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Urgencia de una reforma constitucional

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Urgencia de una reforma constitucional 1

Santiago Muñoz Machado, catedrático en la Complutense, académico de la Lengua y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio Nacional de Literatura por “Informe sobre España: repensar el Estado o destruirlo”, una de las mejores cabezas de este país, está al frente de un grupo de diez estudiosos, casi todos constitucionalistas, que el lunes pasado presentó un informe de quince páginas titulado Ideas para una reforma de la Constitución. Cinco de los expertos son catalanes (Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Víctor Ferreres y Joaquín Tornos).

El documento se abre con un preámbulo justificativo: se considera “un gravísimo atentado contra la Constitución” la declaración unilateral de independencia en Cataluña, y se califica de “correctas y adecuadas las reacciones del Estado”, tanto por la actuación judicial como por la aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 de la Constitución. “Pero además de la restauración de la legalidad –se añade-, hay que iniciar un diálogo político que permita superar las intentonas independentistas en un marco constitucional y legislativo reformado”.

La prensa ha resumido pedagógicamente el informe en varios apartados:

1.-La reforma es necesaria por claras razones de legitimidad democrática (la mejor manera de defender la Constitución es reformarla a tiempo), y sólo son necesarios los consensos que la propia Constitución exige para su reforma en el Título X (dos tercios y tres quintos).

2.-No se trata de abrir un proceso constituyente, sino de reformar la Carta Magna de 1978 concretando los temas y respetando sus valores.

3.-Hay que remodelar con urgencia el sistema de organización territorial. Para ello, hay que acometer una “profunda transformación” de la naturaleza de los estatutos de autonomía en constituciones territoriales, subordinadas a la Constitución federal pero sin la condición de leyes orgánicas del Estado y, por tanto, sin estar sometidas a las Cortes Generales (aunque, como cualquier norma autonómica, deben sujetarse a la Constitución). Es preciso, además, remodelar “entero” el sistema de competencias, “defectuosísimo” en la actualidad, afinando su reparto al fijar en la Constitución las que corresponden al Estado y dejando las restantes a las autonomías. Y es preciso reconvertir el Senado en cámara territorial, a la manera del Bundesrat alemán, integrado por miembros de los gobiernos autonómicos, lo que serviría para integrar a las comunidades y garantizar su participación en las decisiones del Estado, reduciendo de este modo la conflictividad.

4.-Finalmente, hay que actualizar mediante la reforma algunos notorios desfases singulares: ha de incorporarse al articulado el proceso europeo, se debe adaptar la regulación de la Corona (equiparando los sexos en la línea sucesoria) y es preciso fortalecer los principales derechos sociales.

La iniciativa adoptada por estos diez juristas significa un plausible esfuerzo de razón y de voluntad que debe ser incorporado a la recién creada comisión para la evaluación y modernización del modelo territorial del Congreso de los Diputados. A su vez, esta instancia parlamentaria debería solicitar un documento análogo a representantes ‘senior’ de la clase política –expresidentes del Gobierno, exministros de especial relevancia, etc.- para, finalmente, y bajo el liderazgo de los dirigentes de los principales partidos, redactar una ponencia suficientemente consensuada que sirva de base a la reforma constitucional. Reforma de las llamadas agravadas que debe canalizarse en vía parlamentaria a través de los artículos 167 y 168 CE y que requiere disolver las cámaras tras su aprobación en primera instancia por mayoría cualificada de dos tercios, aprobación en segunda instancia por idéntica mayoría de las nuevas cámaras, y posterior referéndum.

Como bien ha dicho en declaraciones a los medios Muñoz Machado, lo recién acaecido en Cataluña impedirá durante un tiempo prolongado que se le otorgue algún tratamiento singular, aunque fuese legítimo pretenderlo. La simetría, con respeto a las singularidades forales ya establecidas en la Carta Magna, ha de ser la norma ineludible, lo que no impide que todas las comunidades, como los länder alemanes, ganen en comodidad, capacidad de autogobierno y, en definitiva, en felicidad colectiva.

La apertura de una etapa constituyente

La propuesta de Muñoz Machado y los constitucionalistas marca la línea reformista que pretende emprender una amplia mayoría social, y que debería tener en cuenta el célebre dictamen del Consejo de Estado de 2006, presidido entonces por Rubio Llorente, y redactado a requerimiento del Gobierno de Zapatero, ya que el presidente socialista llevaba una moderada reforma constitucional en su programa de 2004 con que llegó a Moncloa.

Pero, como es conocido, otros sectores, se suponía que emergentes, proponen desde posiciones populistas la apertura de un proceso constituyente que haga borrón y cuenta nueva y elabore desde cero una nueva Constitución “con participación ciudadana” (como si la Constitución de 1978 hubiera descendido de los cielos para maravilla de la ciudadanía). De hecho, este fin de semana Podemos debate en Córdoba la apertura de un proceso constituyente con el fin de poner remedio a la crisis catalana.

Podemos, de la mano de su líder, Pablo Iglesias, ha mantenido una actitud ambigua en el conflicto, en el que ha defendido el ‘derecho a decidir’ –sin eufemismos, el derecho de autodeterminación—, aunque con un plebiscito pactado con el Estado, algo sencillamente imposible, y su posición absurda ha sido contestada por sus representantes en Cataluña –Dante Fachín ha aceptado la tesis con tanto entusiasmo que se ha puesto del lado de los secesionistas— como por el sector más transversal, errejonista. Carolina Bascansa, una de las fundadoras de Podemos, politóloga de prestigio, ha criticado la política catalana de Podemos por haber olvidado a España en su discurso. En efecto, le será muy difícil a Iglesias hacerse entender por los electores de los demás territorios después de haber jugado tan exótico papel en Cataluña. “A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas”, reprochó entonces a Iglesias.

Pero Bescansa no se ha parado en esta crítica, sino que ha propuesto unas líneas de reforma constitucional ante la “intensificación de la crisis política catalana” y su “interacción con la crisis territorial” en el resto de España, lo que ha originado la “primera crisis de Estado del siglo XXI español”.

Las líneas de reforma de Bescansa son estas:

En primer lugar, la transformación del Senado en una cámara de representación territorial con “competencia exclusiva” en la “distribución anual de los recursos consagrados a la financiación autonómica, el cálculo del cupo [vasco] y los fondos de compensación interterritorial.

En segundo lugar, la “delimitación” y “estrechamiento” de las competencias del poder ejecutivo frente a los poderes legislativo y judicial, además de frente a las administraciones autonómicas y locales del Estado. Así, dejaría de ser competencia del Gobierno proponer al Senado la aplicación del artículo 155 -esta responsabilidad se trasladaría al Congreso-. Tampoco lo sería el nombramiento del fiscal general del Estado, cuya elección correspondería al Parlamento mediante un sistema de mayorías reforzadas. El Ejecutivo tampoco podría intervenir las administraciones locales “cuando estas logren superávit en sus cuentas públicas”. Además, el presidente del Gobierno se elegiría mediante elección directa a través de sufragio universal en dos vueltas y con una circunscripción única estatal.

Finalmente, Bescansa es partidaria de renovar la legitimidad del marco constitucional a través de un referéndum (que podría ser el del Título X C.E.) y si alguno de los “entes federados” rechazase esta reforma, se arbitraría un modo de convocar un referéndum de autodeterminación que diera paso a la independencia.

Es obvio que el grueso de los constitucionalistas no aceptaría esta última pata de la reforma de Bescansa –“ningún Estado puede suicidarse”, ha señalado Muñoz Machado—, pero lo evidente es que el sector de Podemos por ella representada ya no exige un proceso constituyente sino una reforma constitucional. No cabría, en fin, el debate de propuestas bolivarianas o populistas de parecido pelaje, ni la “modernización” del Estado pasa inexorablemente, a juicio de un sector de la izquierda alternativa, por el advenimiento de un régimen republicano.

Lo cierto, con todos estos elementos a la vista, es que resulta oportuno y necesario proceder a la reforma a fondo del sistema para infundiré renovada vitalidad y conferirle tres o cuatro décadas más de vigencia incuestionada. El PP, que ya se negó en redondo a una reforma constitucional tras la abdicación de Juan Carlos que quizá hubiera evitado el delirio catalán, tendría que acopiar arrestos para prestarse ahora con valentía a la reforma. Porque, en el fondo, suya es la decisión. Con la particularidad de que si se encastilla en la inmovilidad, puede llevarse la sorpresa de ver cómo un centro derecha más moderno y audaz, el de Ciudadanos, se hace definitivamente con el santo y la seña.

 

Antonio Papell
Director de Analytiks

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