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Teoría del gobierno y de la oposición

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Gran coalición. Nuevas elecciones. Pedro Sánchez y Pablo Casado

Aquella conocida afirmación de Churchill, quien dejó para la posteridad la idea de que la democracia es el peor de los regímenes políticos, con excepción de todos los demás, nos recuerda a perpetuidad que nuestros sistemas políticos occidentales son un dechado de virtudes con gravísimos defectos intercalados. El parlamentarismo pluralista se basa en los grandes valores magnánimos que han configurado nuestro humanismo a lo largo de la secuencia histórica; las libertades civiles de que disfrutamos se agostan en cuanto la democracia se debilita y cede. Por esto ese modelo basado en las claves de Montesquieu está lleno de sutilezas y debe ser mimado para que no descarrile.

Los dos axiomas que conforman la democracia son simplicísimos: todos somos iguales —de donde se desprende que cada hombre debe disponer de un voto—, y el sistema democrático consiste en el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías. Si estos dos asertos se cumplen con la debida delicadeza y escrupulosidad, el régimen democrático es habitable y fecundo. Por más que haya en él una dialéctica de confrontación, de civilizada y creativa confrontación, que es la fuente hegeliana de la síntesis, el progreso en una palabra.

Uno de los inconvenientes de la democracia parlamentaria reglada es la inexorable discontinuidad del poder, una característica que forma parte de su esencia: los mandatos son limitados, y ello fomenta una cultura cortoplacista, ya que solamente los visionarios y los políticos de verdadero nivel tienen la grandeza de planear objetivos a largo plazo, aunque no vayan a ser ellos mismos quienes los alcancen. Y precisamente para obviar esta dificultad, los regímenes más maduros diferencian notablemente las etapas electorales, en que el fragor de la lid política se extrema, de las intermedias, en que la confrontación debe dar paso a la cooperación o, por lo menos, a la controversia constructiva. La oposición política a cargo de las minorías ocasionales no tiene por único objeto desgastar y descabalgar a la mayoría y ocupar finalmente su lugar: la oposición parlamentaria adulta y recta debe contribuir al interés general orientando al gobierno, transaccionando con él, buscando grandes y pequeños consensos que afiancen las normas con más legitimidad, etc.

Miquel Roca: “La radicalización del lenguaje, muy a menudo, solo esconde la ausencia de propuestas”

Parece que el señor Casado no sabe todas estas cosas, quizá porque no ha leído lo suficiente. Es patente que, a su juicio, su única misión es alzarse con el santo y la seña, conquistar la Moncloa, un objetivo loable… si incluye la realización de un programa que justifique el esfuerzo. Pero de momento no hay más que desaforado afán de poder, sin una sola idea. Su papel se reduce a denigrar todo lo posible a quien ha conseguido reunir la mayoría democrática, recurriendo para tal agresión incluso al insulto y a la descalificación rotunda, para ocupar su lugar cuanto antes. Y en un tono que ya merece las criticas más afiladas de las personas de mayor criterio de este país. Miquel Roca, por ejemplo, un personaje cargado de prestigio y alejado de la política desde hace muchos años, escribía el martes estas duras palabras en La Vanguardia: “En los últimos tiempos estamos asistiendo a expresiones y acusaciones que no tienen ningún tipo de justificación. Si se quiere ser contundente solo hay que saber explicar la cruda realidad; si de lo que se trata es de llegar más fácilmente al ciudadano, no es necesario ofenderlo con la presunción de que el insulto es más fácil de entender que el argumento inteligente. La radicalización del lenguaje, muy a menudo, solo esconde la ausencia de propuestas. Para destruir, fomentar el odio, disolver y confrontar ya tenemos bastante con la grosería chapucera; para construir, cohesionar y acordar se necesita más. Se necesita respeto, convicción, propuesta, voluntad de integrar y aceptar la diversidad. Ahora se está trabajando para ejemplarizar el insulto como herramienta principal de expresión”.

Miguel Roca no menciona nadie en su artículo. No está escrito para ofender, ni para intervenir en el juego de partidos, ni mucho menos para participar en la batalla política. Actúa como un analista de buena fe, como un verdadero patriota. Y no hace falta decir más. Tan solo, si acaso, que a muchos se nos caería la cara de vergüenza si fuéramos reprendidos por Miquel Roca en estos términos tan sabios como inequívocos.

Vivimos en un Estado cuasi federal

La sexta oleada del covid ha desconcertado a la comunidad científica casi tanto como a las instituciones políticas. Con una vacunación muy avanzada —el grupo de los resistentes negacionistas es pequeño—, con una tercera dosis que avanza a buen ritmo y con unos hábitos que ya muestran la conciencia del riesgo que corre cada cual, la incidencia del contagio es elevada pero sus consecuencias son mucho menos lesivas: la última variante, el ómicron, es muy contagioso pero menos letal, de forma que los servicios sanitarios están lejos del colapso y la mortalidad se mantiene en límites bajos. Límites que son asumidos pasivamente por la opinión pública porque venimos de etapas dramáticas pero que son en todo caso aterradores: que mueran cincuenta o cien personas al día por causa de una pandemia es un hecho obviamente inquietante, aunque la naturaleza humana eluda el miedo relativizando el peligro.

En estas circunstancias, la sexta oleada, que ha surgido súbitamente en vísperas de las Navidades, produce una amenaza “menor” que las anteriores, por lo que el dilema entre mantener la normalidad —es decir, reducir todo lo posible las medidas de protección y el cese de la actividad económica— y regresar a la excepcionalidad —limitando la movilidad y por lo tanto afectando al movimiento mercantil— se vuelve polémico: mientras la madrileña Ayuso trata de hacer como si nada ocurriese para no lesionar las economías que dependen de un público activo, el catalán Aragonés ha adoptado decisiones que rigidizan la actividad, imponen toque de queda, limitan en fin el alcance de las celebraciones propias de estas fechas.. e irritan a los comerciantes. Y en el entremedio, las demás comunidades autónomas adoptan la posición que consideran más oportuna.

Desde el primer momento de la pandemia, el Gobierno de la nación se ha limitado a tomar las decisiones de fondo principales, declarando en su momento el estado de alarma para que tuvieran amparo legal los confinamientos, las limitaciones a la movilidad, la obligatoriedad de las mascarillas, etc. Pero Moncloa siempre ha tenido claro que este es un Estado compuesto en el que el día a día ciudadano depende de las comunidades autónomas, que han sido convocadas docenas de veces (mediante la Conferencia de Presidentes) para tratar de poner en común inquietudes y soluciones. También ahora Sánchez ha invocado esta diversidad, y el Gobierno se ha limitado a recomendar la mascarilla en exteriores, sin interferir en la adopción o no de las demás medidas, algunas de las cuales han de ser autorizadas por los tribunales ya que limitan derechos fundamentales.

Ante esta actitud, la derecha española —el Partido Popular, pero sobre todo Vox— ha denunciado la inexistencia de un criterio único, de una autoridad monocorde, de una norma universal, y han considerado risible que Sánchez no vaya más allá de extender la mascarilla obligatoria a exteriores. Ya sabemos que Vox es frontalmente contraria al Estado de las Autonomías (lo suyo es la España una, grande y libre) pero parecía que el PP, que ha tenido largo tiempo responsabilidades de Estado y que gobierna en varias autonomías, había ordenado las ideas al respecto.

Lo que se echa en falta en todo este debate sobre las competencias es un modelo claro de organización. La Conferencia de Presidentes, tan útil en la práctica, no tiene encaje constitucional alguno, es un ‘invento’ afortunado de Rodríguez Zapatero, que convocó la primera en octubre de 2004 y que fue concebido como “órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral”. Pues bien: ese órgano de máximo nivel ya esta teóricamente inventado por la Constitución y era/es el Senado, la Cámara Alta, el equivalente al Bundesrat alemán. Solo que aquí no se ha dotado de las atribuciones necesarias para que cumpla su labor (la Constitución se promulgó antes de que se construyera el Estado de las Autonomías y el Título VIII es meramente procesal: solo explica cómo se hace tal cosa). Estamos en fin en un Estado [cuasi] federal que no tiene órganos federales genuinos, y los que se han improvisado son poco operativos por insuficientemente dotados. Tenemos un problema que solo se resuelve mediante una reconsideración constitucional que culmine el inmanejable Estado autonómico.

Antonio Papell
Director de Analytiks

El debate tabernario y el lenguaje desaforado.

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