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Unas nuevas elecciones serían un gran fracaso

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Unas nuevas elecciones serían un gran fracaso 1

En general, los políticos están reconociendo en medio del guirigay de estos días de provisionalidad y desgobierno que la no consecución de una mayoría capaz de gobernar sería un fracaso de la democracia. Sin embargo, la cuestión se está relativizando -¿a la fuerza ahorcan?- y ya hay quien piensa públicamente que no es para tanto. Jesús Cacho, sin ir más lejos, comenzaba hace escasos días un artículo (que Analytiks no comparte en absoluto) con estas expresivas frases: “¿Quién teme la convocatoria de nuevas generales? La España que durante cuarenta años no conoció más cauce de expresión de la voluntad popular que la famosa triada de ‘familia, municipio y sindicato’, la cantinela que repetían con garbo los locutores del No-Do, la España que por tal motivo debería hoy sentirse feliz cada vez que tiene oportunidad de ejercer su derecho al voto, ahora parece asustada ante la posibilidad, cada día más real, de ser llamada de nuevo a las urnas para recomponer el estropicio del 20 de diciembre pasado”…

En el fondo, lo que sugiere el articulista de referencia es que unas nuevas elecciones darían a los ciudadanos ocasión de rectificar, con lo que se evitarían los desaguisados que se están tramando. Curiosa tesis que, de extrapolarse, nos llevarían a una especie de democracia continua en la que los ciudadanos pudieran opinar prácticamente a diario para corregir los desenfoques de la víspera: cuando la democracia no es una ciencia exacta y se basa en convenciones, una de las cuales es que el pueblo debe pronunciarse a través de un sistema representativo de manera periódica y tasada. Y eso es lo que acaba de hacer la ciudaadnía el 20D, con la debida solemnidad. El pueblo ya ha hablado, y no tiene por qué rectificar su dictamen. Son los actores políticos que se han embarcado en este ceremonial los que tienen la sagrada obligación de interpretar la literalidad del mandato, darle forma y hacerlo operativo hasta cumplirlo sin más trámites ni impedimentos.

Ya se sabe que las leyes constitucionales más maduras, como la española, prevén eventualidades como la que estamos experimentando y tienen establecidos excepcionales recursos para remediarlas. Nadie ignora que si el 2 de mayo nuestra clase política no ha sido capaz de gestionar debidamente el resultado del 20D, habrá que convocar nuevas elecciones. Y que de no obtenerse tampoco de estas un gobierno se convocarían por el mismo procedimiento unas terceras… y así sucesivamente. Pero esta secuencia de hechos, que es una posibilidad, describe también una patología. No es sano el desgobierno español, como no lo fue el desgobierno belga de aquellos más de 500 días entre 2010 y 2011… Hoy, a la luz de la patética impotencia policial de ese país centroeuropeo donde se ubican las instituciones europeas, nos estamos dando cuenta de la ínfima calidad del sector publico belga, que a veces parece propio de un verdadero estado fallido. No es adecuado para servir de ejemplo, ni n esto ni en su exótica solución del problema territorial.

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Imagen: Reparto de votos en las elecciones del 20-D

El asunto de la repetición de elecciones ha sido también analizado desde otro punto de vista en la prensa estos días pasados:  Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política, ha publicado en la prensa capitalina “¿Y si hubiera elecciones en junio?”, en que el autor analiza las hipotéticas consecuencias de un regreso a las urnas para los distintos partidos. Su planteamiento, inductivo, se basa en un episodio tan sólo relativamente cercano al que nos ocupa: la reiteración de las elecciones autonómicas madrileñas de 2003. Como se recordará, en aquella ocasión hubo que repetir la consulta por el “tamayazo”, la fuga de dos diputados socialistas, probablemente por causas inconfesables, que privó a la izquierda de la mayoría que le hubiera permitido gobernar.

En aquella ocasión, hubo importante desmovilización en la segunda consulta y la participación política cayó sensiblemente, casi siete puntos, entre la primera y la segunda elección, pasando del 69,3% al 62,6%… y dando, esta vez sí, la mayoría a la derecha, lo que frustró el cambio que se había producido en primera instancia. Cacho podría decir cínicamente que los electores tuvieron entonces la ocasión de enmendar el error de votar a Simancas votando a Aguirre, con lo que habría que dar incluso las gracias a los tránsfugas.

Orriols reconoce que  el aumento de la abstención no se debió solo al cansancio y al hartazgo por tener que votar de nuevo: hubo también importante decepción de la clientela socialista al asistir al intolerable comportamiento de algunos miembros del PSOE, tránsfugas vergonzantes, y de la desidia de quienes no fueron capaces de prevenir aquel desaguisado que dejó al PSOE a los pies de los caballos.

Orriols considera probable que unas nuevas elecciones el 26 de junio rebaje todavía más una participación que ya fue decepcionante el 20D (ni siquiera la perspectiva de un verdadero cambio del sistema de representación logró entonces una gran movilización) ya que el porcentaje, el 69,7%, estuvo casi cuatro puntos por debajo de la media de tales elecciones. Y, utilizando datos del CIS, concluye en que el PSOE sería el partido que más habría de temer esa segunda consulta dada su desmotivación crónica (dos tercios del electorado socialista declara tener poco o ningún interés por las cuestiones políticas).

En todo caso –concluye el articulista- aun no sabemos qué partido acarrearía la culpa de haber provocado la nueva consulta, pero hoy por hoy todo indica que sería Podemos el que hubiese de endosar a responsbilidad. En este caso, la formación de Iglesias podría ser la principal damnificada.

De cualquier manera, lo más relevante del dilema –elecciones sí o no-, es de estricta naturaleza política, y puede resumirse en un único criterio: si hay elecciones nuevamente, los partidos habrán fracasado en el cumplimiento de la voluntad popular, que ha pretendido implementar un nuevo sistema de representación política más complejo que el anterior, y en el que son necesarios los pactos  para alcanzar la gobernabilidad.

Con toda evidencia, en este país se ha ido acumulando desde los primeros coletazos de la crisis, que fueron súbitos y brutales, un creciente y activo malestar social, de crítica activa a la clase política, que fue incapaz de prever a tiempo la llegada de la peor recesión  que ha padecido España en décadas, que también fue incapaz de gestionarla de forma medianamente atinada, y que, no contenta con haber provocado el gran desaguisado, comenzó a quedar en evidencia al irse descubriendo una hilera insondable de episodios gravísimos de corrupción económica.

Imagen: Movimiento 15M en Madrid

Imagen: Movimiento 15M en Madrid

En efecto, en medio de un desempleo incontrolable y del miedo de las clases medias de caer en la indigencia, se descubrió que muchos personajes públicos habían incurrido en el mayor latrocinio que cabía imaginar, que se habían enriquecido hasta la náusea en un país ya plenamente desarrollado cultural y económicamente, con un sistema judicial potente y profesionalizado, y con una opinión pública muy preparada y en absoluto dispuesta a tolerar tales abusos sin ofrecer una respuesta airada y contundente. Respuesta que se dio en la calle, primero,  través de las grandes movilizaciones del 15M en  Madrid y otras muchas ciudades, y que cobró cuerpo después a través del surgimiento de nuevos partidos, que han conseguido una presencia sustantiva en las elecciones del pasado 20 de diciembre, poniendo fin a una larga etapa de bipartidismo imperfecto y abriendo paso a un nuevo modelo cuatripartito que constituye un calco incontestable de la voluntad popular.

Así las cosas, viejos y nuevos partidos tenían –tienen todavía- la obligación de aceptar el mandato popular y de adaptarse a él sin objetar la decisión colectiva, poniendo en ello todo el empeño necesario para colmar tan legítima exigencia. El mensaje de la ciudadanía ha sido bien nítido: se han terminado las mayorías absolutas e incluso el viejo modelo bipartidista en que una minoría mayoritaria era capaz de gobernar con apoyo de alguna pequeña fuerza periférica; ahora será necesario un acuerdo de al menos tres formaciones para alcanzar la gobernabilidad.

No es un empeño fácil, pero tampoco ha sido pequeño el esfuerzo de la ciudadanía, que se ha rebelado ante una decadencia insoportable, de la que el establishment es por completo responsable. La respuesta decente y adecuada de los políticos a esta inquietud de la sociedad civil sería acatar el mandato recibido de las urnas, aunque para ello hayan de resignarse muchos egos y someterse las desaforadas ambiciones de quienes alardean de espíritu de servicio.

Antonio Papell
Director de Analytiks

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1 Comentario

  1. No tengo claro que sea negativo volver a votar. Por dos razones. 1. Los partidos están mostrando escasa capacidad de negociación, lo que es lógico porque están partiendo de posiciones maximalistas imposibles de conciliar. Verse obligados a ir a elecciones llevará a alguno a ser más pragmático y también dará a los ciudadanos nuevos datos sobre el comportamiento y forma de hacer política del partido al que votó. 2. Los programas que han presentado los partidos (los que se parecen a programas de gobierno) son manifiestamente mejorables, cabe la posibilidad de que alguno caiga en la cuenta de que debe mejorarlo y hacer un documento más realista. Si se leen someramente parecen documentos escritos por diletantes, burócratas o académicos. Lo que es posible que sea verdad, encima.
    También es posible que según se acerquen las elecciones en algún partido se levante una fronda que lleve a relevar al líder, cada día que pasa es más improbable, pero a alguno le vendría bien.
    Por suerte, el país tiene suficiente inercia. Es verdad que hay decisiones que no se están tomando, reuniones a las que no se va, y más ruedas de prensa de la cuenta. Pero el proceso de aprendizaje de una nueva élite política también requiere tiempo. Rivera tiene razón en una cosa, es mejor ir a elecciones que tener un mal gobierno. Y el riesgo de un mal gobierno es grande.
    José Antonio Gómez Yáñez.

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