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Un pacto de legislatura más que presupuestario

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Gobierno y Podemos firman un acuerdo sobre Presupuestos

Sánchez e Iglesias han sellado con un apretón de manos un pacto sobre los Presupuestos para 2019. El pacto cuenta con el apoyo de los 84 diputados del grupo socialista y los 67 de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En total, 151 escaños. A priori, esta suma es insuficiente para sacar adelante la ley de presupuestos, pero es bastante para presentar ante Bruselas un proyecto verosímil. Y posible. En la práctica, la viabilidad de tales presupuestos depende de que logren o no el apoyo del PNV y de los nacionalistas catalanes, una posibilidad muy fluida que no vale la pena ponderar en este momento.

El acuerdo al que han llegado las dos fuerzas de izquierda contempla una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros en 14 pagas en 2019 (representa una subida del 22,3 %). También se incluye un incremento del impuesto de patrimonio del 1 % para las fortunas de más de 10 millones de euros.

El documento firmado por Iglesias y Sánchez acuerda mantener el poder adquisitivo de los pensionistas con un incremento de las prestaciones del 1,6 %, que se compensará al final de año si hay desviación frente a la inflación. Además, subirán las pensiones mínimas y las no contributivas un 3 % para mejorar la situación de los beneficiarios más precarios.

Leer más: ‘El futuro de las pensiones pasa por Europa… y puede que no sea una buena noticia’

El pacto también recoge uno de los principales problemas de la actualidad: la vivienda. Para paliarlos, han acordado el aumento de la dotación para el plan estatal, más protección a los inquilinos de vivienda en alquiler y mayor capacidad de regulación de los precios para los ayuntamientos. Los contratos de alquiler pasarán de tres a cinco años y no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta. Por otra parte, cuando ninguna de las dos partes haya notificado a la otra, al menos con seis meses de antelación, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará durante otros tres años más.

Un pacto de legislatura

El acuerdo también incluye la revisión de los aspectos más conflictivos de las últimas reformas laborales, una reforma de la tributación de los autónomos para vincularla a los ingresos reales, medidas contra la ludopatía, igualación de los permisos de paternidad y maternidad, etc. En definitiva, más que un pacto presupuestario, y dado que PSOE y Podemos no habían puesto en común sus programas, el acuerdo parece/es más un pacto de legislatura que otra cosa. De hecho, es un pacto político de largo alcance que tiene una característica reseñable y esencial: Unidos Podemos ha abandonado todos sus rasgos utópicos y se aviene a mantenerse dentro del consenso europeo. Es lo que hace unos días escribíamos en las páginas de Analytiks.

Como es bien conocido, el actual gobierno es la consecuencia del triunfo de una moción de censura constructiva presentada por Pedro Sánchez, líder del PSOE, y secundada por prácticamente toda la oposición (ocho partidos), con la notoria excepción de Ciudadanos. Y aunque Sánchez tuvo que defender discursivamente su propuesta alternativa por obligación constitucional, el nuevo Ejecutivo no quedó vinculado políticamente a las formaciones que habían posibilitado su acceso al poder.

En cierta medida, el acuerdo de ahora con Podemos subsana esta carencia, da respaldo parlamentario objetivo a los socialistas y, de algún modo, marca la pauta de futuras corresponsabilidades… Porque todo indica que, con altibajos, se mantendrá indefinidamente el actual modelo parlamentario cuatripartito, por más que no falten politólogos y analistas que creen percibir un lento retorno al bipartidismo imperfecto que, de producirse, tardará en llegar en todo caso.

Lo inquietante es que, si siempre fue polémico el papel arbitral que con frecuencia correspondió a los nacionalismos periféricos durante el periodo 1982-2011, en la actual redistribución de la representación tal arbitraje se mantiene, con la particularidad de que el nacionalismo catalán juega ahora en las fronteras de la constitucionalidad.

En estas circunstancias, lo único claro es que la estabilidad futura, que es una verdadera urgencia –desde 2015 el parlamento está paralizado en su función legislativa, que es la principal que ha de ejercer-, obliga a consolidar los dos bloques más obvios, el que forman PP y Ciudadanos y el que ahora se manifiesta en forma de alianza PSOE-UP. Este acuerdo presupuestario es, en definitiva, el principio de una relación inevitable que no resultará en absoluto fácil de mantener, pero de la que, en tanto no cambien las grandes tendencias electorales, depende la viabilidad de cualquier avance progresista en este país.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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