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Una gran desvergüenza

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Tribunal Constitucional

La renovación de los órganos constitucionales caducados, que todavía no ha concluido, lleva camino de convertirse en un escándalo de tal envergadura que el régimen político no tenga más remedio que cuestionarse a sí mismo y elegir entre realizar una reforma constitucional profunda o arriesgarse a asistir a su propio colapso. Porque para que funcione un sistema democrático es necesaria la adhesión cálida de la gente, la formación de un clima de consenso positivo en torno a unas reglas de juego que nos hemos dado y nos hemos comprometido a respetar. Si la vigencia del modelo se reduce a los simples efectos de la inercia o del miedo, de la indiferencia y la coacción, nos estaremos situando al borde de un despeñadero. Es cierto que vivimos en un marco europeo y global de notable estabilidad, pero no hace tanto tiempo que en el corazón de la vieja Europa unas colectividades se enzarzaron en una mortífera y cruel confrontación por no ser capaces de organizar la diversidad étnica, política y social.

La renovación del Consejo General del Poder judicial, actualmente de mayoría conservadora, se ha demorado más de tres años porque la derecha de este país no ha consentido perder esta posición privilegiada, máxime cuando sabía que tendría que someterse a numerosos juicios por los numerosos y graves delitos relacionados con la corrupción económica que se han cometido en los últimos lustros ligados a financiación ilegal del PP. Casado, sin embargo, ha tratado de disimular esta negativa dolosa disfrazándola de puritanismo constitucional: decía desear que sean los jueces los que se elijan endogámicamente a sí mismos en el Consejo General del Poder Judicial, al menos en el cupo de magistrados (actualmente es el Parlamento el que lo hace, entre candidatos propuestos por la corporación de jueces y magistrados). Con independencia de que la corporación judicial es muy mayoritariamente conservadora, no hay razón —ni Europa nos lo sugiere, contra lo que se dice— para sustituir el método actual, por el que los jueces designan a los candidatos y es finalmente el parlamento el que selecciona a los que considera más idóneos. Prueba de que el método no es descabellado es que cuando Gallardón, a la sazón ministro de Justicia, pretendió introducir la elección directa de los jueces en su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), Rajoy se negó en redondo y dejó las cosas como estaban.

La presión sobre el PP para que accediera a la renovación de las instituciones caducadas —Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos y hasta el jefe del Estado, veladamente, en sus discursos— ha sido fuerte, tanto internamente como desde Bruselas, y finalmente Casado ha accedido a negociar con el PSOE la renovación de las instituciones por mayoría cualificado…, salvo el CGPJ que ha quedado todavía pendiente. Esta excepción no es casual: la renovación del TC, que acaba de culminar, no ha cambiado por ahora los equilibrios internos puesto que los cuatro magistrados que ha habido que sustituir eran los del cupo de la Cámara Baja, por lo que el PP y el PSOE se han limitado a reemplazar a sus dos representantes, pero cuando se renueve el CGPJ, la mayoría, hoy conservadora, pasará a ser progresista, lo que supone que su presidente y presidente del Tribunal Supremo contará también con la confianza gubernamental. En definitiva, el cálculo del PP en esta reforma parcial ha mirado a sus intereses y no a los generales del Estado, como por otra parte es habitual.

La renovación del TC ha sido sectaria e irritante

Pero, además, la renovación del TC ha sido sectaria e irritante, ya que se ha dado entrada a un personaje que ha mantenido un sesgo político venal e inocultable y que, en uno de los casos, ha guardado una familiaridad inaceptable con los espacios de corrupción del PP, en connivencia con algunos de los cabecillas del gran expolio.

 

Muchos pensamos que también es un fraude de ley acordar, como han hecho PP y PSOE, el reparto por el sistema de cupos de los puestos de las instituciones

La indecencia mayor, digámoslo claramente, ha sido la del PP al presentar a Enrique Arnaldo como candidato al TC. Pero, además, muchos pensamos que también es un fraude de ley acordar, como han hecho PP y PSOE, el reparto por el sistema de cupos de los puestos de las instituciones. La mayoría de tres quintos necesaria para su designación impuesta por la Constitución (art. 159.1 C.E) no autoriza a los grandes partidos al pasteleo sino que indica que los elegidos deben tener valía y prestigio suficientes para ser aceptados tanto por unos como por otros.

Pero aun aceptando que la política española es como es y que en el actual sistema siempre se han elegido los miembros de las instituciones por cuotas entre simpatizantes políticos, los argumentos que hacían impropia la designación de Enrique Arnaldo eran mucho más potentes que la simple adhesión que profesa expresamente al PP, y que en principio no sería un obstáculo (la Constitución prohíbe la afiliación política de los jueces, no la expresión de sus simpatías ideológicas, por más que Montesquieu recomendase que la Justicia fuese siempre “invisible y nula”)

Arnaldo ha percibido una gran cantidad de minutas de instituciones del PP mientras ejercía como letrado de las Cortes, lo cual es incompatible

Ya se ha escrito mucho sobre tales inconvenientes, pero es imposible no enumerarlos para que estas ideas tengan la fuerza necesaria a la sombra de una trayectoria emparentada con la corrupción. Arnaldo ha percibido una gran cantidad de minutas de instituciones del PP mientras ejercía como letrado de las Cortes, lo cual es incompatible. Asimismo, ha desempeñado la docencia en la universidad pública con exclusividad y en la privada al mismo tiempo. Se ha escrito, sin que nadie haya publicado la menor rectificación, que él estuvo detrás de la proeza universitaria de Casado al conseguir gracias a cierto rector que el actual presidente del PP aprobara doce asignaturas en cuatro meses. Se le conocen amistades peligrosas con algunos de los cabecillas más caracterizados de la corrupción del PP, a los que llegó a prometer —se guardan grabaciones— ayuda para conseguir que se les designara fiscales afines y benevolentes… Por añadidura, ha publicado varios centenares de artículos en los que vierte toda clase de juicios en los que difunde una ideología que podríamos llamar reaccionaria, enemiga acérrima de Zapatero, contraria al aborto y al matrimonio gay, etc., que podrá ser sustanciosa fuente de recusaciones.

A pesar de todo ello, las fuerzas de izquierda han decidido respaldar a Arnaldo con un argumento que a algunos nos parece espurio:  tragar ese sapo permite renovar el TC y posiblemente el Consejo General del Poder Judicial, aunque produce escalofríos pensar en la composición de este órgano que serán capaces de acordar PP y PSOE.

Pues bien, es triste tener que invocar la famosa máxima ética que afirma que el fin nunca justifica los medios. No hay forma humana de convencer a alguien con principios de que es moralmente aceptable votar a Enrique Arnaldo porque ello permitirá cumplir la Constitución… y hará posible de paso la toma del control del TC por la izquierda cuando en siete meses se renueven los cuatro siguientes magistrados, dos por el CGPJ y otros dos por el Gobierno.

El mensaje que se lanza de que en determinadas circunstancias es lícito pisotear las convicciones y designar a una persona totalmente impropia para que asuma la sagrada tarea de interpretar la Constitución, junto a otras tres de escalones inferiores de la judicatura que todavía no han acreditado del todo su preparación, violenta los principios democráticos de idoneidad y transparencia. Ojalá no nos tengamos que arrepentir.

Odón Elorza vota en contra

La única voz de la izquierda que se ha escuchado a favor de estas tesis que acaban de desgranarse es la de Odón Elorza, quien ha votado en contra de Arnaldo, al tiempo que otros diez diputados sin identificar.  No está claro —al menos, no lo tiene claro este cronista— si el PSOE debería tomar represalias por esta indisciplina o si lo más digno sería reconocer que no hay consignas capaces de doblegar una convicción moral incontestable, por lo que la postura de Elorza debería de ser respetada por concurrir en ella la eximente de la integridad personal.

Creo que la izquierda se ha equivocado rotundamente al tragarse un sapo de la derecha en un gesto que parece convalidar esa decadente condescendencia con la corrupción que ha primado en este país

Pero al margen de esta cuestión interna del PSOE, creo que la izquierda se ha equivocado rotundamente al tragarse un sapo de la derecha en un gesto que parece convalidar esa decadente condescendencia con la corrupción que ha primado en este país y que ha debilitado la ligazón entre ciudadanía y política. De nuevo hay que recurrir a Montesquieu para concluir con él en que “no son solo los crímenes los que destruyen la virtud, sino también las negligencias, las faltas, una cierta tibieza en el amor de la patria, los ejemplos peligrosos, las simientes de corrupción; aquello que no vulnera las leyes, pero las elude; lo que no las destruye, pero las debilita”.

Lo ocurrido en nuestro Constitucional, una gran desvergüenza por parte de la clase política, entra de lleno en este aserto crítico del padre de la democracia moderna. Porque, en definitiva, la renovación de las instituciones constitucionales ha contribuido al descrédito de la política, a la exaltación de la mediocridad, a la lenidad con la falta de escrúpulos y a la desafección ciudadana.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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