pero todos esos países mencionados que hoy lucen la figura de un Rey al frente priman la estabilidad sobre cualquier otra consideración, y mantienen la institución monárquica incuestionable para que haga aproximadamente lo mismo que la Constitución española encomienda aquí al titular de la Corona.

Dicho esto, parece poco realista y nada patriótico promover sin necesidad un cambio de régimen, dados los servicios prestados por el actual a la comunidad y el elevadísimo coste de una reforma tan radical que podría merecer el calificativo de revolucionaria. A estas alturas, solo podría concebirse la implantación de la República por la vía constitucional, y mediante el procedimiento agravado, que requiere mayorías inalcanzables y un embarazoso referéndum vinculante. Pero, además, un proceso de esta naturaleza, que probablemente fracasaría, fracturaría gravemente a la sociedad y lanzaría a unos contra otros en un gratuito diferendo sin sentido porque, en el fondo, de poco se diferencian en valores y en principios democráticos la monarquía sueca de la república italiana…

Debería, pues, descartarse el juego diletante de la reforma del modelo de Estado para dedicar todos los esfuerzos a mejorar el régimen actual. Porque es risible pretender una reforma tan profunda del sistema cuando no se es capaz, por ejemplo, de cambiar la Constitución para que los “disminuidos” se llamen oficialmente en el futuro “descapacitados”, como demanda el debido respeto a esas personas.

Así las cosas, todos deberíamos empujar en la dirección correcta, y sin echar más leña al fuego.

El Rey actual, Feipe de Borbón, ha hecho hasta el momento lo que está en su mano para dar transparencia a su Casa, hasta el extremo de que los Presupuestos de la Corona son públicos. Además, ha reducido el concepto de ‘familia real’ a su mínima expresión, para que el ámbito público de su actividad esté menos expuesto a los errores de su entorno familiar. Y, por supuesto, ha desempeñado su papel tasado constitucionalmente con rigor escrupuloso, incluso en casos que han resultado polémicos pero que son de su indudable incumbencia, como su respuesta firme e impecable al 1-O catalán (ya sé que esta afirmación desatará las iras del nacionalismo identitario catalán, pero qué le vamos a hacer).

Con todo ello, don Felipe ha pretendido desligar la institución de la influencia su padre y de los sectores reaccionarios que pretenden adueñarse de ella. Por eso es profundamente injusta la afirmación de Iglesias de que el Rey es voluntariamente un significante conservador. Precisamente la monarquía es la institución adecuada para que un país de banderías como el nuestro encuentre el punto de equilibrio en el vértice institucional. ¿Alguien se imagina “el arbitraje y la moderación” que podrían desempeñar, pongamos por caso, un presidente de la Tercera República que se llamase José María Aznar o Felipe González o Mariano Rajoy o Alfonso Guerra?

Es posible que el Rey no pueda salir de este laberinto solo, puesto que se tropieza con anacronismos que penden de la propia Constitución. La inviolabilidad del Rey (art. 56.3 C.E.) ha de ser eliminada o relajada para que se refiera exclusivamente a los actos realizados en el desempeño de la alta magistratura, bien mediante cambios en la propia Carta Magna, bien a través de una ley de desarrollo de la Corona. Y el artículo 57 C.E. —parece que fue ayer— establece la preferencia del varón sobre la mujer, cuando la Ley Sálica era ya una reminiscencia pasada de moda. No sé en qué estarían pensando los Constituyentes al copiar acríticamente el art. 60 de la última constitución monárquica, la canovista de 1876, que mantenía la tradición machista desde las Leyes de Partidas de Alfonso X el Sabio.

Quizá, en fin, sea este el momento de arropar institucionalmente al Monarca mediante una ley orgánica que desarrolle las previsiones constitucionales del Título II, incluso antes de la más engorrosa reforma constitucional que se precisa y que podría aplazarse ad calendas graecas en la cuestión sucesoria. Ello requeriría que las fuerzas democráticas lograran un reducto de consenso, al margen de la pelea diaria. No es probable que acontezca pero tampoco habría que descartar completamente que algún día la clase política entre en razón.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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