La extrapolación aritmética al próximo diciembre de la secuencia entre las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y las del 26 de junio sugiere que, si se mantuviesen las tendencias, el Partido Popular saldría beneficiado (no hace falta decir que esta proyección carece de apoyatura científica). En efecto, el 26J obtuvo el 33,03% de los votos y 137 escaños en tanto el 20D apenas logró el 28,71% y 123 diputados. Tal tendencia provendría, según los expertos y en un planteamiento puramente lineal, de la acentuación del criterio del voto útil: un número indeterminado de electores, tras ver que la dispersión no proporciona gobernabilidad, se decanta por la formación más votada para inclinar la balanza.

Lógicamente, las cosas no son tan sencillas, y antes de cada elección los electores procesan la información que les ha ido llegando en el periodo de tiempo anterior a la consulta. Por una parte, la prolongación del desgobierno, que produce determinados efectos, influye sin duda en el ánimo de los ciudadanos; por otra parte, los partidos van acumulando biografía, que también es tenida en cuenta por el elector

Tras el fracaso de la investidura de Rajoy, el Partido Popular (como las demás fuerzas) puso la mirada sobre las elecciones autonómicas vasca y gallega que se celebrarán el día 25. Ambas consultas pueden en efecto introducir elementos nuevos en los equilibrios políticos si el Partido Popular obtiene en ellas un buen resultado –si consolida su mayoría absoluta en Galicia y salva los muebles en Euskadi-, frente a un PSOE en previsible declive en ambas comunidades (en Galicia comparece dividido y en Euskadi tiene que bregar con la irrupción de Podemos por primera vez en estas elecciones regionales). En realidad, el PP sueña con que el PNV termine necesitando su apoyo para mantener el poder en Ajuria Enea, una eventualidad muy improbable según las encuestas.

Aquellas previsiones electorales siguen en teoría intactas, pero la formación conservadora ha acumulado en las últimas jornadas nuevos lastres que dificultan grandemente la búsqueda de nuevos apoyos e incluso la conservación de los que ya posee. Un somero repaso a las portadas de los medios de comunicación da fe de la clamorosa coincidencia de episodios embarazosos que afectan a la credibilidad del PP y a la solidez de la opción que Rajoy representa. En unas pocas horas, ha saltado a escena el “caso Soria”, absurdamente lanzado al aire apenas unos minutos después de que fracasara la investidura de Rajoy, durante la cual este se había comprometido solemnemente a acatar los más estrictos códigos éticos contra la corrupción; y este martes, el promotor del desaguisado, el ministro de Guindos, no lograba convencer a casi nadie de lo atinado de una designación radicalmente absurda y desatinada. Asimismo, ese día, el Tribunal Supremo –nuestra Justicia es lenta pero inflexible- decidía someter a investigación a Rita Barberá, la exalcaldesa de Valencia, que por un error de cálculo se había constituido en una especie de bastión popular en la demolida Valencia, cuna de innumerables corrupciones que han alcanzado a todos los estamentos políticos (alcaldías, diputaciones, presidentes y consejeros del gobierno, parlamentarios…); el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ponía además sobre la pista de Barberá a Cándido Conde Pumpido, antiguo fiscal general con Zapatero, lo que añadía un ingrediente humillante al caso, que de momento ha desembocado en la salida de Barberá del PP, partido que le exige ahora la devolución del escaño. Además, ese mismo martes saltaba a la prensa la especie, después matizada por la fiscalía del Estado, de que el fiscal anticorrupción Horrach negociaba en Mallorca un pacto con Matas, por el cual este eludiría la cárcel si realizaba una confesión completa. Y casi simultáneamente se conocía que Bárcenas había decidido retirar su acusación contra el PP por la destrucción de los famosos ordenadores, lo que enseguida dio pie a pensar que a lo mejor había un pacto entre el PP y el tesorero infiel…

El bagaje judicial que acumula el PP es, pues, inquietante, a pesar de que el jueves saltaba también a los medios –para equilibrar la amarga balanza- la noticia de que la Fiscalía anticorrupción solicita elevadas penas para Chaves, Griñán y otros muchos antiguos políticos socialistas andaluces por el caso de los ERES, en los que la acusación encuentra indicios de prevaricación administrativa continuada y, en algunos casos, malversación. El caso de los EREs no responde al modelo de la corrupción clásica –exacción de dinero negro a las compañías que contratan con el sector público para financiar el partido y enriquecer a los cuadros- sino que pertenece a la categoría arcaica de corrupción que se manifiesta mediante la fundación de redes clientelares, con las que se logra voto cautivo y la perduración en el poder. Es probable que el reproche social no sea el mismo pero también estamos en presencia de delitos graves, muy lesivos para la democracia.ioiççponaproximaci veces en neraacioçon administrativa continuada y, en algunos casos, malversacioiççponaproximaci veces en nera

Sea como sea, es evidente que el horizonte penal del partido conservador no se aclarará a corto plazo sino al contrario ya que este mismo mes comenzará la vista del caso de las tarjetas ‘black’, con docenas de imputados de todos los partidos pero cuyas estrellas serán Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno del PP, y Miguel Blesa, compañero de pupitre del expresidente Aznar.

El calendario judicial para los meses siguientes es todavía más denso: en octubre comenzará la vista oral del ‘caso Gürtel’, un macrojuicio sobre la corrupción estructural del PP en varias comunidades autónomas, en el que se piden grandes penas de cárcel para el cabecilla Francisco Correa, para su segundo Pablo Crespo y para Luis Bárcenas, y al que deberán acudir como testigos docenas de altos cargos populares en un inevitable aquelarre mediático. También están a punto de concluir las investigaciones de otros procesos, el ‘caso Bárcenas’ y el ‘caso Púnica’, que se dilatarán en el tiempo y mantendrán encendida la llama del escándalo… mientras también llegarán al PP (pero no sólo al PP) las salpicaduras de los procedimientos que se siguen contra los responsables de las cajas de ahorros, que protagonizaron los escándalos cuantitativamente más relevantes de todo este proceso de degradación moral.

En este marco, las posibilidades de que Rajoy reúna más apoyos, o de que cambie la posición del PSOE, son todavía más remotas (más bien parece que una parte de sus apoyos podrían ir a la abstención). E incluso se fragiliza el acuerdo logrado con Ciudadanos, un partido que va tomando conciencia de que podría peligrar su supervivencia si no fuera capaz de aplicar un gran rigor a las cuestiones de corrupción. Mientras tanto, la postura de Pedro Sánchez, reacio a entronizar a Rajoy, se fortalece, frente a unos ‘barones’ que pierden argumentos para proponer la abstención que facilite el gobierno a Rajoy, y que además saben que Sánchez podría torcerles el brazo apelando a la opinión de las bases.

En estas circunstancias, todo indica que el 18 de diciembre –si se reforma como parece necesario la LOREG para abreviar una semana la campaña electoral- volveremos a las urnas. No parece que vaya a haber muchas sorpresas pero siempre será una incógnita el modo como el electorado vaya a procesar el cúmulo de información que le ha llegado desde el 26J y que a la postre debe contribuir a conformar el voto.