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Superación del procés: el éxito de los indultos

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conflicto catalán. Qué hacer con Cataluña. Independentistas

Como ha escrito esta semana Miquel Roca en su habitual columna de La Vanguardia, la decisión del presidente republicano de la Generalitat, Pere Aragonés, de no pactar los Presupuestos catalanes con la CUP sino con “En comú podem” –la confluencia representante de Podemos en Cataluña— abre “un nuevo escenario”, muy distinto del anterior, que parte del hecho evidente de que la mayoría de investidura que elevó a Aragonés al frente de la autonomía catalana se ha roto. O, por decirlo más descarnadamente, el frente soberanista, independentista, que alentó los hechos del 1-O de 2017 y que fue protagonista del ‘procés’, ha saltado por los aires. Buena noticia para los demócratas de todos los colores.

En este momento de la ruptura, “los presupuestos” –sigue escribiendo Roca— “pasan a segundo plano. No estamos discutiendo cómo gastar los dineros públicos, ni decidir sobre los ingresos que den amparo al gasto. La discusión supera el debate presupuestario para convertirse en otro debate todavía mucho más relevante. ¿Adónde se quiere ir? ¿Con quién? ¿Y para hacer qué? ¿En qué consiste y cómo encaja la negociación abierta entre Generalitat y Gobierno central? ¿Qué papel se atribuye a los socialistas en este proyecto? ¿Qué ritmo temporal se impone?”.

Lo sucedido tiene relevancia porque supone –digámoslo claro— la quiebra de una ficción: la de que Cataluña era masivamente independentista y había de liberarse de las cadenas estatales

Lo sucedido tiene relevancia porque supone –digámoslo claro— la quiebra de una ficción: la de que Cataluña era masivamente independentista y había de liberarse de las cadenas estatales. Al respecto queda claro, en primer lugar, que la mayoría soberanista era demasiado heterogénea para considerarse la base de una acción de gobierno. La CUP es un partido antisistema, antieuropeo, asambleario, que aspira a la independencia no para reconcentrar los valores ‘nacionales’ sino para poder desarrollar su utópico e imposible sistema autoritario a la albanesa. La izquierda democrática europea y la CUP se repelen, no mucho menos que la derecha democrática y la CUP, por lo que esa unidad del independentismo era/es una ficción. Tampoco ERC y JxCat piensan lo mismo, ya que la burguesía catalana posconvergente tiene escasa afinidad con la izquierda social que vota a ERC. De hecho, ambas opciones se  odian cordialmente y se desahogan en reproches mutuos en cuanto tienen oportunidad

En segundo lugar, lo sucedido marca diferencias en el seno del nacionalismo democrático, una vez que Elsa Artadi, la inefable portavoz posconvergente, llamase “autonomista” a Aragonés, un insulto de gran calado en la Cataluña actual (sólo es más grave el calificativo “español”). El nacionalismo romántico, identitario, reaccionario, sigue siendo patrimonio de JxCat, en tanto ERC está asimilando y racionalizando sus propios elementos progresistas que le impiden mantener el unilateralismo que Puigdemont llevó hasta sus últimas consecuencias.

La campaña de JxCat contra ERC (que en las últimas autonómicas superó a JxCat pero fue rebasada por el PSC) será dura y enconada, y por esto tiene sentido proponer, como ha hecho Roca en el mencionado artículo, un diálogo interno en Cataluña, donde los propios catalanes tienen que gestionar sus tensiones centrífugas y que administrar su relación con el Estado, que fue fecunda hasta que Aznar la sacó de quicio en aquella malhadada segunda legislatura en que el líder del PP gobernó con mayoría absoluta y sublevó a la sociedad catalana.

En cualquier caso, lo ocurrido fortalece todavía más a ERC, que tiene en reserva la opción de reproducir el ‘tripartito’ (ahora no es momento de plantearlo) y que ve facilitada su relación con Madrid gracias a la matemática electoral en el Estado, en un diálogo que se vuelve verosímil y cargado de posibilidades en las actuales circunstancias.

No es ocioso poner de manifiesto que esta evolución de la ‘cuestión catalana’ (cada vez es menos el ‘conflicto catalán’) ha sido posible por el efecto de los indultos

No es ocioso poner de manifiesto que esta evolución de la ‘cuestión catalana’ (cada vez es menos el ‘conflicto catalán’) ha sido posible por el efecto de los indultos. Por razones obvias, Aragonés no hubiera podido dar los pasos que ha dado si Junqueras continuase en prisión. Y es manifiesto que estos cambios en el paisaje han producido también un relajamiento doctrinal ya que la sociedad catalana, aunque celosa de su identidad, no es mayoritariamente partidaria de romper el gran experimento democrático que este país recorre desde que desapareció la dictadura anterior y se construyó colectivamente –también con el auxilio catalán, y el propio Roca, uno de los más activos y brillantes autores de aquella obra maestra, tiene mucho que explicar a este respecto— una gran democracia  que ha dado frutos infinitos y que está en condiciones de seguir dándolos, a menos que cometamos la torpeza de dar juego a los radicalismos de ambos lados.

El catalán, otra vez

Parece que fue ayer. Porque la polémica sobre la inmersión lingüística fue constante, con sus idas y venidas, durante toda la larga etapa de Jordi Pujol… quien por cierto se retiró de la política activa en 2003, pronto hará veinte años. Cuando se restituyó la Generalitat, todavía en la etapa preconstitucional, con Tarradellas de símbolo y referente de la legitimidad catalana y con Suárez de palanca del cambio, el catalán, largos años proscrito durante la dictadura y siempre ninguneado durante todo el periodo franquista, recuperó la respetabilidad (el catalán es lengua romance de cultura, con un amplio acervo bibliográfico a sus espaldas). Mi progenitor, hombre de letras y docente de segunda enseñanza, bilingüe como todos los catalanes cultos, tuvo que publicar durante muchos años sus libros en castellano, una vez repuesto de la represión física que padeció tras la guerra civil. No hablo, pues, de oídas.

Tiempo después, cuando Pujol se hizo cargo de la autonomía catalana, la inmersión lingüística en catalán fue la técnica pedagógica elegida para recuperar una lengua propia que se había degradado. También la televisión autonómica desempeñó un papel insustituible al enriquecer el lenguaje, empobrecido por tanto tiempo de no figurar en los programas educativos. Y los gobiernos centrales no vieron con buenos ojos aquella fórmula, que podía dejar postergado el español, que por imperativo constitucional ha de ser hablado por todos. Pronto se vio sin embargo que, de un lado, la inmersión lingüística funcionaba correctamente y evitaba la segmentación en la escuela y, de otro, que el castellano no se perdía, sino que seguía siendo la lengua hegemónica en el uso espontáneo y cotidiano (una encuesta reciente asegura que en el patio de los colegios catalanes solo el 14% de los alumnos de secundaria y el 35% de los de primaria hablan catalán).

En 1994, la inmersión lingüística conseguía el visto bueno del Tribunal Constitucional, que convalidó la ley de Normalización Lingüística de Cataluña de 1983, aunque con salvedades: veía “legítimo” que el catalán fuera el “centro de gravedad” del modelo “siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso”. Y señalaba que ese tratamiento para el castellano implicaba “no solo su aprendizaje como materia curricular [en la asignatura de Lengua Española, por ejemplo], sino su empleo como lengua docente”. Nada se hizo, el sistema funcionó razonablemente y la Generalitat solucionó las quejas enviando a su costa a los pocos alumnos que requirieron enseñanza en castellano a la escuela privada. El asunto se complicó con la destructiva sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía de 2006, dictada en 2010, en que se dice textualmente que “es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares […] Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que esta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular”.

Aquel mismo año 2010, el Tribunal Supremo primero y le TSJC después instó a la Generalitat a que introdujera el castellano como “lengua vehicular de la enseñanza” en aplicación de la anterior sentencia, sin que el gobierno catalán moviera un dedo porque el sistema de inmersión se aplica o no, no tiene medias tintas. Fue en 2014 cuando el TSJC, al ver que no se introducían en el sistema educativo aquellas resoluciones, decidió establecer que al menos el 25% de las materias debían impartirse en castellano. El Supremo ratificó esta posición en 2015. Y desde aquel momento, el TSJC reconoció ese 25% a las pocas familias que pleiteaban —unas 80 desde 2005—, pero la sentencia no sentó jurisprudencia y solo se aplicaba a la clase del escolar cuya familia había reclamado. Finalmente, la sentencia del 2020 del TSJC ya no respondió a la denuncia de una familia sino a una reclamación en 2015 del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular era Wert; y en ella se dispone que el castellano sea vehicular en al menos el 25% del contenido docente.

Es improbable que Cataluña se avenga a cambiar por decreto un sistema educativo que funciona perfectamente ye en un asunto tan sensible. Y es que debería ser la política y no la justicia la que resolviera este conflicto. El criterio de que la ley es la ley y de que las sentencias tienen que acatarse es irrevocable pero siempre hay caminos intermedios que preservan la ley sin provocar grandes destrozos. Con inteligencia, la política sirve para estos casos.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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