El Supremo mantiene la incertidumbre mientras sus magistrados no alcanzan un acuerdo para decidir sobre un asunto espinoso en el que ha habido precipitación y se ha dado la impresión, al menos eso, de que se escuchaban las presiones de los poderes fácticos.

El debate está abierto sobre la polémica de las hipotecas tras no llegar hoy a un acuerdo sobre el impuesto de las hipotecas en un ambiente de tensión e incertidumbre en el pleno de la Sala de los Contencioso Administrativo.

Los jueces se enfrentan a la decisión de su vida para, en un caso, confirmar la sentencia en la que establecieron que es la entidad financiera, y no el cliente, quien debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados por la escritura de la hipoteca. En caso contrario, sentenciar que los clientes hagan frente al pago del impuesto como venía ocurriendo hasta ahora.

Cuando el primer fallo se conoció el 18 de octubre, supuso un giro en la doctrina del Supremo y provocó un desplome de la banca en Bolsa, que ese día perdió 6.000 millones de euros.

Una vez convocado el Pleno, tras conocerse la noticia, nunca se debió dar pábulo a que la opinión pública pensara que se puede suspender, modificar o no ejecutar la sentencia.

Parece como si las más altas instituciones del Estado hubieran emprendido una carrera alocada y autodestructiva hacia el abismo del desprestigio.

La reunión ha sido larga, más de 8 interminables horas en las que 28 magistrados reunidos, de los 31 que forman el pleno, han intercambiado argumentos jurídicos y análisis de consecuencias. Uno de los magistrados se ha ausentado por encontrarse de viaje, otro por presidir la Junta Electoral Central y un tercero, al alegar motivos personales.

La sentencia definitiva puede eximir de forma definitiva al cliente a partir de la fecha del fallo, o incluso puede establecer que éstos reclamen a Hacienda los impuestos devengados en los últimos cuatro años, plazo de prescripción a efectos fiscales.

Si finalmente el Supremo establece que se puede reclamar el impuesto abonado durante los últimos cuatro años, técnicos de Hacienda cifran en unos 4.000millones de euros el importe abonado al fisco por 1,5 millones de contribuyentes en ese período.Pero si la retroactividad se ampliara, otros 13,4 millones de hipotecados -los que firmaron sus contratos entre enero de 2003 y septiembre de 2014- podrían reclamar otros 25.657 millones de euros. Se entiende la tensión y la incertidumbre, pero el alto tribunal no debería haberse dejado meter en la boca del lobo.

Para los bancos pagar el impuesto supone que cargarán su repercusión sobre los usuarios, lo que supondrá un coste mayor, lo que además representará un problema para las haciendas autonómicas que no mucho margen de auditoria para devolver los importes de 4 años de retroactividad que se supone acabaría suponiendo el nuevo enfoque.

Pero como todo es política en este tiempo, Podemos llama a la movilización general si el alto tribunal decide que sigan siendo los particulares los que paguen y no lo hagan los bancos.

Así las cosas, las entidades financieras trasladan su creencia de no habrá retroactividad. Si el Supremo decidiera que los bancos deberán asumir el pago del impuesto a partir de ahora, sería una solución de empate, en términos futbolísticos, de forma que los clientes se ahorrarán lo que hasta ahora venían pagando de cara al futuro y la banca no deberá provisionar el coste por los mismos sobre los últimos cuatro años, en el mejor de los casos. Es decir, fallo a favor de los usuarios, pero sin retroactividad.

Si, por el contrario, se aplica a los bancos la por ellos temida retroactividad, para un máximo de 4 años, la cantidad es importante pero asumible. Si el plazo se ampliara a 25 años, el sistema no aguanta y entra en quiebra y con él, todo el sistema económico.